Dos voces, una causa: Pedro y Alonso Pérez Díaz en la regeneración política de La Palma
Hay biografías que pueden escribirse aisladamente y otras que, aun conservando cada protagonista una personalidad propia, se comprenden mejor cuando se contemplan juntas. Es el caso de los hermanos Pedro Pérez Díaz (Villa de Mazo, 1865-Madrid, 1930) y Alonso Pérez Díaz (Villa de Mazo, 1876-Las Palmas de Gran Canaria, 1941), dos de las figuras más sobresalientes del republicanismo palmero del primer tercio del siglo XX. Separados por sus trayectorias profesionales, por la distinta intensidad de su presencia pública e incluso por el momento histórico en que cada uno alcanzó mayor protagonismo, los dos hermanos participaron, sin embargo, de una misma causa: la regeneración política, la preocupación social, la educación como instrumento de progreso y la defensa de la autonomía insular.
No resulta extraño que dos hermanos compartan convicciones políticas. Lo que hace singular el caso de los Pérez Díaz es que esa coincidencia terminó proyectándose durante varias décadas sobre algunos de los grandes problemas de Canarias y, particularmente, de La Palma. En cierto modo, donde Pedro elaboró ideas, Alonso encontró después un campo para su aplicación política; donde uno actuó preferentemente desde Madrid, el gabinete, el Consejo de Estado o la prensa, el otro lo hizo desde el Ayuntamiento, la política insular y, finalmente, el Parlamento de la Segunda República. Y ambos procedían, paradójicamente, de un ambiente familiar bastante alejado del republicanismo que terminarían abrazando.
Pedro había nacido en Villa de Mazo el 29 de junio de 1865 y Alonso, once años después, el 11 de junio de 1876. Crecieron en el seno de una familia acomodada y de orientación conservadora. Su padre, Alonso Pérez Sánchez, había sido alcalde del municipio y era correligionario de Pedro Poggio y Álvarez, una de las personalidades políticas con las que, andando el tiempo, Pedro Pérez Díaz llegaría a enfrentarse electoralmente. En aquella ruptura puede encontrarse ya algo más que una simple discrepancia política: la decisión de apartarse del mundo caciquil y de las lealtades tradicionales en el que había transcurrido su primera juventud.
La propia familia constituye, además, un curioso mosaico de las corrientes ideológicas y religiosas que atravesaron la España de aquellos años. Uno de los hermanos, Norberto Pérez Díaz, fue sacerdote; un primo hermano, el médico Juan Pérez Díaz, perteneció a la masonería y fue padre de Blas Pérez González, futuro ministro de la Gobernación durante el franquismo; y entre los descendientes de otra rama familiar se encontraba el jesuita Manuel Morales Pérez, fundador de los Cruzados de Santa María. Republicanismo, catolicismo, masonería y, finalmente, franquismo llegaron así a convivir dentro de un mismo entramado familiar. Pero para comprender políticamente a Pedro y Alonso hay que abandonar por un momento La Palma y trasladarse al Madrid del cambio de siglo.
Pedro Pérez Díaz se integró tempranamente en los ambientes krausistas y republicanos de la capital. Su proximidad a Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate no fue episódica. Frecuentó las tertulias que Salmerón celebraba en su casa y entró en contacto con algunas de las grandes figuras intelectuales de aquel tiempo. Su matrimonio con Catalina Salmerón terminó por introducirlo plenamente en aquel círculo familiar e intelectual en el que política, educación y ética aparecían estrechamente relacionadas.
Por Madrid pasó también Alonso. Entre 1895 y 1904 permaneció en la capital, primero como estudiante y después durante los años inmediatamente posteriores a la terminación de su carrera. Aquella convivencia con Pedro debió de resultar decisiva. Alonso no desarrollaría la misma trayectoria intelectual que su hermano ni alcanzaría su presencia en los círculos académicos madrileños, pero vivió de cerca aquel republicanismo de raíz krausista que entendía la política no simplemente como la conquista del poder, sino también como un ejercicio de responsabilidad cívica.
Esa matriz común ayuda a explicar que la preocupación de ambos hermanos por La Palma rebasara pronto las cuestiones meramente partidistas. Educación, derechos sociales, regeneración de las instituciones y autonomía insular aparecen una y otra vez en sus respectivas trayectorias.
