Drago La Palma trasladó al Congreso de los Diputados las urgencias sociales y territoriales que desde la formación se entiende que “no han sido recogidas en el Real Decreto-ley 13/2025 por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas”, indica en una nota de prensa.
Lo hizo, se explica en la nota, durante el debate de convalidación del Real Decreto-ley, que tuvo lugar este jueves, 11 de diciembre, a través del diputado Vicenç Vidal Matas —Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar—, quien trasladó al Pleno las consideraciones remitidas por Drago La Palma, que respalda la convalidación del decreto pero alerta de que, cuatro años después de la erupción, las urgencias principales de la población siguen sin respuesta.
En palabras de la portavoz de Drago La Palma, Sara Hernández, “el decreto afirma que busca culminar la reconstrucción, pero la realidad es que ni la vivienda, ni la planificación territorial, ni la equidad social, ni la protección del nuevo paisaje volcánico, ni la salud mental están garantizadas. Hablar de reconstrucción concluida es sencillamente falso”.
La vivienda: la emergencia que el decreto sigue sin abordar
Drago La Palma denuncia que “el Real Decreto-ley no incorpora ninguna medida habitacional, a pesar de que la crisis de vivienda es el núcleo del sufrimiento cotidiano de cientos de familias. Persisten alojamientos temporales prolongados, retornos a zonas restringidas por gases por no poder pagar un alquiler y una precariedad residencial cada vez más profunda”.
“La vivienda digna es el primer espacio de seguridad y protección social, sin resolver esto, ninguna reconstrucción será real”, subraya Hernández, recordando que “casi un tercio de las personas detectadas en exclusión residencial extrema por Cáritas son afectadas directas del volcán”.
El Plan Especial de Vivienda impulsado por el Cabildo, además, se añade en la nota, “no tiene un cronograma claro y no prioriza a quienes más lo necesitan”. Por ello, desde Drago La Palma se reclama “impulso y cofinanciación estatal, con mecanismos ejecutivos que garanticen soluciones rápidas, dignas y permanentes para las familias desplazadas”.
IRPF: una medida que no ha llegado a quienes más lo necesitan
Drago La Palma recuerda que la deducción del 60 % del IRPF, diseñada para aplicarse en mensualidades y reactivar la economía, se está aplicando como un único pago anual. Su impacto “es mínimo y, sobre todo, profundamente desigual”.
“La medida del IRPF no llega a las personas más vulnerables porque no tributan o tributan muy poco, justo quienes vivían al día antes de la erupción son quienes están quedando fuera del llamado escudo económico”, explica Hernández.
Desde Drago La Palma se defiende que “esta deducción debe ser progresiva por renta y complementarse con un Fondo de Ayuda Directa para las personas más vulnerables a las que la medida del IRPF no llega, destinado a cubrir alquiler, suministros básicos y transporte mientras dure la emergencia socia”l.
El sector primario no funciona con tiempos burocráticos
El Real Decreto-ley prorroga por seis meses la moratoria de préstamos y créditos vinculados al volcán. Para Drago La Palma, esta ampliación es totalmente insuficiente.
“El sector primario no se rige por tiempos burocráticos, una finca no vuelve a producir porque lo diga un BOE; seis meses no permiten recuperar ni cultivos ni ingresos, es una moratoria diseñada desde un despacho, no desde la realidad agrícola”, afirma Hernández.
Drago La Palma “vuelve a pedir que la moratoria se extienda hasta que la actividad económica se recupere, vinculada a producción real, y que se condonen las deudas de bienes destruidos —maquinaria, vehículos, instalaciones— que algunos autónomos siguen pagando pese a haber desaparecido bajo las colada”s.
“No hay plan”
Agrega que “aunque el Real Decreto-ley reconoce la importancia del patrimonio natural, la reconstrucción avanza sin criterios claros de ordenación, lo que está provocando impactos graves en el nuevo territorio creado por la erupción. La proliferación de edificaciones dispersas sin saneamiento, agua o electricidad, permitidas por la falta de planificación, está generando asentamientos aislados, insostenibles y profundamente desiguales, al tiempo que fragmenta un paisaje volcánico de enorme valor científico y turístico”.
“No hay plan, estamos viendo cómo se construyen edificaciones dispersas sin criterio, mientras se destruye o se deja sin protección efectiva un patrimonio volcánico de valor comparable al Parque Nacional de Timanfaya y, al mismo tiempo, cientos de familias —muchas de las que vivían en la zona cero del volcán— siguen viviendo con una incertidumbre insoportable, sin saber si podrán volver a sus terrenos, reconstruir sus vidas o si sus pérdidas simplemente valdrán menos que una visita turística», indica Hernández.
Por ello, desde Drago La Palma “se considera imprescindible que el Estado y el Gobierno de Canarias definan de forma clara y definitiva las zonas que serán espacio natural protegido, con criterios públicos y con participación de la ciudadanía afectada. Solo así podrá garantizarse simultáneamente la conservación del nuevo territorio volcánico y la seguridad jurídica de las familias cuyo futuro depende de esas decisiones”.
Salud mental
En la nora se apuntq que “pese a los fondos asignados para nuevas infraestructuras, no existe un plan público integral de atención psicosocial. No hay garantía de personal suficiente, seguimiento continuado ni equipos comunitarios que lleguen a los barrios y alojamientos temporales”.
“La crisis emocional es profunda y sigue abierta, quien ha perdido su casa, su arraigo o su sustento necesita acompañamiento real; sin atender la salud mental, la reconstrucción se queda en fachada”, asegura la portavoz de Drago La Palma.
Desde Drago La Palma se propone “un Programa Integral de Salud Mental Comunitaria, con profesionales específicos, atención psicológica gratuita y equipos móviles que acompañen a la población afectada en su vida cotidiana”.
“No se puede dar la reconstrucción por concluida”
Para Drago La Palma, el Real Decreto-ley contiene “elementos útiles, pero no responde a los problemas estructurales de fondo”.
“Mientras haya familias sin vivienda, agricultores endeudados por bienes que ya no existen, un territorio sin plan y una crisis emocional sin atender, no se puede dar la reconstrucción por concluida. La realidad está muy lejos de ese relato”, concluye Hernández.