El récord turístico, el caos informático y la falta de personal asfixian a la justicia en Canarias

Los tribunales canarios son los más saturados de España (por séptimo año consecutivo), pero también los más eficientes. Es la idea principal que recoge la memoria de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las estadísticas sitúan al Archipiélago como líder nacional en litigiosidad (con 202 pleitos por cada mil habitantes) y a sus órganos judiciales como los más resolutivos (con una media de 395 sentencias por juez al año y un 91% de fallos confirmados por el Supremo, la segunda comunidad con el mejor porcentaje). El balance, difundido este miércoles, vuelve a dibujar un panorama crítico de medios materiales y humanos en la administración de Justicia en las Islas.

El documento advierte de una sobrecarga “extrema”. En la actualidad, 131 órganos judiciales de Canarias, casi tres de cada cinco (59%), superan el 130% del módulo de entrada de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial establece como límite. Es decir, asumen un 30% más del trabajo que, según los parámetros fijados por el órgano de gobierno de los jueces, un tribunal puede resolver en un año sin comprometer el derecho de la ciudadanía a una justicia sin dilaciones indebidas.

Para explicar por qué Canarias encadena siete años como líder en litigiosidad (superando en 48,3 puntos la media nacional y en 35,6 a Madrid, la segunda en el escalafón), la memoria alude a la fuerte dependencia del turismo y del sector servicios en las Islas.

La memoria del TSJC se apoya en los estudios de Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España, que sostiene que la economía es el principal factor, “que no único”, que incide sobre la tasa de litigiosidad de los territorios. En particular, este autor expone que aquellos que se sustentan en el sector servicios y en actividades estrechamente vinculadas al turismo, como la hostelería o las ventas minoristas, son mucho más “pleitistas”.

El documento remarca que las Islas registraron en 2025 un récord de turistas internacionales (más de quince millones), con una estancia media de ocho días. El alto tribunal canario precisa que esto significa que “la población de hecho” sea, al menos, un 10% superior a la censada. Y ese impacto demográfico se traslada a los juzgados. Por ello, insta a tener en cuenta esos números como un “verdadero y fiable referente para dimensionar las necesidades de la Administración de Justicia en Canarias”.

La memoria se detiene en el colapso en la jurisdicción contencioso-administrativa, “sin parangón en el conjunto del estado”. Y lo ejemplifica en la Sección Primera de la Sala con sede en Santa Cruz de Tenerife, que acumula más de 10.000 recursos en trámite, en su inmensa mayoría contra órdenes de devolución y expulsión de personas migrantes. El TSJC señala que, trabajando a su máximo ritmo resolutivo, los magistrados tardarían “casi nueve años” en liquidar todos esos asuntos sin contar las nuevas entradas.

Para intentar paliar esta asfixia ante la falta de recursos en esta jurisdicción, el TSJC ha impulsado una herramienta de inteligencia artificial junto a la Universidad de La Laguna, el proyecto ARDE-J, con el propósito de agilizar asuntos repetitivos en extranjería.

El documento pone además de manifiesto un limbo normativo en materia migratoria. La aparición en la costa de cadáveres sin identificar se rige por un decreto preconstitucional de 1974 que no regula las inhumaciones ni aclara qué administración debe costearlas, por lo que la Presidencia del TSJC promueve la creación de un nuevo protocolo de actuación.

Falta de forenses y psicólogos

La memoria del TSJC también pone el foco en la falta de estabilidad de la plantilla. De los 2.759 funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias (gestores y tramitadores procesales, auxilio judicial y forenses), el 37,2% son interinos. La Sala de Gobierno incide en la alarmante carencia de perfiles especializados, que provoca un retraso “inadmisible” en la emisión de informes periciales. El documento insiste en la necesidad urgente de dotar de médicos forenses al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife o de cubrir las vacantes de psicólogos en los equipos técnicos de menores en la provincia de Las Palmas.

Ante la saturación de la Administración de Justicia en Canarias, la Sala de Gobierno del TSJC considera imperativa la ampliación de la planta judicial y ha solicitado formalmente la creación de 53 nuevos órganos judiciales.

Caos informático

Por otra parte, el TSJC vuelve a poner de relieve “los fallos generalizados” del sistema informático de gestión procesal Atlante. Esta circunstancia, unida a la falta de escáneres operativos y dispositivos de firma biométrica, obligaron al Gobierno de Canarias a declarar una “emergencia digital” el 30 de junio de 2025. En cualquier caso, los problemas persisten, como demuestra el comunicado difundido la semana pasada por el alto tribunal canario sobre una “nueva oleada de incidencias” que habían paralizado la gestión. En respuesta a esta queja, la Consejería de Justicia, que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha anunciado la próxima implementación de medidas para mejorar el rendimiento del sistema.

La memoria advierte de lagunas de ciberseguridad. La Sala de Gobierno alerta de la “imposibilidad técnica” de transmitir de manera segura atestados policiales y diligencias que contienen datos personales “altamente sensibles”, entre ellos los de menores víctimas de delitos sexuales o testigos protegidos.

Ante esta grave vulnerabilidad, el TSJC ha lanzado un requerimiento “prioritario y urgente” al Gobierno regional para implantar un sistema telemático cifrado de extremo a extremo.

Termitas, filtraciones y falta de espacio

La memoria del TSJC también dedica un apartado a las deficiencias en las infraestructuras. La Sala de Gobierno reclama un plan de “mantenimiento urgente” para atajar “problemas estructurales, filtraciones, humedades y falta de insonorización” en los tribunales.

A modo de ejemplo, menciona que los juzgados de San Sebastián de La Gomera tienen humedades, filtraciones y “daños de termitas”. El edificio de Granadilla de Abona (Tenerife) “no reúne requisitos mínimos de seguridad ni dignidad laboral”. Puerto del Rosario (Fuerteventura) sufre “una grave dispersión en tres sedes”, un problema que se ha agravado por el cierre del edificio de la Fiscalía, lo que ha terminado obligando a los profesionales a utilizar las salas de vistas como despacho. Y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) padece “una insuficiencia y falta de adecuación” tan severa que ya afecta a la Fiscalía y compromete la futura ubicación de nuevas plazas.

Sentencias singulares y terapia con perros

El balance de 2025 reserva un espacio para resoluciones judiciales singulares y proyectos de humanización de la Justicia. El TSJC aplaude la consolidación de la terapia asistida con perros en el pionero Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, que lidera el magistrado Tomás Martín. La memoria destaca que este programa ha obtenido resultados muy positivos en la adaptación al entorno judicial y la reducción de la ansiedad de los menores durante sus declaraciones.

En el apartado de resoluciones, hace referencia a la condena por violencia vicaria a un hombre que mató al perro de su pareja tirándolo por un acantilado delante de ella; a la declaración de improcedente del despido de una cajera de supermercado que fue engañada telefónicamente por un estafador que se hizo pasar por su jefe, o a la sentencia que reconoció el derecho de una trabajadora a cambiar su jornada exclusivamente a las mañanas para poder atender a su bebé de cuatro meses y a su abuela con discapacidad.