Un juez de Marbella, suspendido por su presunta implicación en el 'caso Malaya'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó este jueves por unanimidad la suspensión cautelar del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, investigado en el caso Malaya por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Así lo confirmó a los medios de comunicación el portavoz del CGPJ, Enrique López, quien no explicó los hechos concretos que se imputan a De Urquía porque están bajo secreto de sumario, adoptado para tratar de “defender y asegurar” la investigación.

La Comisión Permanente acordó esta decisión tras reunirse por la mañana en una sesión extraordinaria, en la que escuchó al fiscal, quien apoyó la suspensión, y después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) remitiera el auto por el que se abría un procedimiento penal contra este magistrado por presuntos delitos de cohecho y prevaricación en la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Según explicó López, la suspensión se adopta en virtud del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que determina que es causa de suspensión cautelar de un juez “la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, y agregó que el TSJA “sólo se limita a poner en conocimiento del CGPJ el hecho de que se ha aperturado ese procedimiento”.

La ejecución de esta medida, añadió el portavoz del CGPJ, será llevada a efecto por la Presidencia del TSJ de Andalucía, y señaló que las diligencias penales que ahora instruye el magistrado suspendido -instructor entre otros casos de la llamada “operación Hidalgo” contra el blanqueo de capitales- pasarán a un juez sustituto de los juzgados de Marbella o una comisión de servicios. Aclaró que De Urquía no ha sido investigado por su compañero Miguel Ángel Torres, instructor del “caso Malaya”, ya que un juez no puede investigar a otro, sino que al descubrirse indicios de delito -en lo que se llama “hallazgo casual”- éste puso los hechos en conocimiento del TSJA.

Sobre la duración de esta medida cautelar, López apuntó que “dura el tiempo que dure la investigación y el enjuiciamiento, salvo que hubiera una resolución posterior que aconsejara alzar esa suspensión”.

Semejanza con el presidente de la Audiencia de Las Palmas

Según el portavoz del CGPJ, “se ha actuado como siempre, con la celeridad y diligencia que estos casos aconsejan”, lo que, a su juicio, pone de manifiesto que “nuestra justicia asegura de manera absolutamente efectiva y eficaz el principio de igualdad de trato de los ciudadanos ante la ley”.

López explicó que en este caso no se abre un expediente disciplinario al magistrado, a diferencia de lo ocurrido el pasado 20 de junio con una juez de Motril (Granada) que olvidó ordenar la libertad de tres presos, puesto que en esta ocasión se estudia la posible comisión directa de los delitos por parte del juez y con la magistrada hubo una desatención que permitió que se cometiera un delito. En este sentido, añadió que en el caso actual no existe una figura paralela en el ámbito administrativo y, por lo tanto, no se ordena la incoación de un expediente disciplinario “porque no hay unos hechos que lo justifiquen”, aunque dijo que sí se va a ordenar una visita de inspección -medida que se adopta conjuntamente con la apertura de expediente-, pero no precisó la fecha.

Sin embargo, dijo que es un “caso parecido” al del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, que el pasado enero fue suspendido de sus funciones ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias lo investigaba por supuestos favores judiciales. El portavoz del CGPJ hizo una llamada a la sociedad para que tenga confianza en el Poder Judicial porque la comisión de delitos en el sistema judicial español ha sido “excepcional” y añadió: “podemos confiar plenamente en nuestros jueces”.

Con esta medida, De Urquía se convierte en el segundo juez de Marbella suspendido de sus funciones ya que en 1999 la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó la misma medida respecto de la juez Pilar Ramírez, que no se abstuvo de ejercer en esta localidad pese a que su familia tenía intereses económicos en la misma.

La Junta de Andalucía lamenta la suspensión

La Junta de Andalucía lamentó el caso del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, suspendido hoy cautelarmente en sus funciones al ser investigado en el caso Malaya por delitos de prevaricación y cohecho, aunque destacó el funcionamiento del sistema.

La delegada de la Consejería de Justicia en Málaga y magistrada, Aurora Santos, aseguró que no le gusta una noticia así, “como a nadie”, y planteó la “presunción de inocencia por encima de todo”, y prudencia, tras precisar que no conoce el caso a fondo y que cree que esa parte de la causa está secreta.

Sin embargo, resaltó que si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han reunido para tratar este asunto, “en principio es grave, y si han tomado la medida provisional de la suspensión, la han debido tomar con pruebas o indicios suficientes”.

En este sentido, precisó que a veces aunque se abra expediente, no es necesaria la suspensión y se espera a que termine la tramitación del expediente, pero en este caso al tratarse de una causa penal, habrán visto oportuna la medida, tras lo que el expediente queda paralizado porque la cuestión judicial es prioritaria.

Por tanto, añadió que habrá que estar pendientes de la evolución del procedimiento penal y, en función de ello, el expediente proseguirá o se archivará.

Santos, magistrada de profesión, dijo que le “duele especialmente que un compañero de profesión esté implicado presuntamente en un asunto como el caso Malaya, que investiga la trama de corrupción de Marbella, aunque expresó también su satisfacción ”porque se demuestra que, al final, el sistema funciona, se trate de un policía, un arquitecto, un juez o cualquier ciudadano“.

Pidió “tranquilidad y serenidad y espera que el juez del caso lo lleve hasta sus últimas consecuencias, investigue con todas las garantías y lleve el asunto como cualquier otro”.

Sobre el hecho de que con este magistrado sea otro estamento social como los políticos, empresarios o policías los que aparezcan inmersos en el caso Malaya, le produce tristeza, ya que “jueces y magistrados están para perseguir delitos, juzgar y hacer cumplir la ley”, y para ella es “más grave que en una persona que se dedica a otra actividad que no sea la judicial”, al verlo “más alarmante, igual que con abogados o notarios, que tenemos un plus de servicio”.

Explicó que las sustituciones de jueces son automáticas, como en el caso de que uno está de vacaciones, aunque prevé que se nombre a uno sustituto o en comisión de servicio, ya que el juzgado donde estaba el ahora suspendido llevaba casos destacados como la Operación Hidalgo.

El magistrado suspendido estuvo destinado en un juzgado de Vélez-Málaga (Málaga) cuando era juez y al ascender de categoría a final del 2002, paso a Talavera de la Reina (Toledo) y desde allí pidió su traslado a Marbella, donde lleva menos de dos años.