Pedro fue, ante todo, el gran formulador. Desde los primeros años del siglo XX entendió que la peculiar realidad geográfica y política de Canarias exigía superar un modelo administrativo excesivamente centralizado. Ya en 1906 planteaba la necesidad de unos organismos insulares de autogobierno, idea que desarrollaría después en La cuestión regional y la autonomía, publicada en 1908, y especialmente en El problema canario, de 1910. La cuestión no era menor. Canarias arrastraba desde el siglo XIX una organización territorial conflictiva, dominada por el pleito entre las dos islas centrales y por una estructura provincial que dejaba a las islas periféricas en una posición subordinada. Para Pedro Pérez Díaz, la autonomía insular no constituía una simple fórmula administrativa. Era, en buena medida, un problema de equidad: acercar la decisión política a cada isla y dotarla de instrumentos propios para la defensa de sus intereses.
Alonso haría suya aquella concepción. En 1911, durante la Asamblea tinerfeña, reclamó nada menos que «desprovinciar» Canarias. Dos décadas después, cuando llegó a las Cortes de la Segunda República, tuvo ocasión de intervenir directamente en la configuración constitucional de los cabildos, defendiendo tanto su carácter necesario como su composición democrática mediante sufragio universal.
Entre ambos momentos existe una continuidad difícil de ignorar. Pedro había contribuido a formular intelectualmente la autonomía insular antes incluso de la creación de los cabildos en 1912; Alonso participaría años después en su consolidación dentro del nuevo orden constitucional republicano. Uno actuó principalmente desde la reflexión jurídica y política; el otro, llegado el momento, desde el escaño parlamentario. No fue la autonomía, sin embargo, el único terreno común.
Pedro Pérez Díaz mostró también una temprana preocupación por la cuestión social. Sus reflexiones sobre el socialismo democrático europeo y, particularmente, trabajos como El socialismo, de 1910, o El contrato de trabajo y la cuestión social, de 1917, lo sitúan entre quienes entendieron con bastante anticipación que la nueva sociedad industrial exigía una intervención pública capaz de corregir sus desequilibrios y establecer una protección jurídica del trabajador. No abrazó por ello un socialismo partidista ni revolucionario. Su posición volvió a responder a esa concepción ética y reformadora del republicanismo que había aprendido en el entorno krausista.
Esa sensibilidad estuvo igualmente presente en Alonso. La defensa de la educación pública, la atención a los problemas laborales y la preocupación por las necesidades materiales de La Palma acompañaron su acción política. Si Pedro había actuado durante años como una especie de representante oficioso de los intereses palmeros en Madrid, Alonso terminaría haciéndolo desde responsabilidades directamente políticas.
La labor de Pedro en la capital resulta especialmente significativa porque nunca necesitó ocupar un escaño para ejercer influencia. Desde su posición profesional y mediante una extensa red de relaciones consiguió intervenir en asuntos tan diferentes como el juzgado de Los Llanos de Aridane, la creación de un segundo distrito electoral, la Escuela de Artes y Oficios, determinadas infraestructuras educativas o las reivindicaciones de los obreros tabaqueros. Era, en cierta forma, un diputado sin acta, un intermediario al que se acudía desde La Palma para abrir puertas en los ministerios y centros de decisión madrileños.
No se trataba, además, de un personaje marginal en aquellos ambientes. Como letrado mayor del Consejo de Estado disfrutó de un considerable prestigio profesional. Ortega y Gasset llegó a definirlo como un «aristócrata de la burocracia», mientras que Antonio Maura recurría al expresivo In manibus bonis est cuando sabía que determinado expediente se encontraba en sus manos. Formó parte asimismo de la junta directiva del Ateneo de Madrid junto a personalidades como Rafael María de Labra, Antonio Royo Villanova o Manuel Azaña y participó en instituciones como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer o la Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Alonso tuvo, por su parte, una relación mucho más directa con la política activa. Fue alcalde de Santa Cruz de La Palma durante la dictadura de Primo de Rivera y acabó siendo apartado del cargo porque sus adversarios le reprochaban, precisamente, que hiciera política desde el Ayuntamiento. Con la llegada de la Segunda República sería elegido diputado en dos legislaturas por el Partido Republicano Palmero.
