Hace mucho el poder

“Hace mucho el poder, mucho se le ha de amar; / al torpe hace discreto, hombre de respetar, / hace correr al cojo, al mudo le hace hablar; / el que no tiene manos bien lo quiere tomar”, podríamos decir, remedando los rotundos versos alejandrinos que dedica el socarrón arcipreste de Hita al dinero, que es el símbolo máximo del poder que podríamos llamar “material” en la Tierra. Todo el mundo sabe que quien tiene el dinero tiene el poder. Así es, sin ninguna duda: el poder material (o sea, la “suprema potestad rectora y coactiva del Estado” (como dice la Academia), o de cualquier otra instancia laboral, cultural, etc., pública o privada“ (añadimos nosotros)), hace ”discretos“ y ”hombres de respetar“, con la admiración de todos, no sólo a los que disponen de capacidad para ejercerlo, sino incluso a los torpes, incompetentes o incapaces; a los cojos o mudos de profesión o de moral. El poder material es capaz de disimular la falta de poder espiritual, sea profesional o ético. Y, si no, que se lo pregunten a los españoles (por poner un ejemplo que nos cae cerca, aunque podríamos poner otros, porque, como es de sobra sabido, en esto de la incompetencia en todos sitios cuecen habas), tan frecuentemente gobernados por gente sin la talla intelectual, profesional, técnica o moral que se requiere para gestionar como Dios manda los delicados asuntos de la Res publica. 

¿No es este el caso del señor Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, y de la señora Salomé Pradas, su consellera de Justicia e Interior con competencias sobre emergencias, que tan negligentemente gestionaron la trágica dana que arrasó su comunidad autónoma en el mes de octubre del trágico 2024? ¿No es este el caso de la señora Rocío Hernández, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que no supo evitar el año pasado los fallos del Sistema Andaluz de Salud en el cribado de cáncer de mama de más de 2.000 mujeres, según estadísticas oficiales, y más de 20.000, según las asociaciones de afectadas? ¿No es este el caso del señor Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del actual Gobierno de España, que no supo evitar los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y otros lugares? 

Y lo más grave de estas negligencias o incompetencias que comentamos, de esta falta de poder espiritual para ejercer el poder material que confieren los cargos que se desempeñan, es que no son gratuitas; que suelen pasar factura; una factura frecuentemente muy cara; una factura en forma de vidas humanas. Así, la factura de la dana de Valencia, tan negligentemente gestionada por el señor Mazón y la señora Pradas, costó nada más y nada menos que 240 vidas humanas. La de los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, que no supo prever la señora Rocío Hernández, la vida de un número de mujeres que no se puede determinar con exactitud, porque es difícil calcular hasta qué punto haya podido influir el retraso del diagnóstico de la enfermedad en la muerte de las mujeres que han perdido la vida desde entonces por cáncer de mama en Andalucía. La de los accidentes de trenes en Adamuz y otros lugares, que no supo evitar el señor Óscar Puente, la vida de 47 personas. ¿Quién les devuelve ahora la vida a estos ciudadanos que un día salieron a trabajar o pasear confiados en que el sistema de emergencias de su comunidad autónoma estaba regido por gente competente, pusieron su salud en manos de un sistema sanitario que creían bien gestionado o decidieron hacer uso de un transporte ferroviario que consideraban seguro? ¿Quién a padres, hijos, esposos y amigos, los hijos, los padres, los esposos y los amigos que perdieron la vida por la incompetencia de aquellos que tenían que haber gestionado bien los servicios que se les habían encomendado? 

Y, si esto es así, ¿por qué sigue pontificando esta gente sobre los asuntos que no supo gestionar, como si no hubiera pasado nada? ¿Por qué sigue creyendo que está por encima del bien y del mal y que no tiene que rendir cuentas? ¿Por qué se resiste a hacer autocrítica? ¿Por qué tiene la desfachatez de alardear de haber gestionado de forma impecable unos servicios que por su falta de competencia se desconcharon? ¿Por qué se resiste a presentar la dimisión, que es exigencia básica en cualquier cargo, sea público o privado, cuando se ha fallado, no tanto para sancionar al que ha cometido la falta o el delito como para impedir que haga más daño? ¿Cuál es la razón de que gente tan manifiestamente incompetente o incapaz para desempeñar su cometido siga suscitando admiración e incluso envidia entre el resto de los ciudadanos? 

