Denuncian que el Gobierno de Azcón perdona 17 millones de euros a ACS en su centro de datos en La Puebla de Alfindén

Las organizaciones sociales Ecologistas en Acción y No Centros de Datos Aragón y asociaciones de defensa del territorio, entre otras, han presentado alegaciones a la tramitación ambiental y al Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de “implantación de un centro de datos en el término municipal de la Puebla de Alfindén”. Denuncian que el Gobierno de Jorge Azcón utiliza esta herramienta “para priorizar” proyectos de granjas de servidores “totalmente contraproducentes para Aragón, por ser el sector con menor ratio entre creación de empleo y consumo de energía en un contexto de saturación de la red eléctrica”.

Esta iniciativa, que impulsan ACS y Benbros, pretende alcanzar 300 MW de potencia en dos fases, con un consumo potencial de 2.600 Gwh, el 25 % del consumo eléctrico total de Aragón en 2024. Para acomodarse a la media de generación de empleo por megavatio en Aragón, este proyecto debería crear 158.000 empleos pero solo promete 540 entre directos e indirectos. Esta cifra está además claramente sobreestimada, según los alegantes, y ponen como ejemplo que la instalación de Amazon en El Burgo de Ebro, ya en operación, planea alcanzar apenas 60 empleos.

“Vemos cómo, PIGA tras PIGA, los promotores de estos proyectos están definiendo a su medida las normas urbanísticas”, critican, aunque en este caso con una agravante: se construye sobre terreno ya delimitado. Es decir, que ya existía un planeamiento urbanístico definido “que ACS ha modificado según sus necesidades”. El sector fue desarrollado mediante un plan parcial en 2008 y modificado en 2010 y cuenta ya con su delimitación y normas urbanísticas.

Sin embargo, el promotor “adapta” ese planeamiento urbanístico “sin contar con el Ayuntamiento”, una de las competencias que atribuye la figura del PIGA. “Así, aumenta la altura de edificación máxima, reduce las cesiones por aparcamientos o, lo que es más grave, planea nuevas infraestructuras comunes a todo el sector que no estaban planeadas, como un depósito de agua, cuya financiación pretende negociar con el ayuntamiento”, alegan los colectivos sociales. Y lamentan que la Ley de Urbanismo de Aragón permite al Ejecutivo autonómico asumir competencias urbanísticas en los ámbitos PIGA, pero “no existe ley alguna que permita a una empresa privada definir las normas urbanísticas, redelimitar viales e imponer infraestructuras a todo un polígono”.

Costes que asumen las arcas municipales

A esto se suma la “exención fiscal” que permitirá a los promotores, que en el caso del proyecto de La Puebla de Alfindén alcanza los 17 millones de euros solo en ICIO. “El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén requerirá del pago de IBI e IAE durante 61 años para compensar esta exención, que podrían ser de hasta 35 millones si no se tiene en cuenta la bonificación por fomento del empleo”, explican. Y, además, las arcas municipales deberán asumir “la inversión en infraestructuras necesarias” para este proyecto, como suministro de agua, saneamiento, evacuación de pluviales o mantenimiento de la urbanización del sector. Por último, ACS y Benbros se verán asimismo beneficiados con bonificaciones por 742.545 € en IBI, 77.746 € en IAE y 542.197 € de carga urbanística por conexión a vertidos municipales, “esta última de forma claramente ilegal”, denuncian.

Junto a esto, los colectivos trasladan que el Gobierno de Aragón no ha querido atender las “sucesivas alegaciones” en las que alertan de las “graves consecuencias” para la comunidad, “como el acaparamiento del acceso y conexión a una red eléctrica ya saturada, el futuro aumento de la factura de la luz, una mayor necesidad de inversiones públicas en la red de transporte eléctrico, un consumo de agua desproporcionado y concentrado en verano y, sobre todo, mayor implantación de renovables en Aragón”.

Los alegantes plantean dos argumentos más para sostener su postura contraria a la proliferación de centros de datos. Primero, un estudio de la Universidad de Zaragoza que advierte de que la instalación de 8.000 MW de centros de datos –el Ejecutivo autonómico ya ha aprobado 7.000 MW– incrementará la demanda de electricidad de la Comunidad Autónoma entre cinco y quince veces. Lo cual requeriría, según los autores, “que hasta el 37% de la superficie agrícola sea ocupada por parques renovables”.

Por el otro, denuncian que “no hay un estudio agregado” con el conjunto de granjas de servidores, algo “esencial en este caso por situarse tres centros de datos de 1.250 MW conjuntos en un entorno de 3,5 kilómetros”.