Torres sugiere al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que ponga en venta el monumento a Franco

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sugerido este jueves al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que ponga a la venta el conocido como monumento a Franco, dadas sus reticencias para retirarlo de la vía pública en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Así se ha expresado el ministro en una entrevista en el programa de Televisión Canaria Buenos Días Canarias, en la que ha ironizado diciendo que tal vez alguien lo quiera comprar y colocarlo en su propio jardín. El ministro ha continuado poniendo como precio los supuestos 45 millones que, según el alcalde de Santa Cruz, vale la obra, añadiendo que así el consistorio tendrá fondos para construir vivienda pública.

Torres ha recordado que dicho monumento, que tiene que ser retirado de la vía pública antes de seis meses, no ha sido considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no puede ser resignificado, como han propuesto diferentes concejales del PP en el Ayuntamiento, socios de Gobierno de Bermúdez.

El Ayuntamiento, gobernado por CC y el PP, lleva años retrasando la aplicación de la Ley de Memoria Democrática bajo diferentes pretextos, una vía que se ha agotado en el momento en el que, este mes de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias acordó rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, de la escultura realizada por Juan de Ávalos y situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

La decisión se adoptó en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC y el PP, en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

Cabe recordar que dicha obra, denominada Monumento a la Victoria pero conocida popularmente como Monumento a Franco, fue inaugurada en 1964 con la finalidad expresa de conmemorar la victoria militar del bando sublevado y perpetuar en el espacio público la memoria de la dictadura franquista. La Comisión Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, considera que el conjunto escultórico y su programa iconográfico presentan la Guerra de España como una “Cruzada” salvadora y exaltan la figura de Francisco Franco y el triunfo del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Se trata, además, de uno de los conjuntos monumentales franquistas de mayor dimensión conservados en España y de uno de los principales hitos de la arquitectura conmemorativa del régimen.

Por todo ello, y habiéndose rechazado por los expertos del Gobierno canario su catalogación como BIC, no cabe otra salida que su retirada de la vía pública, para lo cual el Ayuntamiento dispone de menos de seis meses. Transcurrido ese plazo, si no lo ha retirado, “lo hará el Estado”, como el propio Torres advirtió a comienzos de julio.

El alcalde ha señalado en diversas ocasiones que cumplirá la Ley, pero hasta el momento en el Ayuntamiento no se ha realizado ninguna gestión para iniciar el proceso de retirada de los numerosos vestigios franquistas que aún se aferran a las calles de la ciudad.