El abandono del autogobierno: cuando gobernar es rendirse

En el reciente Debate de la Nacionalidad Canaria (DENC) quedó retratada la verdadera naturaleza del Ejecutivo que padecemos. No se trata sólo de un Gobierno ineficaz, que lo es. No se trata únicamente de un Gobierno de derechas, aunque también lo sea. Se trata de algo más estructural y, a la vez, más imperdonable para quien ostenta la responsabilidad de dirigir los designios de un pueblo: estamos ante un Gobierno que ha renunciado a gobernar. Un Gobierno que ha abandonado el autogobierno como herramienta de transformación social para convertirlo en una mera plataforma de gestión de lo urgente, de excusas permanentes y de transferencia de responsabilidades hacia otros.

Porque el autogobierno, ese que tanto costó conquistar, que se construyó con la lucha y el esfuerzo de generaciones de canarias y canarios; no es un discurso vacío que entonar el Día de Canarias. El autogobierno es la capacidad de decidir sobre lo propio. Es la herramienta que permite que los problemas de esta tierra se resuelvan desde esta tierra, ejerciendo nuestras competencias, con nuestros recursos, nuestras leyes y nuestra voluntad política. Y cuando un gobierno, en lugar de usar esa herramienta, la guarda en el cajón y se dedica a señalar con el dedo hacia fuera, lo que está haciendo es traicionar la esencia misma de la autonomía. 

Porque el autogobierno no es sólo un derecho conquistado. Es también una responsabilidad. Las competencias no están en el Estatuto para decorar discursos. Están para ejercerse.  

La estrategia es tan burda como efectiva para sus intereses: cada vez que la realidad evidencia su fracaso, el Gobierno de Fernando Clavijo activa el manual de la coartada. Si la vivienda se ha convertido en una pesadilla para miles de familias, con los precios disparados y más de 200.000 viviendas vacías, la culpa es del Estado y sus leyes. Si la dependencia acumula más de 2.200 fallecidos mientras esperaban una prestación, la responsabilidad es de los cabildos que no ejecutan el plan sociosanitario. 

Si la violencia machista sigue siendo una lacra que no cesa, la culpa es de la crispación general por la situación internacional. Si el sector primario se hunde, el responsable es Mercosur o la Unión Europea. Si el modelo de desarrollo y el modelo demográfico pide a gritos límites al crecimiento, la culpa es de miles de personas, calificadas de turismofóbicas, que salen a la calle. Para el resto les queda el comodín del anterior Gobierno o de la actual oposición. Siempre hay un culpable lejano, siempre hay una excusa externa, nunca una asunción de responsabilidades propias.

Este ejercicio de permanente externalización de la culpa no es una simple estrategia de comunicación: es una renuncia explícita al ejercicio del poder. Porque gobernar, de verdad, implica asumir que los problemas son tuyos, que las soluciones debes construirlas y que, cuando fracasas, debes rendir cuentas. Pero este Ejecutivo ha optado por el camino fácil: convertirse en una suerte de oficina de reclamaciones que traslada a Madrid, a Bruselas o a las instituciones insulares las demandas ciudadanas, despojándose de su propia capacidad de acción.

Y por supuesto que el autogobierno no significa que no haya que reivindicar lo que nos corresponde en Madrid, en Bruselas o donde haga falta. Pero para luego ejercer y asumir la responsabilidad de afrontar, sin excusas y desde Canarias, nuestros problemas, retos y desafíos. 

La gran propuesta de Clavijo, en este Debate de la Nacionalidad Canaria, fue construir un gran escudo social y económico para abordar nuestros problemas y ante los desafíos que vienen. Ese escudo es lo que denomina Decreto Canarias. Una propuesta interesante que nos permitía, en ausencia de presupuestos estatales, captar los recursos necesarios para Canarias que tendrían que figurar en ellos. 

Pero lo ha pervertido en lo que nosotros llamamos Decreto Clavijo, un programa electoral de Coalición Canaria donde todo cabe, sin límites, cargado de políticas que la gran mayoría son competencias exclusivas de Canarias, pero a quien se le exige es al Estado exclusivamente con dos grandes objetivos. Volver a buscar una nueva confrontación gratuita y estéril y lo que, de verdad nos preocupa a nosotros, desviar la atención de nuestros problemas a un enemigo externo y renunciar al autogobierno.

El gran escudo social y económico para Canarias estaba en los 3.352 millones de euros que dejó sin ejecutar de sus propios presupuestos en estos tres años. Está en los 58,6 millones de euros de fondos europeos que ha devuelto entre 2024 y 2025 y que alcanzará los 500 millones de euros en agosto de 2026 con sus correspondientes intereses.  

El gran escudo social y económico para nuestro sector primario está en no recortarles 12 millones de euros en estos tres años, después de haber incrementado el presupuesto de la comunidad en 2.311 millones. El gran escudo para combatir la pobreza está en desarrollar plenamente la Renta Canaria de Ciudadanía, un instrumento propio, aprobando los complementos de vivienda o educación que permite. 

Un escudo que sólo puede desarrollarse creyendo en la importancia de la educación, llegando al 5% del PIB en inversión como establece la Ley Canaria de Educación y no retrocediendo en sus tres años de gobierno hasta el 4%. Un presidente que se atrevió a afirmar uno de los disparates más lamentables en mucho tiempo en el Parlamento: “llegar al 5% del PIB en educación supondría deprimir la economía”. 

No es serio hablar de un escudo social y económico a través de un decreto que reclama al Estado 20 millones de euros para la I+D+i, cuando aquí ha recortado, en sus propios presupuestos y durante sus tres años de mandato, más de 25 millones de euros en esta área tan estratégica. 

Ese comportamiento tiene consecuencias políticas profundas. Cuando las instituciones que deberían liderar soluciones se limitan a buscar culpables fuera, lo que se erosiona es la confianza de la ciudadanía en la propia política. Esa desafección es el terreno más fértil para el avance del populismo y de quienes quieren debilitar lo público.

Por eso, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista sostenemos que la alternativa no es solo un cambio de políticas, sino una recuperación de la autoestima política de este pueblo. Frente a un Gobierno que se rinde, proponemos un nacionalismo activo, comprometido y sin complejos. Un nacionalismo que no se limita a pedir, sino que asume que los problemas de Canarias se resuelven en Canarias. Que reivindica el máximo desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, el más avanzado que ha tenido nunca Canarias, no como un lujo retórico, sino como la única forma de defendernos de las crisis internacionales, del avance de la ultraderecha y de los intentos de retroceso en derechos fundamentales.

Recuperar el autogobierno significa entender que una familia canaria tiene derecho a una vivienda digna y que es nuestra obligación legislar para garantizarlo, no para excusarnos. Significa establecer límites al turismo cuando el territorio dice basta, no cuando lo permitan los lobbies hoteleros. Significa financiar nuestras universidades públicas para que sean motores de diversificación económica y social, no dejar que proliferen chiringuitos académicos sin calidad.

Significa, en definitiva, gobernar. Asumir el poder que el pueblo canario ha depositado en sus instituciones para mejorar la vida de la gente. Porque gobernar no es ocupar el poder por el poder. Gobernar es mejorar. Y mientras este Ejecutivo siga renunciando a su responsabilidad, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista seguiremos levantando la bandera de un autogobierno útil, valiente y autocentrado.