Pues pontifica, sigue creyéndose una especie de dios, no hace autocrítica, alardea de perfección, se resiste a dimitir y es admirada entre sus seguidores por el poder que les confieren las instituciones que rigen y las prerrogativas que este implica; el poder que proporciona el ordenamiento jurídico, la policía o el dinero; el poder material, que es una especie de dios o becerro de oro que todo el mundo adora. No se trata de un poder que podríamos definir como “facultad personal que se tiene para ejercer, mandar o ejecutar adecuadamente las funciones del cargo que se tiene encomendado y que se ha aceptado por voluntad propia”, sino del glamuroso poder impersonal que confiere la institución; el poder que definimos más arriba, con ayuda de la Real Academia, como “suprema potestad rectora y coactiva del Estado o cualquier otra instancia”. Hay aquí una especie de disociación entre el poder de la persona, que es espiritual, y el poder del cargo, que es material. Se tiene el poder que otorga el cargo, pero no poder o competencia personal para ejercerlo. 

No, señor Mazón, no, señora Pradas, no, señora Hernández, no, señor Puente, ni el poder que ustedes han tenido ni la admiración que les profesan o han profesado muchos de sus compatriotas se deben a su valía personal, a sus méritos propios. Se deben a las instituciones que gobiernan o han gobernado. No se trata de un poder espiritual o personal, sino de un poder material o institucional. Un poder de azar, que les tocó en la lotería de las elecciones o en las componendas posteriores a ellas. Y la metáfora de que un cargo político es un premio de lotería no es mía. Es de cierto político conservador malagueño de hace ya unos cuantos años, que, cuando se enteró de que había obtenido acta en el Congreso de los Diputados, dijo eufórico a un amigo suyo que le había tocado el gordo en la lotería de la política. Y no es que en los países modernos los políticos incompetentes carezcan de legitimidad democrática. Al fin y al cabo, por el pueblo, que es soberano, han sido elegidos. Es que carecen de legitimidad profesional; de la legitimidad profesional que hay que tener para desempeñar con la eficacia debida el cargo que se ocupa. A esto es a lo que deben de referirse los críticos del sistema cuando dicen, exagerando la nota, que para presentarse a las elecciones debería exigirse a los aspirantes al menos el título de EGB. Hay quienes se preguntan: ¿qué poder es más legítimo: el espiritual o el material o institucional? Unos responden que el espiritual; otros, que el material o institucional. Yo respondo que los dos tienen que ir aparejados, para que las cosas funcionen bien y no se le desgracie la vida a la gente.

Prueba del poco o nulo poder personal de aquellos que desempeñan un cargo sin tener la preparación necesaria para ejercer como es debido el poder que este lleva aparejado es que, cuando se despiden de él y vuelven a los afanes de cada día, lejos ya de los resortes de la maquinaria que les otorgaba poderes de mando, quedan reducidos a su propia nulidad monda y lironda. En efecto, quítenseles a ciertos gobernantes públicos y privados el poder institucional o empresarial de que están investidos y las prebendas que el cargo conlleva (coche oficial, sueldo más o menos suculento, despacho, pompas institucionales, posibilidad de repartir favores, etc.) y nos encontraremos con los cojos o mudos espirituales que siempre fueron, a veces abandonados u olvidados incluso de aquellos que los admiraban cuando estaban en la cresta de la ola; con el desaprensivo que aspira a seguir aprovechándose de las privilegios del Estado o de la institución de que se trate, como el inefable señor Ábalos de nuestros días, que aspira a cobrar (y cobrará) una generosa indemnización estatal, que ya quisieran para sí los ciudadanos honrados; y hasta con “el salvaje o bárbaro al desnudo que sólo respira los instintos más brutales de la primitiva y desenfrenada lucha por la vida”, como dice Unamuno. En realidad, lo importante del poder material no es alcanzarlo, sino merecerlo; es decir, tener poder espiritual (es decir, profesional, humano y moral) para ejercerlo con eficacia y decencia en bien de la gente.