Las instituciones intentan acotar el servicio urbano de Uber y Cabify en Bilbao y Donostia con sanciones

Las plataformas de VTC -Uber o Cabify- que operan en Euskadi no pueden hacer trayectos urbanos. Sus licencias se conceden exclusivamente para que realicen recorridos interurbanos, de un municipio a otro. Es decir, no pueden coger al cliente en un punto de una ciudad, como Bilbao, y llevarle a otro punto de la misma ciudad. No pueden, pero lo hacen; y ésa es una de las quejas habituales de los taxistas. Si a través de sus aplicaciones de contratación se busca un recorrido urbano, se accede a él sin problema si hay disponibilidad de coches. Las instituciones lo saben e intentan poner coto a las irregularidades mediante sanciones que pueden ir a más.

La polémica que ha arrancado en Bilbao, y en Bizkaia, donde estas plataformas llevan ya tiempo operando, se ha trasladado ahora a Donostia y a Gipuzkoa con el reciente desembarco de Uber en la capital donostiarra. La Diputación Foral de Bizkaia ha impuesto en lo que va de año 56.000 euros en sanciones a VTC tras la detección de servicios urbanos realizados por vehículos. También ha habido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Bilbao. El año pasado el consistorio bilbaíno realizó tres campañas de inspección a taxis y VTC que se saldaron con 21 denuncias por irregularidades a VTC y sólo una a un taxista.

Donostia y Gipuzkoa también quieren acotar el servicio de los Uber dentro de la legalidad y que se sancione a los que lo incumplan y hagan trayectos interurbanos. Y esos trayectos irregulares ya se han detectado en Donostia y también en otros municipios de Gipuzkoa. El problema es que las licencias con las que operan los Uber en Gipuzkoa se han concedido en Bizkaia, ya que las licencias se conceden para la comunidad autónoma. Es decir, una vez que adquirieron la licencia para operar en Bizkaia pueden hacerlo en cualquier municipio de Euskadi. Otra cosa es qué supone que la licencia sea de Bizkaia, a la hora de imponer sanciones.

El Ayuntamiento de Donostia ha enviado un requerimiento a la Diputación de Bizkaia para que determine si es la institución foral vizcaína la que debe “sancionar de oficio” a los VTC que realicen trayectos urbanos e incumplan la ley. Bizkaia está todavía estudiando la situación. En cualquier caso, el departamento foral de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, al margen de las labores de control e inspección periódicas de los registros de viaje de estos VTC, trabajan en coordinación con Ertzaintza y Policías locales para detectar servicios urbanos, prohibidos por la normativa vigente. Es decir, que ese control en Donostia u otros municipios de Gipuzkoa debería pasar también en principio por una coordinación con las Policías Locales.

Precisamente la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apuntado este martes en esa misma dirección. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha señalado en las Juntas Generales que en apenas un mes y medio de actividad, la institución foral ha detectado en el registro del Ministerio de Transportes que “se están dando servicios urbanos”, además de en Donostia, en municipios como Errenteria, Hernani, Usurbil, Irún, Oiartzun, Lasarte-Oria, Lezo o Pasaia. Ha señalado que la Diputación ha ofrecido a esas localidades formar a sus policías municipales para que puedan llevar a cabo inspecciones en la vía pública, “en el marco de sus competencias tal y como se recoge en la Ley orgánica de transportes terrestres”.

Domínguez ha señalado que están en contacto tanto con las diputaciones de Bizkaia y Álava como con el Gobierno vasco y el Ministerio de Transportes, y que se han mantenido distintas conversaciones con el sector del taxi del territorio. “No nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos actuado desde el primer día”, ha indicado. Ha insistido en que están informando a los ayuntamientos de estos trayectos y “ofreciéndoles también la pertinente formación a sus policías locales, y que nuestros inspectores puedan colaborar también en esta inspección con las policías municipales”. A su juicio, “la coordinación y colaboración institucional son fundamentales para poder abordar esta cuestión que se genera en los trayectos urbanos”.

En el caso de Bizkaia, la Diputación ha elaborado un protocolo específico de inspección para VTC, que ha sido distribuido tanto a la Ertzaintza como a todos los ayuntamientos del territorio. Este documento establece qué aspectos deben comprobar los agentes durante las inspecciones y qué administración es competente para tramitar cada tipo de infracción. La difusión de este protocolo ha facilitado la detección de irregularidades y ha contribuido a que durante 2025 se haya producido un incremento de denuncias remitidas por distintas policías locales, especialmente desde municipios como Bilbao o Getxo. “El control del transporte no depende de una sola administración. Requiere coordinación entre la Diputación, las policías locales y la Ertzaintza. Cuando todos los agentes conocen qué deben controlar y cómo hacerlo, la capacidad de supervisión del sistema aumenta”, han señalado desde el departamento vizcaíno de Movilidad. El sistema de coordinación se une a la actividad de inspección del transporte.

Las irregularidades en el funcionamiento de plataformas como Uber o Cabify tiene a los taxistas en pie de guerra. Tanto en Bilbao como en Donostia han protagonizado protestas por lo que consideran “competencia desleal”. En Vitoria también están los taxistas revolucionados por sistema de guardias que quiere imponer el Ayuntamiento para reforzar el servicio, sobre todo en noches de sábados y vísperas de festivos. La concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, del PNV, buscará el apoyo de alguno de los grupos de la oposición -EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin- para sacar adelante la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis. El Ayuntamiento busca una salida ante la negativa que ha dado el sector del taxi de la capital alavesa, en asamblea, al preacuerdo existente sobre la nueva ordenanza.