Gritos contra los docentes

La promulgación de la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857) constituyó un hito porque fue la primera ley educativa de España, cuya finalidad era reducir la alta tasa de analfabetismo que existía en el país. Por primera vez, la clase baja tuvo derecho a aprender lo que por entonces se denominaba como primeras letras. Aun así, el contexto era desfavorable porque estaba dominado por el caciquismo, que precisamente se mostraba contrario a este cambio radical, ya que afectaba a la dependencia de los más pobres frente a los ricos. Estos últimos seguían muy interesados en que esa masa social fuese analfabeta para controlarla con mayor facilidad, es decir, requerían de mano de obra dócil e inculta, que además no pensase ni reclamase nada ante su necesidad de trabajar para sobrevivir. En ese marco nació la enseñanza pública, donde aprender a leer y escribir no fue precisamente un camino de rosas.

Traigo esto a colación porque, casi 170 años después, estamos inmersos en una ola de destrucción continua de esa enseñanza, sobre todo en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. Esto se debe tanto a los continuos cambios en las leyes educativas como al papel que han adquirido las madres y los padres al desvirtuar, cuestionar y vilipendiar el trabajo que realizan los docentes. Esto último hay que frenarlo urgentemente. No debemos permitir que lo que tanto costó para implantar la enseñanza pública y su valor asociado al desarrollo, se convierta ahora en algo choteado por esas madres y padres que han asumido el papel de jueces y verdugos dentro de los centros de enseñanza, utilizando un vocabulario y unas actitudes fuera de lugar.

Paradojas de la vida, hoy en día la clase media-baja desprecia la oportunidad y los beneficios culturales que pueden obtener sus hijos e hijas gracias a la instrucción pública en los niveles de la ESO y el Bachillerato. No valoran suficientemente esta conquista que ha eliminado la barrera de la desigualdad frente a las clases pudientes. Los centros públicos constituyen una pieza fundamental e irreemplazable en una democracia porque garantizan el derecho universal de acceso a la enseñanza, su gratuidad, el conocimiento sin ningún tipo de sesgos y el aprendizaje sin atender a obstáculos socioeconómicos en relación a la procedencia, como tampoco a cuestiones sobre género, nacionalidad y creencias religiosas.    

Día tras día, muchos docentes tienen que soportar las faltas de respeto de un alumnado que participa activamente en esta sociedad violenta, alentado además por sus progenitores. Por eso, ustedes, padres y madres, son culpables directos de que su hijo o hija actúe de esa manera, bajo el desafío, las actitudes déspotas y las vejaciones en los centros donde estudian. Uno y otra tratan de imponer en las aulas lo que les han inculcado en sus hogares, convirtiendo un espacio de aprendizaje plural, democrático y público en su pequeño Estado dictatorial, a base de un lenguaje soez y un talante que ponen en duda la labor de dichos enseñantes, su experiencia y su autoridad. 

En sí mismas, son personas adoctrinadas en sus respectivos ámbitos familiares, donde escuchan e incorporan a su acervo todo tipo de comentarios e improperios surgidos en las conversaciones relativas a cualquier aspecto de la vida pública o privada. Día a día, se alimentan de eso, con lo cual asumen que pueden tratar al resto con su misma vara de medir, expresada en su intolerancia y su comportamiento incívico en las aulas, incluido su indiferencia hacia el propio sistema educativo público.

Ese adoctrinamiento familiar incluye el privilegio de amenazar al profesorado y realizar comentarios racistas y xenófobos en las clases, así como apología del fascismo, conductas que están prohibidas en las instituciones educativas públicas. En otras ocasiones, ya he indicado que la presencia de la extrema derecha en el sistema de representación político español ha supuesto la institucionalización de la violencia. Esto constituye el espejo en el que se miran muchos jóvenes y sus progenitores, alentados por su propia naturaleza vehemente, con lo cual admiten que están legitimados para actuar con ese mismo ensañamiento que defiende esa ideología en cualquier aspecto de sus vidas.

Como todo centro público, en sus aulas no se impone ninguna ideología ni se adoctrina, sino todo lo contrario: a partir de un temario, se invita a la reflexión, el análisis y la crítica constructiva, que se imparte como modelo precisamente de una sociedad democrática.

Ustedes, padres y madres, son el escudo que utilizan su hijo o hija para protegerse cuando lanzan la mierda contra los docentes, cuando acuden a sus brazos llorando para que vayan a plantarles cara porque, presuntamente, los suspenden una vez tras otra. En realidad, no se preocupan por saber cuál es su rendimiento ni menos aún la evolución anual de su actitud. Simplemente, estiman que están en su derecho a desplegar un arsenal de agresividad frente a esos docentes como fórmula para imponer su verdad. 

Un centro público de enseñanza no es un estercolero ni una barriada para ejercer la violencia de manera gratuita. Nos ha costado mucho, muchísimo, llegar a este peldaño de la gratuidad en la educación. Ustedes, padres y madres, no tienen la potestad ni la capacidad para menospreciar al profesorado, auténticos agentes de la socialización. No han sido capaces de transmitirles a sus vástagos los valores y las pautas que ejemplifiquen su crecimiento, basado en el esfuerzo personal, la dedicación y la constancia en los estudios. Tampoco la consideración hacia ese colectivo profesional, que los forman de manera adecuada y progresiva para que adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades bajo una visión plural y de respeto a la diversidad. 

No. Un centro de esas características no contribuirá a alimentar el ego de matones de barrio que aún están en pañales. Su hijo y su hija persiguen, fustigan, hostigan, contradicen y amenazan a aquellos enseñantes que se responsabilizan para que tengan un buen bagaje cultural y se formen con las mejores garantías para afrontar el mercado laboral en un futuro próximo. Esto sucede porque ustedes, padres y madres, los han educado bajo la ley del mínimo esfuerzo, el materialismo y el consumismo, acostumbrándolos así a la vida fácil, hasta el punto incluso de premiarlos con viajes, a pesar de que son unos inútiles y unos vagos, todo ello aderezado con la violencia verbal, de la cual hacen gala y en la cual sí son expertos.      

Con este panorama tan lapidario, las perspectivas presentes y futuras no son nada halagüeñas. Hemos permitido que una profesión tan importante y crucial como es la de docente acabe convertida en otra de riesgo, desposeída además de los amplios beneficios sociales que aporta. La clase-media está destruyendo uno de los logros históricos que aportan libertad y tiene todas las papeletas para volver a esa sociedad de mediados del siglo XIX, abrazando el analfabetismo por voluntad propia. Pero, claro, la culpa de todo siempre es del profesorado.