El código postal como destino: la brecha invisible de la infancia canaria
Canarias proyecta al exterior una imagen luminosa, casi idílica. Sin embargo, cuando se observa con atención la realidad de la infancia, esa postal se agrieta. Cuatro de cada diez niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. No es un dato anecdótico ni una mala racha estadística. Es la expresión de una fractura estructural que atraviesa el Archipiélago y que tiene una dimensión especialmente incómoda: la desigualdad territorial.
En Canarias, el código postal pesa demasiado. No solo determina el paisaje que se ve desde la ventana, sino las oportunidades reales a las que se puede acceder. Mientras en las áreas metropolitanas la pobreza se hace visible en la precariedad laboral o en la escalada del precio de la vivienda, en las zonas rurales y en las islas no capitalinas adopta una forma más silenciosa. Es una pobreza de acceso. No siempre se percibe a simple vista, pero limita trayectorias desde la primera infancia.
Para muchas familias de las medianías o de municipios alejados de los grandes núcleos, el problema no es únicamente la renta. Es la distancia. Distancia a un recurso de atención temprana, a un especialista en salud mental infantil o a una escuela infantil pública. Cada necesidad se traduce en desplazamientos largos, costes añadidos y una logística imposible para quienes ya viven en precariedad. Esta doble insularidad, geográfica y social, coloca a la infancia rural en una desventaja estructural difícil de remontar.
La etapa de cero a tres años evidencia con claridad esta brecha. La escasez de plazas públicas fuera de las zonas urbanas no solo complica la conciliación. Condiciona el desarrollo cognitivo, emocional y social. Antes incluso de comenzar la educación obligatoria, muchos niños y niñas ya han acumulado desventajas que nada tienen que ver con su talento o esfuerzo.
Ante esta realidad, las políticas públicas deberían actuar como corrector de desigualdades. Redistribuir recursos, descentralizar servicios, garantizar prestaciones universales por crianza y asegurar alimentación saludable durante todo el año no son extravagancias. Son medidas básicas si se aspira a una mínima cohesión territorial. La singularidad canaria no puede invocarse solo cuando conviene negociar financiación; también obliga a compensar las desventajas internas.
Es aquí donde conviene detenerse, sin demasiada ingenuidad, en la pasión casi creativa con la que determinados gobiernos han cultivado el arte del eslogan. Con Coalición Canaria vivimos el “un solo pueblo”. Ahora, en la nueva temporada de la misma serie, toca “islas iguales”. La constancia es encomiable: cambian las legislaturas, cambian los socios, pero el departamento de marketing permanece firme como un roque. Hay que reconocer que, si la cohesión territorial dependiera del diseño gráfico y de una banda sonora inspiradora, Canarias sería Finlandia.
El problema es que la realidad, tozuda y poco impresionable, no parece haber recibido el briefing. Porque si realmente fuéramos un solo pueblo, no tendríamos mapas de recursos que parecen diseñados desde las capitales con una precisión quirúrgica que siempre deja fuera a las mismas zonas. Y si las islas fueran iguales, el acceso a atención temprana, salud mental infantil o escuelas infantiles públicas no dependería tanto del código postal. A veces da la sensación de que basta con repetir la consigna en rueda de prensa para que las medianías florezcan en servicios por generación espontánea. Como si el territorio obedeciera por saturación semántica.
Luego está la invocación casi litúrgica a “lo nuestro”. Se pronuncia con tal solemnidad que una teme que, en cualquier momento, empiecen a repartir certificados de pureza insular en la puerta del Parlamento. “Lo nuestro” sirve para blindar decisiones, para cerrar filas y, sobre todo, para incomodar a quien ose preguntar por qué las cifras de pobreza infantil siguen encabezando rankings poco honorables. Resulta curioso que reclamar equidad territorial pueda interpretarse como una traición identitaria. Como si defender que la infancia de una isla no capitalina tenga los mismos derechos fuera una extravagancia traída en la maleta desde Wisconsin.
Pero la canariedad no es patrimonio exclusivo de ningún partido ni se activa por repetición de lema. No consiste en apropiarse del territorio en primera persona del plural mientras se gobierna en singular. Si de verdad hablamos de cohesión, habrá que demostrarla donde importa: en la distribución de recursos, en la descentralización efectiva y en presupuestos que compensen desigualdades históricas. Lo demás es retórica con acento local y vocación de pancarta.
Porque una cosa es el orgullo legítimo de pertenencia y otra convertir la identidad en cortina de humo. La infancia no necesita consignas emocionantes ni campañas con estribillo pegadizo. Necesita planificación seria, redistribución real y servicios públicos que no dependan del lugar de nacimiento.
La pobreza infantil en Canarias no es un fenómeno inevitable ni un rasgo folclórico de la insularidad. Es consecuencia de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Mientras se afinan los lemas, miles de niños y niñas siguen esperando que la igualdad abandone el plano simbólico y se instale en su vida cotidiana.
Si aspiramos a un Archipiélago verdaderamente cohesionado, el primer indicador no debería ser la creatividad del eslogan, sino la capacidad de garantizar que nacer en una medianía o en una isla no capitalina no condicione el futuro. Porque la verdadera canariedad se mide en derechos efectivos, no en frases repetidas hasta que suenan convincentes.