Caso Valka

El juez retira el pasaporte a Inmaculada Medina y le prohíbe salir del país tras escuchar su declaración

La autoridad judicial (plaza 2 de Las Palmas de Gran Canaria) que instruye el denominado caso Valka, tras tomar declaración este martes a la exconcejala Inmaculada Medina y escuchar la petición del fiscal y la réplica de las partes, ha acordado imponer a la investigada como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

Así lo han informado este miércoles el departamento de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Según el auto, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el juez basa su decisión en que “la gravedad de los hechos investigados (que presentan, siempre de forma provisional, un carácter continuado y un relevante impacto económico sobre el erario público), unida a la posición institucional que la investigada ha venido ocupando, permite apreciar un riesgo de elusión de la acción de la justicia que, sin ser necesariamente intenso, sí resulta real y digno de prevención”.

Además, considera que “no puede desconocerse que la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse de los hechos investigados comporta consecuencias de entidad suficiente como para generar incentivos de sustraerse al proceso, lo que justifica la adopción de medidas que aseguren su sujeción al mismo”.

A ello añade que “la propia naturaleza de la operativa investigada, desarrollada en el ámbito de la gestión pública y sustentada en la actuación coordinada de distintos intervinientes, aconseja extremar las cautelas para garantizar el adecuado desarrollo de la investigación. La posibilidad de desplazamientos fuera del territorio nacional, en ausencia de medidas de control, podría dificultar la disponibilidad de la investigada para la práctica de diligencias, especialmente en una causa que presenta una notable complejidad y una previsible prolongación en el tiempo”.

Por otro lado, el magistrado señala en el auto que la exconcejal, como responsable de Parques y Jardines entre 2015 y 2022, habría intervenido de forma reiterada en la fase decisoria de varios expedientes de gasto vinculados al suministro de agua, figurando como firmante de todas las facturas emitidas durante años.

Expone que dichas facturas se habrían elaborado sin respaldo en consumos reales, utilizando datos inflados o no verificados y sin lectura de contadores ni control técnico.

“Muy tranquila”

A su salida de los juzgados este martes, la exconcejala de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria afirmó estar “muy tranquila” tras su comparecencia, en la que dijo haber contestado “a todas las preguntas”.

En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Medina de haber facilitado el presunto expolio de más de 400.000 euros a las cuentas del Consistorio en compras de agua para riego realizadas entre los años 2015 y 2022, mediante facturas que supuestamente inflaban los consumos realizados.

Concejal de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante 14 años (2007-2011 y 2015-2025), Medina renunció en noviembre a todos sus cargos y a su acta de edil tras conocerse la querella que había formulado en su contra la Fiscalía.

Como hizo en ese momento, Medina manifestó este martes que dejó la corporación con la “conciencia tranquila” y “mirando de frente a todo el mundo”, porque no tiene “nada que ocultar”.

En cuanto a la relación de amistad que supuestamente tenía con el empresario Felipe Guerra, también imputado en la causa y cuya empresa Guerra Patrimonial presuntamente “inflaba” las facturas de agua, ha señalado que era la “misma relación social” que ha mantenido “con todas las empresas” que han trabajado con el Consistorio “en todos estos años de mandato”.

Además, ha señalado que sus cuentas bancarias no han sido objeto de investigación en la causa.

Medina ha agradecido el hecho de que se haya pospuesto a este martes su citación, que estaba fijada para el pasado mes de marzo, pero se pospuso porque estaba enferma.

En el caso Valka figuran también como imputados el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y el exresponsable de la unidad técnica de ese departamento municipal Sergio González Cuba.

La investigación de esta pieza separada del caso Valka trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos y cuya administradora única es hija de Felipe Guerra.