El proyecto de Crucero Banús no se adecuaba a plan urbanístico
MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)
El arquitecto y ex jefe del servicio técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, ha asegurado en el juicio del caso 'Malaya', sobre la presunta corrupción en Marbella (Málaga), que el proyecto de obra para desarrollar Crucero Banús no se adecuaba al plan de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en el municipio ni a la revisión del mismo.
En concreto, ha explicado que el proyecto que se presentaba no se adecua al plan de 1986, ya que “la parcela estaba calificada para uso comercial con una edificabilidad mucho más pequeña que la que venía en este proyecto” y además tenía una parte calificada como zona verde. Asimismo, ha indicado que “tenía deficiencias” con respecto a la revisión en trámite --de 1998--, por lo que tampoco se adecua “con exactitud” a éste.
Según el fiscal, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el ex edil, Pedro Román; el letrado, Juan Hoffman; y el ex comisario, Florencia San Agapito, se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre el que conseguir, con un convenio, el aumento de edificabilidad y la reducción de los aprovechamientos para el Consistorio. La operación la hacen éstos a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.
Merino ha explicado cómo era la forma habitual de tramitación de expedientes relativos a licencia de obra y ha señalado que “por expresa orden de Alcaldía” tenían que informar del proyecto tanto en relación con el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como al texto refundido de la revisión en trámite del PGOU.
Por otro lado, ha afirmado que el equipo redactor le comunicó que se iba a “calificar el terreno de una determinada manera” y que además hay un informe posterior donde “a indicación del alcalde también se analiza el proyecto con respecto a la calificación prometida por el equipo redactor” y donde ya se indica que “se ajusta más al futuro planemiento” aunque, ha precisado que aún así “todavía tenía algún pequeño incumplimiento”.
Por otro lado, a preguntas del abogado del Ayuntamiento de Marbella, ha aseverado que “fue muy alta la influencia de los convenios” en el plan que se estaba redactando, ya que “muchas calificaciones que se otorgaban o que se introdujeron en el plan eran, precisamente, por motivos de convenios firmados”.
A preguntas sobre la modificación de la revisión y declaraciones anteriores suyas de que cuando las licencias solicitadas no se ajustaban ni tan siquiera al plan del 98, lo que la junta de gobierno hacía era modificarlo para que dicha licencia pudiera ser otorgada, en la sesión de este lunes ha precisado que no es que esto se hiciera en todos los proyectos, “pero en muchos casos ocurría” y ha apuntado que esta ocasión “fue un caso típico de ello”.
PERITOS
En la sesión de este lunes también han sido interrogados los peritos que han analizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús, aunque no han terminado de contestar las preguntas de las defensas que han intentado contradecir lo emitido en los informes de éstos.
Para el experto, requerido por una de las partes, el hecho de que la compra o venta de acciones se realice en España “no tiene trascendencia”, ya que como ha explicado hay que diferenciar entre las actividades que realiza la sociedad y la gestión, precisando que “las operaciones mercantiles no es la gestión de la sociedad”. Ha indicado que la gestión abarca cuestiones como dónde reside el administrador o los libros de la sociedad y “no donde invierte” la entidad.
Como lo hiciera en la sesión anterior, ha señalado que la sociedad suiza “existe”, ya que, ha comprado y después ha vendido, aunque, esa operación, a su juicio, es “perfectamente normal”. Por otro lado, ha aclarado que el hecho de que una sociedad utilice fondos ajenos en lugar de propios “es frecuente y habitual” y es un hecho que “no implica irregularidad alguna”.
Por otro lado, los peritos han admitido tener una diferencia con los argumentos del otro experto pedido por una de las partes, aunque han aclarado que esa diferencia no se debe a una interpretación de los hechos sino que “lo difícil es interpretar unos hechos con una norma”.
