Derechos que se piden por burofax no son derechos

El nuevo decreto de alquileres aprobado el 22 de marzo de 2026 se presenta como una medida de protección. Permite prorrogar los contratos hasta el 31 de diciembre de 2027 y limita la subida del alquiler al 2%. Sobre el papel, suena bien. Pero basta mirar cómo funciona para entender otra cosa muy distinta.

El decreto no congela automáticamente los alquileres, ni baja el precio abusivo de los existentes. Tampoco garantiza de forma directa la continuidad en la vivienda. Obliga a cada inquilina a solicitar la prórroga, incluso mediante burofax o carta certificada, para poder acogerse a ese supuesto derecho. Y ahí está el problema.

Convierte un derecho colectivo en un trámite individual. Y eso, en la práctica, deja fuera a miles de personas.

Porque no todo el mundo sabe que puede hacerlo. No todo el mundo tiene la información, el tiempo o la capacidad. Y no todo el mundo está en condiciones de enfrentarse a su casero o a una inmobiliaria.

Lo que debería ser automático se convierte en una carrera de obstáculos.

Mientras tanto, el llamado escudo social se ha ido debilitando progresivamente. Medidas clave como la suspensión de desahucios han sido recortadas o han decaído, dejando fuera a amplios sectores de la población. Hoy, muchas personas vuelven a estar expuestas a perder su vivienda sin una red de protección efectiva.

El contraste es evidente porque se exige a las inquilinas que activen sus derechos una a una, mientras el mercado del alquiler sigue funcionando sin límites estructurales.

Los precios continúan disparados, impulsados por un modelo que prioriza la rentabilidad frente al derecho a la vivienda. El propio decreto reconoce el problema, pero evita intervenirlo de forma decidida.

Y al mismo tiempo, oculta una realidad aún más profunda que es la falta de vivienda pública y social a precios asequibles. Porque sin un parque suficiente de vivienda pública, no hay forma real de garantizar el acceso a la vivienda ni de equilibrar el mercado.

En lugar de abordar esta carencia estructural, se opta por amortiguar temporalmente sus efectos. En lugar de bajar los precios, se amortiguan sus consecuencias. En lugar de garantizar derechos, se ofrecen mecanismos para defenderse como se pueda.

Y así, lo que se presenta como protección también funciona como una red de estabilidad para los propietarios. Se gana tiempo sin tocar el núcleo del problema.

Pero la vivienda no puede seguir tratándose como un equilibrio entre partes desiguales. No hablamos de contratos entre iguales, sino de una necesidad básica frente a un bien convertido en activo financiero.

Si de verdad se quiere proteger a la gente, las medidas deben ser claras, automáticas y universales. Deben garantizar que nadie pierde su casa por no poder pagar. Y deben intervenir los precios del alquiler para hacerlos accesibles. Y deben ampliar de forma decidida el parque de vivienda pública y social.

Porque cuando un derecho depende de que lo reclames a tiempo, con el procedimiento correcto y frente a quien tiene más poder que tú, deja de ser un derecho. Se convierte en un privilegio.