''La sentencia abre espacios de impunidad''
El juez Baltasar Garzón ha mostrado este jueves su “rechazo frontal” a la sentencia del Tribunal Supremo que lo inhabilita durante once años por ordenar las escuchas en la trama Gürtel.
En una comunicado, Garzón defiende que el fallo “no se ajusta a derecho” y que la condena es “injusta y predeterminada”. “He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas”, ha recordado el magistrado, quien considera que sus derechos han sido “sistemáticamente violentados” durante el procedimiento, sus peticiones de defensa “desatendidas” y el juicio oral “una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”.
El juez ha argumentado que su actuación en el caso Gürtel “se ajustó a la ley” y que, en el desarrollo del mismo, tomó “todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción”, partiendo de “contundentes indicios” y para evitar “la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados”.
“Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama”, ha añadido.
Para Garzón, la afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa, dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho”, es “una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de la absolución”.
La sentencia, agrega, “no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuidé de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal”.
El juez cree que la sentencia “elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos, abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”.
Garzón ha anunciado que acudirá a las vías legales que correspondan para combatir la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes para “tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.
