Prisión para un agente de la Guardia Civil destinado en Tenerife por acceder a datos sensibles de sus exparejas

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un guardia civil por un delito de revelación de secretos tras acceder a datos sensibles de personas de su entorno, entre ellas dos exparejas y familiares, mediante sistemas de información utilizados por los agentes en el ejercicio de sus funciones.

El procesado deberá además indemnizar a ocho personas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, aunque una de ellas renunció a recibir compensación económica.

La sentencia, emitida hace dos semanas, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Audiencia considera probado que el acusado disponía de acceso a varios sistemas de información con datos que afectan a la intimidad de las personas, entre ellos perfiles policiales, señalamientos, antecedentes penales, domicilios o documentación.

El agente habría consultado información relativa a antiguas parejas, sus nuevas relaciones y compañeros de trabajo, incluidos antecedentes penales, causas en las que habían estado involucrados y multas de tráfico.

El procesado estuvo destinado en los puestos de Tacoronte y Radazul y la investigación interna analizó las consultas que realizó durante varios años, hasta que en 2023 estuvo de baja por depresión.

La investigación sacó también a la luz que había consultado las fichas de una veintena de vehículos, lo que llevó a sospechar inicialmente de una posible actividad relacionada con la compraventa de coches debido al elevado número de registros, así como de cuestiones relacionadas con el narcotráfico, extremos que no llegaron a demostrarse.

Los informáticos de la Guardia Civil declararon durante el juicio que las alarmas saltaron al constatar “el elevado número de consultas recurrentes”, especialmente sobre personas del entorno del acusado.

A raíz de ello se llevó a cabo una auditoría interna en la que se revisaron las consultas realizadas durante el periodo investigado y uno de los técnicos que elaboró el informe descartó durante el juicio que el sistema pudiera haber cometido errores.

La defensa incidió en que algunas consultas se realizaron fuera del horario laboral del acusado y una vez finalizado su turno, aunque los mandos explicaron durante el juicio que en ocasiones los agentes permanecen en sus puestos para terminar diligencias.

Las consultas se centraron especialmente en su exesposa, quien lo había denunciado por malos tratos y que durante la vista mostró su sorpresa y malestar porque el acusado continuara vigilándola después de tantos años.

También consultó información sobre el padre, la hermana y la sobrina de su exesposa, con quienes mantenía malas relaciones, así como sobre otras antiguas parejas.

Una de ellas reconoció que en una ocasión le había pedido que comprobara si un coche que iba a comprar tenía alguna multa pendiente, aunque aseguró desconocer que realizar esa consulta fuera ilegal.

Según se expuso durante el juicio, sus relaciones sentimentales terminaron con denuncias por malos tratos y una de sus exparejas aseguró que tuvo que trasladarse a Lanzarote, donde reside actualmente.

Entre las personas cuyos datos fueron consultados figuran asimismo una hermana de una de sus parejas y el propietario de una vivienda que ésta tenía alquilada.