El Congreso rechaza revocar la autorización para dialogar con ETA
El pleno del Congreso rechazó este martes por cuarta vez desde que ETA rompió el alto el fuego, la petición del PP de que se revoque la resolución de mayo de 2005 que autoriza al Gobierno a dialogar con la banda terrorista en ausencia de violencia.
La proposición no de ley, rechazada con los votos de todos los grupos parlamentarios salvo el PP, instaba también al Gobierno a iniciar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) después de que ninguna de las dos fuerzas condenaran el último atentado de ETA.
La iniciativa pedía asimismo que se declaren imprescriptibles los delitos de terrorismo.
En defensa de la propuesta, el portavoz de Justicia y Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, ha invitado al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios a “pasar de las palabras a los hechos” y a cerrar “para siempre” la puerta a una futura negociación con ETA.
Para Astarloa, esta era la “ultima oportunidad” para que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, rectificara una legislatura “tan poco sensata” y para enviar un mensaje claro a los terroristas: que “gane quien gane” las próximas elecciones generales no habrá negociación posible con la banda. “Ir a unas elecciones manteniendo esa puerta abierta, sería el peor balance de esta legislatura”, ha alertado.
En este sentido, el portavoz popular ha advertido de que “la derrota de ETA” reclamada en las manifestaciones unitarias de la semana pasada no puede acabar siendo una “expresión retórica o vacía” para “salir del paso” después del último atentado de ETA que costó la vida a dos guardias civiles.
“Totum revolution” a manera de “traca final”
En contra de la iniciativa, el diputado socialista Juan Luis Rascón ha calificado la propuesta del PP de “totum revolutum” a modo de “traca final” de la legislatura y ha lamentado que el partido liderado por Mariano Rajoy siga alimentando “la confrontación entre demócratas” con fines meramente electoralistas.
El parlamentario socialista ha recalcado que el PP “no ha querido cuentas con los demócratas” en materia antiterrorista durante la actual legislatura, una actitud que es “el peor servicio que se le puede hacer a una sociedad” y la “peor manera de honrar” a las víctimas del terrorismo.
Según el diputado del PSOE, “parece” que la actitud del PP “no tiene remedio” y que el “amago” de los populares de unirse al resto de partidos, después del atentado de ETA en Capbreton (Francia) el pasado 1 de diciembre, “ha quedado en nada”.
El resto de grupos también fueron muy críticos con la propuesta del PP.
Desde las filas de CiU, el diputado Josep María Guinart ha denunciado que el PP, “erre que erre”, presenta iniciativas en el Congreso sobre terrorismo “sin apoyo previo”, que, a su juicio, “sólo pueden explicarse por motivos oportunistas y partidistas”.
Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, también ha criticado la “utilización partidista” de la política antiterrorista, a la vez que ha pedido al Gobierno que no se deje arrastrar por los “extremismos” de los populares.
Durante el debate, la diputada del PNV Margarita Uría ha afirmado que su grupo no es partidario de que se ilegalice a ANV y ha aprovechado su intervención para recordar a las víctimas del atentado de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza hace hoy diez años.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
La parlamentaria de ERC Georgina Oliva ha pedido a los populares que dejen de “hacer el ridículo” con este tipo de iniciativas y ha considerado que el “dialogo es la única vía para la paz”, mientras que Begoña Lasagabaster, de EA, ha señalado que para el PP “sólo existe unidad” en materia antiterrorista “si el resto de la Cámara” se pliega a sus “posiciones”.
En esta línea, el portavoz socialista, Diego López Garrido, se ha mostrado convencido al término del debate de que la unidad en la lucha antiterrorista sigue vigente a pesar de la iniciativa del PP y ha remarcado que lo que precisamente erosiona la unidad es el uso del terrorismo para debilitar al Gobierno.