El Ministerio del Interior ha rechazado la petición del Gobierno de Canarias de incluir organizaciones especializadas en infancia durante la filiación de migrantes llegados en pateras y cayucos a las Islas. La Consejería de Derechos Sociales lanzó esta petición para mejorar la identificación de menores y así evitar la convivencia de niños y adultos en los centros para menores no acompañados mientras esperan el resultado de las pruebas de determinación de edad. En el Archipiélago, 1.743 personas acogidas en estos recursos siguen pendientes de un test que establezca que son menores de edad. Un 68% de los 2.534 migrantes tutelados por la comunidad autónoma.
Interior no ha autorizado el acceso a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) a Save The Children, la ONG propuesta por el Ejecutivo autonómico. El Ministerio, en una carta a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, ha justificado su decisión con la pandemia, apelando a la necesidad de “garantizar la salud de las personas que pasan por el centro, los trabajadores y los voluntarios que prestan servicio en el mismo''. ”Elementales razones de prevención y prudencia aconsejan que en estos momentos no se autoricen visitas ni accesos a los mismos“, reza el documento.
Esta misiva, firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, asegura que Interior garantiza la prestación del asesoramiento jurídico necesario a los migrantes a través de diferentes actuaciones en estos centros. También ha remitido a Derechos Sociales a consultar los informes elaborados por el Defensor del Pueblo como resultado de sus labores recientes de monitorización de estos centros.
En cuanto a la identificación de menores, Interior defiende que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados de 2014. “En él participan otros departamentos ministeriales y la propia Fiscalía General del Estado como garante máximo de los derechos de los menores'', apunta la carta.
1.743 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno de Canarias siguen pendientes de una prueba que determine su edad. En esta situación se encuentra un 68% de los 2.534 migrantes que permanecen en la actualidad acogidos en centros del Ejecutivo regional y de los Cabildos. Por ello, el Ejecutivo autonómico ha reiterado la necesidad de que la Fiscalía agilice los decretos de mayoría de edad para evitar la convivencia de adultos y menores en los mismos espacios. Una situación que se ha prolongado durante más de un año.
Según han explicado fuentes de la Consejería de Derechos Sociales a este periódico, hay un total de 250 personas que ya tienen el resultado de su prueba, pero siguen esperando que la Fiscalía ordene su derivación. Otros 16 están pendientes de ser trasladados por la Policía Nacional tras haber sido denunciados, algunos incluso en mas de una ocasión. Esto está ''generando problemas de convivencia en los centros y dificulta la labor de los profesionales, especializados en la intervención con menores, y no con adultos''.
El último caso salió a la luz este martes, cuando un informe elaborado por trabajadores del centro denunció supuestos abusos sexuales a un menor por parte de dos usuarios de un recurso del sur de Gran Canaria. El texto, al que tuvo acceso Canarias Ahora, subrayaba que la víctima se fugó del establecimiento no solo para esquivar estas supuestas violaciones, sino también para evitar las burlas de los compañeros que ridiculizaban su situación. Los trabajadores también advirtieron de que al menos tres menores estaban sufriendo explotación sexual y ejercían la prostitución tanto dentro como fuera del centro.
En este recurso, según fuentes del área de Noemí Santana, todos los usuarios están pendientes de la prueba y, entre ellos, hay migrantes que son ''adultos evidentes''.
El retraso en las pruebas de determinación de edad provoca también dificultades para la escolarización o el inicio de los trámites administrativos para la regularización de los menores. La estrategia que ha seguido Derechos Sociales en los últimos meses ha sido pedir que se priorice a los perfiles más evidentes de adultos para las pruebas óseas. La Consejería envió un listado a la Fiscalía de Extranjería y a la Policía Nacional con estos perfiles.
Del total de menores acogidos por el Gobierno de Canarias, 1.101 son de Marruecos. Le siguen Mali (637), Senegal (314), Gambia (52), Costa de Marfil (14), Guinea Conakry (37), Guinea Bissau (22), Mauritania (6), Ghana (3), Camerún (1), Sierra Leona (2) y Niger (1). En los últimos meses, 108 han sido derivados a otras comunidades autónomas. 25 han sido reubicados en Castilla y León, 25 en Extremadura, 15 en Navarra y 43 en Cataluña.
El proceso para determinar la edad de un supuesto menor comienza con la actuación de la Fiscalía, que solicita a Sanidad la realización de las pruebas óseas. Después, las personas citadas son trasladadas por la Policía Nacional hasta el centro hospitalario. La prueba se traslada bajo custodia al Instituto de Medicina Legal que emite un informe que remite posteriormente a la Fiscalía para que emita un decreto de determinación de edad.
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