Unanimidad en el Parlamento canario para pedir modificar la Ley estatal de Costas

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el “traspaso efectivo” de las competencias en esta materia por parte del Estado.

En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de “obsesionarse con el autogobierno”, lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.

Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, “no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”.

Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.

Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley “no se corresponden a una base científica” ni tienen en cuenta “las circunstancias y características de cada zona”.

Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos “hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo”, y que sus habitantes han pasado “años de calvario judicial” porque “cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso” y a un desgaste personal.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que “saque de la gaveta” la modificación de la Ley de Costas estatal.

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es “una réplica” de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que “no está en la gaveta” sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades “dificulta y ralentiza” el proceso.

El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene “una gran ventaja”, que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es “la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos”.

Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta “puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor”.

Ha abundado en que “no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente”, y ha añadido que Canarias “se merece” que el ejecutivo autonómico “gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas”.

Nogales ha subrayado que “esto no se resolverá con una declaración de intenciones” y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal “pero no se modificó nada de los asentamientos costeros”.

Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal “no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias”.

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su “compromiso con la defensa del autogobierno” al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la “plena asunción de competencias” en la llamada 'agenda canaria'.

La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo “de forma errónea”, y que lo que pide el ejecutivo regional es que “no haya interferencias” por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.

González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, “pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno”.

Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones “si seguimos legislando a miles de kilómetros”, y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los “medios económicos, materiales y humanos necesarios”.

En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que “difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias”, y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.

Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual “hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política”. 

El respeto a las costas en el Gobierno de CC y el PP

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.