La dependencia reconoce derechos. Canarias todavía obliga a esperarlos

Hay leyes que cambian un país. Y hay leyes que cambian una vida. La Ley de Dependencia consiguió ambas cosas.

Cuando fue aprobada, España dio un paso que muy pocos países habían sido capaces de dar hasta entonces: reconocer que las personas que, por la edad, una enfermedad o una discapacidad, necesitan apoyos para vivir con dignidad no estaban pidiendo un favor.

Estaban ejerciendo un derecho. Y eso lo cambia todo. Porque un derecho no depende de la buena voluntad de nadie. No depende de la suerte. No depende del código postal. No depende de la capacidad económica de una familia.

Depende de que el Estado responda.

Por eso sigo pensando que la Ley de Dependencia es una de las leyes más humanas que ha aprobado nuestra democracia.

No habla únicamente de prestaciones económicas. Habla de dignidad. Habla de autonomía. Habla de igualdad de oportunidades. Habla de la tranquilidad de miles de familias que saben que algún día necesitarán ayuda.

Y ese día llega antes de lo que imaginamos.

Por eso resulta esperanzador comprobar que durante este año el Gobierno de España ha reforzado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incrementando la financiación y ampliando derechos y apoyos para que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno.

Ese es el camino.

Porque una sociedad se mide por la manera en que trata a quienes más apoyo necesitan.

Pero entonces bajo la mirada. Y vuelvo a Canarias. Y la esperanza deja paso a la preocupación.

Es cierto que el Gobierno de Canarias ha impulsado planes de choque, ha incorporado nuevos profesionales, ha reducido parte de las listas de espera y ha agilizado determinados procedimientos.

Sería injusto no reconocer esos avances. Cuando una administración mejora, también hay que decirlo.

Pero reconocer los avances no puede impedirnos mirar de frente la realidad. Y la realidad sigue siendo demasiado dura.

La espera media continúa muy por encima del plazo que marca la propia ley.

Mientras algunos expedientes nuevos comienzan a resolverse con mayor rapidez, miles de personas siguen atrapadas en una lista de espera acumulada durante años.

Y el tiempo, para una persona dependiente, nunca es un dato estadístico. Es vida. Porque detrás de cada expediente hay un nombre. Hay una familia. Hay una enfermedad que continúa avanzando. Hay una persona mayor que cada día pierde un poco más de autonomía.Hay una persona con discapacidad que necesita apoyos para poder desarrollar su proyecto de vida.

Hay un cuidador agotado. Hay hijos que reorganizan su vida para cuidar de sus padres. Hay padres que continúan cuidando de hijos adultos con discapacidad sin saber cuánto tiempo más podrán hacerlo.

Y hay algo todavía más doloroso.

Conozco a muchas familias cuyo mayor miedo no es la discapacidad de su hijo. Es el día en que ellos falten.

Hay padres que no le tienen miedo a la discapacidad de su hijo. Le tienen miedo al día en que ellos ya no estén para seguir cuidándolo.

¿Cómo se le explica a una madre que el mayor miedo de su vida sigue esperando un número de expediente?

También hablo desde mi propia historia.

Yo esperé cerca de dos años para que una prestación que ya me correspondía empezara a hacerse efectiva. Pero lo más duro no fue mi espera.

Lo más duro fue ver cómo mis dos abuelas y un tío fallecieron con la dependencia solicitada, tramitada o prácticamente resuelta, sin llegar nunca a disfrutar del derecho que la ley les reconocía.

Y cuando eso ocurre, uno comprende que ya no estamos hablando de burocracia.

Estamos hablando de tiempo.

Y el tiempo, para una persona dependiente, es el recurso más valioso y el más escaso de todos.

Por eso el dato más duro nunca será el número de expedientes pendientes. El dato más duro es que todavía haya personas que fallecen antes de recibir la ayuda que el propio Estado ya les había reconocido.

La Administración puede permitirse contar expedientes. Las familias contamos sillas vacías alrededor de la mesa.

Especialmente cuando llega la Navidad y ese lugar permanece vacío porque el derecho llegó demasiado tarde.

Esa es la estadística que nunca aparece en los informes. Y, sin embargo, es la que más duele.

No escribo estas líneas para señalar a un gobierno concreto.

La dependencia lleva demasiados años siendo motivo de confrontación política mientras las familias siguen esperando.

Hoy gobiernan unos. Ayer gobernaban otros. Y las listas de espera continúan formando parte de nuestra realidad.

Quizá ha llegado el momento de dejar de discutir quién tiene la culpa para empezar a preguntarnos quién tiene la responsabilidad de resolverlo de una vez.

Porque la Ley de Dependencia no necesita más discursos. Necesita menos espera. Necesita menos burocracia. Necesita más profesionales. Más recursos. Más coordinación.

Y, sobre todo, necesita comprender algo que ningún procedimiento administrativo debería olvidar jamás. La dependencia no espera. Las enfermedades no esperan. La vejez no espera. La discapacidad no espera. La vida tampoco.

Solo esperan las personas.

Y eso debería interpelarnos a todos.

Porque las leyes más importantes no se juzgan por lo bien que están escritas. Se juzgan por las personas que llegan a tiempo a beneficiarse de ellas.

Una sociedad no demuestra su grandeza cuando aprueba una ley. La demuestra cuando consigue que esa ley llegue a tiempo a la vida de quienes ya no pueden seguir esperando.

Y mientras una familia tenga que despedir a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela o a un hijo con un derecho reconocido, pero nunca disfrutado, la dependencia seguirá teniendo una deuda pendiente.

No con los expedientes.

Con las personas.