Desde las Cortes defendió algunas de las grandes aspiraciones que durante años habían ocupado al republicanismo insular. Entre ellas, junto a la consolidación constitucional de los cabildos, destacó la creación en 1932 del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de La Palma, una vieja reivindicación de extraordinaria importancia en una isla donde el acceso a los estudios superiores obligaba todavía a muchas familias a afrontar desplazamientos y gastos difícilmente asumibles.
Hubo, además, un espacio donde los dos hermanos llegaron a encontrarse públicamente: la prensa. Antes habían estado Germinal o El Pueblo, pero fue especialmente el Diario de La Palma, entre 1912 y 1917, el que sirvió de tribuna a aquel republicanismo compartido. Alonso, como director y redactor, imprimió al periódico una orientación comprometida con la autonomía, la educación y la reforma política y social. Pedro colaboró desde Madrid con artículos sobre el problema canario, el caciquismo o la necesidad de regenerar las instituciones. La prensa cumplía entonces una función que iba mucho más allá de la transmisión de noticias. Era espacio de formación política, de discusión pública y de creación de ciudadanía. En una sociedad insular todavía marcada por las redes clientelares y por enormes dificultades de comunicación con los centros de poder, el periódico podía convertirse en instrumento de combate político y, al mismo tiempo, de pedagogía cívica. En aquel terreno volvieron a encontrarse las dos voces de los Pérez Díaz.
La trayectoria de ambos terminó, sin embargo, de manera muy diferente. Pedro falleció en Madrid el 26 de marzo de 1930, apenas un año antes de la proclamación de la Segunda República. No llegó, por tanto, a contemplar el nuevo régimen político al que buena parte de su pensamiento y de su trayectoria pública parecía haber anticipado. Alonso sí hubo de vivir la República, la Guerra Civil y la posterior represión.
Republicano y masón, aunque no perteneció al Frente Popular, Alonso fue encarcelado después de la Guerra Civil. Enfermo en la prisión de Las Palmas, falleció en aquella ciudad el 17 de octubre de 1941, a los sesenta y cinco años. La circunstancia de que su sobrino Blas Pérez González, que comenzaba entonces su ascenso dentro del nuevo régimen y llegaría poco después al Ministerio de la Gobernación, no interviniera para conseguir su liberación ha permanecido en la memoria insular como el episodio más doloroso de una familia fracturada por la política.
También la masonería formó parte de aquel mundo. Alonso perteneció a una logia palmera; Pedro, por el contrario, no parece haber sido masón, como tampoco lo fue Nicolás Salmerón. Pero numerosos familiares y personas de su entorno inmediato sí pertenecieron a la institución: su hermano Alonso, su primo Juan Pérez Díaz, su amigo Luis Felipe Gómez Wangüemert, su cuñado José Salmerón García o su propia hija María Luisa Pérez Salmerón. Más que convertir esta circunstancia en explicación única de unas convicciones mucho más complejas, interesa observar hasta qué punto aquel entorno compartía valores como la libertad de conciencia, la educación y la confianza en el progreso moral de la sociedad.
Contempladas con la perspectiva que proporciona el tiempo, las vidas de Pedro y Alonso Pérez Díaz aparecen así como dos trayectorias diferentes que confluyeron en una misma preocupación por la modernización política y social de La Palma. Pedro aportó sobre todo la construcción intelectual, la reflexión jurídica y una extraordinaria capacidad de mediación desde Madrid. Alonso trasladó buena parte de aquella herencia al terreno de la política municipal, insular y parlamentaria.
Uno pensó tempranamente unos cabildos capaces de otorgar a cada isla instrumentos propios de gobierno; el otro contribuyó a garantizar, ya durante la Segunda República, su existencia y legitimidad democrática. Uno reflexionó sobre la cuestión social y los derechos de los trabajadores; el otro defendió desde la política la educación pública y las necesidades de una isla que continuaba padeciendo las consecuencias de su periferia. Y ambos encontraron en la prensa un lugar desde el que combatir el caciquismo y estimular una ciudadanía más consciente de sus derechos.
Dos voces, en definitiva, pero una causa prolongada a lo largo de varias décadas. Una causa que ayuda a explicar no solo una parte sustancial del republicanismo palmero, sino también algunos de los principales avances políticos e institucionales experimentados por Canarias durante el primer tercio del siglo XX.