Alerta azul: DANA judicial

Hace un par de años escribí “Precaución: giro judicial a la derecha” sobre el activismo contra el Gobierno progresista de ciertas élites y en altos estratos de la magistratura: extremo rigor o pura laxitud en la aplicación de la presunción de inocencia, en función del color político de los justiciables (como en el caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez); manejo de los tiempos procesales en pura sincronía con la agenda de la oposición; interpretaciones forzadas de la legislación penal (como en la aplicación del “Sólo Sí es Sí”) desvinculándolas de la finalidad del legislador, del contexto social y alejándolas de las pautas interpretativas establecidas en el Código Civil…

Ahora no siento preocupación sino ALARMA, ALERTA JUDICIAL AZUL. No la íbamos a llamar ALERTA ROJA, digo.Y DANA porque se produce en los niveles altos de la estructura judicial.

Es un hecho público y notorio que no es sino el resultado y la cosecha de una larga y tortuosa provisión de puestos estratégicos en la estructura judicial llevada a cabo discrecionalmente por sucesivos consejos generales del Poder Judicial “secuestrados” por el PP, mediante una vulneración y un fraude constitucional obsceno, convirtiendo en un derecho de veto en sus manos -para impedir una vez tras otra su renovación, una vez agotado su mandato- la mayoría cualificada establecida por la Constitución con la finalidad de promover amplio consenso e integración en la composición del órgano de gobierno de los jueces.

Pura obscenidad de alumnos de los republicanos que desde los tiempos de Reagan, pasito tún tún, han logrado que un Tribunal Supremo de composición mayoritaria militante conservadora acabe avalando las salvajadas de Trump, diametralmente contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución de los Estados Unidos.

Que han sido promovidos a puestos claves en el Tribunal Supremo personajes como Hurtado, que entre sus incuestionables méritos para el ascenso figuraba el de haber emitido un voto particular -como presidente del tribunal que la dictó- contra la sentencia del caso Gürtel argumentando que no quedaba acreditado que el PP se hubiera beneficiado ilícitamente del botín de aquella banda delictiva… y que ahora simplemente ignora los resultados de todas las diligencias de la investigación que desmonten la inquina que profesa, y con la suya la de todo el conservadurismo judicial y fiscal, contra el Fiscal General del Estado.

No me digan que no tiene su aquello que el juez Sánchez Melgar, que ha determinado la mayoría de la Sala de Apelaciones que ha convalidado la pesquisa inquisitorial de Hurtado contra Gacía Ortiz, haya sido el último y efímero Fiscal General del Estado nombrado por Mariano Rajoy en 2017. ¿No creen que la apariencia de imparcialidad, tan relevante en el terreno del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, queda tocada del ala?

Ahora queda pendiente si Hurtado se atreve a suspender al Fiscal General antes de mandarlo al banquillo, sin tener competencias para ello -como él mismo ya reconoció hace casi un año- y saltándose a la torera principios jurídicos tan relevantes como el que impone la prevalencia de la lex specialis o el que prohíbe la aplicación extensiva o analógica de normas restrictivas de derechos.

Yo sólo sé que se siente protegido y con sensación de impunidad después del aval de la Sala de Apelaciones a sus desmanes durante la instrucción, hasta el punto de que le han echado un auténtico quite para librarle de las probables consecuencias jurídicas, en las arenas movedizas de la prevaricación judicial, de la afirmación gratuita (esclarecedora de lo que va todo esto) de que el Fiscal General efectuó la filtración de la que se le acusa “siguiendo instrucciones”de Presidencia del Gobierno.

Reconozco que, a estas alturas, estoy bastante alarmado por cierto andar de la perrita de los responsables de la Fiscalía Anticorrupción. Me sorprende su celo en exigir la prisión provisional de Santos Cerdán, con la justificación de que existe riesgo de destrucción u ocultación de pruebas. ¿Y Montoro tan campante? ¿O es que habiendo más que indiciariamente dirigido una auténtica banda para que determinadas grandes empresas escribieran directamente las leyes fiscales, y por tanto poniendo a sus órdenes el poder legislativo del Estado, a cambio del pago de comisiones al despacho que fundó y dirigió, no existe el menor riesgo de destrucción de pruebas? Nos estamos enterando estos días de las “órdenes verbales” para que los pagos ilícitos se hicieran a “sociedades pantallas” de los compinches de Montoro. ¿Entonces?

Me han indignado los obstáculos infranqueables, y una sanción para rematar la jugada, impuestos por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción a la fiscala García Cerdá que ha impulsado la investigación del caso Montoro para impedirle solicitar la autorización judicial para volcar el contenido del correo electrónico aromero@minhap.com (a. montoro romero, para entendernos) al que se le remitían -parece ser- informaciones fiscales reservadas sobre sus enemigos internos en el PP, sobre Podemos, sobre periodistas díscolos… ¡ah!, casi me olvido: y estoy completamente épaté con la noticia de que se le remitió a Montoro, antes que al juez Ruz que investigaba la Caja B del PP, el Informe -dícese “borrador de informe”- de la Fiscalía Anticorrupción. Para que estuvieran preparados.

A raíz de esta y otras informaciones (y, debo reconocerlo, de algún escrito del segundo de a bordo de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, tan despectivo como falto de argumentos, que he tenido la obligación de estudiarme como acusador popular y que ha sido de plano desestimado por la Audiencia Provincial de Tenerife en el marco del aso Reparos) me está empezando a chechear la sesera, que dirían los argentinos, si la ALERTA AZUL por climatología antigubernamental adversa no habría que extenderla a algunos enclaves del propio Ministerio Fiscal. En realidad, puestos a controlar a la vista o “desde atrás” los órganos del Tribunal Supremo que investigarán y juzgarán la ristra de casos de corrupción del PP, sería una tarea a medias no intentarlo con los de la Fiscalía Especial contra la corrupción y el crimen organizado.

Lo diré siempre: la inmensa mayoría de jueces, juezas, fiscalas y fiscales de nuestro país cumplen solvente y honestamente, y con pleno sometimiento a la Constitución, sus primordiales funciones públicas.