Los magistrados que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias exponen sus proyectos

Los tres magistrados que aspiran a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han expuesto este miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial sus proyectos basados en disminuir la litigiosidad, en un nuevo modelo organizativo y en el apoyo a los jueces.

El juez decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello Formoso, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Jaime Borrás, y el actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, han expuesto sus proyectos ante el órgano que decidirá su elección.

Avello, la litigiosidad como principal problema de la justicia en Canarias

Juan Avello ha defendido un programa de actuación centrado en la mejora del servicio público de la justicia y la reducción de la litigiosidad en el archipiélago.

Según ha dicho, Canarias es la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad, una situación que, según ha indicado, “afecta no solo a los derechos de los ciudadanos, sino también a la imagen misma de la justicia”.

Ha abogado por la elaboración de protocolos con los colegios de abogados para evitar suspensiones de juicios por coincidencia de señalamientos y, junto a la fiscalía y las audiencias provinciales, la creación de un grupo de trabajo para establecer buenas prácticas en las conformidades previas al juicio oral.

El candidato ha subrayado que “el correcto funcionamiento de la administración de justicia no es solo responsabilidad de los integrantes del poder judicial, sino de todos los operadores jurídicos”, y ha planteado medidas de sensibilización e implicación en este ámbito.

En relación con la organización, ha defendido reforzar la atención a jueces y ciudadanos mediante reuniones periódicas, visitas a los partidos judiciales y la mejora de los sistemas de atención, además de la extensión de protocolos ya existentes en determinados ámbitos.

Asimismo, se ha mostrado partidario de la incorporación de la perspectiva de género en todas las jurisdicciones al señalar que “no es una opción, es un mandato legal”.

Lorenzo reivindica su mandato y apuesta por la continuidad

Por su parte, el actual presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial la gestión realizada durante su mandato y ha apostado por la continuidad como “la opción más adecuada” para la gobernanza del sistema judicial en el archipiélago.

Lorenzo ha aseverado que los “setenta y tres compromisos” asumidos al inicio de su etapa “están cumplidos” y ha destacado el “óptimo funcionamiento de la sala de gobierno”, con reuniones periódicas, implicación de sus integrantes y más de “dos mil ochenta y cinco acuerdos”.

El candidato ha enumerado distintas actuaciones desarrolladas durante su mandato, como la reactivación de la comisión mixta, la renovación de las memorias anuales, la actualización de los portales de transparencia y la implantación del expediente judicial electrónico, así como iniciativas en materia de formación, igualdad y organización territorial.

Entre los logros, ha resaltado la puesta en marcha de los tribunales de instancia, la creación del juzgado de violencia sobre la infancia “pionero y referencia internacional” y la gestión de situaciones como la crisis migratoria, para la que se adoptaron medidas de refuerzo y un proyecto piloto de apoyo a la resolución mediante inteligencia artificial.

Ha planteado propuestas para el próximo mandato, entre ellas consolidar el nuevo modelo organizativo, poner en marcha la comisión autonómica de calidad del servicio público de justicia y promover medidas frente a la sobrecarga de trabajo.

También ha propuesto impulsar un centro permanente de estudios en materia de inmigración y continuar desarrollando la agenda estratégica con refuerzos en los medios personales y materiales.

“La continuidad es la opción más adecuada”, ha manifestado, al tiempo que ha opinado que quien “conoce el territorio” y “ha gestionado situaciones complejas” está “en mejor posición para acompañar el proceso de transformación del sistema judicial”.

Borrás: una presidencia basada en objetivos y apoyo a los jueces en Canarias

Por último, Jaime Borrás ha defendido ante el Consejo General del Poder Judicial un modelo de gestión basado en objetivos concretos, seguimiento de resultados y apoyo a los jueces.

Borrás ha comentado que la presidencia “no puede ser una instancia interpretativa”, sino que debe basarse en “datos concretos” como tiempos de resolución, señalamientos o ejecución, con el fin de detectar desviaciones y actuar sobre ellas.

En este sentido, ha planteado la necesidad de fijar objetivos y participar en la planificación del trabajo, así como en la resolución de conflictos, con una implicación activa de la presidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales.

El candidato ha hecho hincapié también la importancia del apoyo a los jueces y al resto de operadores jurídicos, al indicar que cuando un profesional plantea problemas “hay que apoyarle” y trasladarle que cuenta con el respaldo de la presidencia.

Ha incidido en la necesidad de evitar diferencias relevantes en los tiempos de respuesta entre órganos judiciales y ha reclamado una mayor coherencia en la actuación jurisdiccional en el conjunto del archipiélago.

Asimismo, se ha referido a las particularidades territoriales de Canarias y a las diferencias de medios entre islas, al tiempo que apuntó a problemas organizativos y a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas en algunos casos.