Ley de autoridad del profesorado y parques de atracciones

El pasado 10 de junio el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias publicó la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado. Así, el artículo 28 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, que regula la convivencia en los centros educativos canarios, pretende elevarse a rango de ley. 

Algunos partidos políticos y las federaciones de madres y padres se opusieron por considerar esta propuesta innecesaria, autoritaria, e incluso tacharon a la Inspección Educativa de corporativismo. Por parte de los sindicatos docentes, a pesar de que manifestaron su apoyo a esta ley, se cuestionó el término “autoridad” en su título, así como incidieron en la vinculación entre las condiciones sociales y económicas del alumnado y su rendimiento académico. Además, recordaron las condiciones laborales del profesorado (recursos, ratios, salarios, etc.) Asimismo, al consejero de Educación le demandaron los datos que justifiquen su propuesta. 

No es mi intención replicar en este artículo las estadísticas sobre educación que cualquiera puede buscar en internet. Pero me gustaría aportar algunos datos basados en mi experiencia docente a lo largo de veinte años en once institutos de enseñanza secundaria, ubicados en diferentes islas y pertenecientes a enclaves socioeconómicos diversos (zonas turísticas, urbanas y medianías). Para ello, elegiré, como referencia, un centro educativo reconocido “por ser un buen instituto”; tanto que tiene lista de espera para la matriculación en la ESO y Bachillerato. Un gran número de profesores/as lo demandan como centro de trabajo, y la nota media de su alumnado en las pruebas de acceso a la Universidad es de las más altas de su municipio. 

De esta manera, para ahondar en la necesidad, o no, de aprobar esta ley destaco estos cinco datos relacionados con la convivencia en este Centro de Secundaria en el cual trabajé como profesor: el número de expulsiones temporales de alumnos/as a su domicilio debido a faltas graves de comportamiento oscilaba entre 150-200 cada curso escolar; la policía nacional acudía al instituto a resolver agresiones, amenazas, robos, etc. al menos 1 vez al año; en cada recreo había entre 6 y 9 profesores/as de guardia para evitar conflictos entre el alumnado, al margen de que se disponía de cámaras de seguridad en patios y pasillos; el nivel académico general del estudiantado que titulaba en la ESO y Bachillerato se estimaba, al menos, 2 cursos por debajo del nivel de este mismo instituto hace 30 años, cuando paradójicamente las ratios eran de hasta 40 alumnos/as por clase; y por último, el porcentaje de docentes de baja por depresión o que se fueron a otro destino de trabajo, porque “están quemados”, ronda el 20% de la plantilla (la gran mayoría de ellos eran excelentes profesores/as de su materia). 

Tristemente, estos indicadores podrían ser generalizables a la gran mayoría de los institutos públicos de ESO y Bachillerato de Canarias; y a mí, como profesor y padre, publicarlos no me alegra ni me satisface. Pero considero que para valorar esta propuesta legislativa hay que partir de la realidad cotidiana e interpretarla con franqueza, y a eso me atrevo a continuación.  

En primer lugar, con respecto al sistema educativo, hay que destacar que el cambio de paradigma establecido a partir de la ley de 1990, y sus sucesivas reformas legislativas, motivaron una transformación integral del sistema. Así, la LOGSE, que nació con la buena intención de favorecer a la escuela pública, paradójicamente, generó en la práctica justo lo contrario. En este sentido, el rol del profesor se modificó para convertirlo en un ser híbrido entre burócrata, psicólogo y educador social, lo que mermó su reconocimiento como autoridad académica. Precisamente, esta deriva de la figura del docente, que ya no enseña porque “tengo que estar todo el rato mandando a callar en clase”, es la que ha dado lugar a esta propuesta legislativa. Cualquier educador con cierta experiencia profesional lo puede corroborar. 

De igual manera, la formación destinada a la excelencia del alumno/a fue proscrita, enrasando el nivel por abajo, por aquello de huir de la supuesta discriminación y la meritocracia (la eterna confusión entre igualdad e igualitarismo). La enseñanza para el conocimiento fue sustituida por el entretenimiento, con la consecuente reducción del nivel cultural de los estudiantes. Además, la Administración maquilló la situación con las “novedosas” metodologías de aprendizaje, que infantilizaron al discente, el cual ahora juega cuando antes aprendía, así como, implantó las competencias en la evaluación (una especie de indicadores ambiguos de valoración del aprendizaje) con la intención encubierta de que pocos o nadie suspendiera. Por si fuera poco, la implantación de las TICs hizo que los nativos digitales se convirtieran en auténticos expertos en videojuegos. La oferta de centros privados y concertados creció, a medida que aumentaba el desvarío en los centros públicos, y lo que hasta la década de los años ´80 fue un coto reservado para las clases sociales media-alta y alta en Canarias, por aquello de su distinción social, se convirtió en el refugio de la creciente clase media que optamos por pagar un colegio para evitar los problemas que causa el alumnado “disruptivo” y el bajón del nivel académico. 

En segundo lugar, con respecto a las familias, es lógico que su miedo al autoritarismo del profesorado siga latente, pues la infancia de muchos de nosotros transcurrió en un aula presidida por el crucifijo y la foto del monarca. Pero creo que no hay motivos para la alarma social; solo hay que leer el articulado de esta proposición de ley para concluir que nuestros/as hijos/as no serán arrodillados con los brazos en cruz por su maestra/o. 

Al margen de esto, también debemos analizar la responsabilidad de las familias en el proceso educativo. Así, es conveniente que hagamos un esfuerzo como padres y madres para evitar caer en la sobreprotección infantil, la ausencia de límites a su comportamiento, así como la falta de atención y afecto, motivada a veces por la carencia de tiempo de calidad en casa, sin pantallas electrónicas de por medio. Todo esto afecta gravemente a la capacidad de autosuperación de los menores, a su adquisición del hábito de estudio, así como a su gestión de la frustración ante el fracaso y, en definitiva, a su madurez e inteligencia. 

En tercer lugar, a los grupos políticos del parlamento canario y a los sindicatos docentes, les pido que no conviertan la demagogia en su descrédito. Buena falta nos hace que ustedes acuerden un Pacto de Estado por la Educación. En este sentido, las opiniones que se escuchan a diario en las salas del profesorado de los colegios e institutos de Canarias nada tienen que ver con incrementar nuestro sueldo, tampoco con la mayor dotación de recursos innecesarios y de tecnología, ni siquiera, con disminuir las ratios. Además, la justificación entre las carencias socioeconómicas de los estudiantes y sus problemas de comportamiento, así como su bajo rendimiento académico es relativa, pues realmente es la motivación intrínseca lo que condiciona sobremanera su éxito escolar (bien lo sabemos los que cogíamos seis guaguas cada día para ir y volver al campus universitario de Tafira). 

Por eso, les rogaría que no traten de excusar ni tergiversar la realidad social por intereses partidistas o, simplemente, por pura hipocresía. 

Sencillamente, lo que el profesorado demanda al alumnado es respeto y motivación por aprender; a las familias responsabilidad y colaboración y, a la clase política y sindical, leyes que garanticen la buena educación. Por su parte, el profesorado debe comprometerse ante la sociedad a ejercer su labor con profesionalidad, para transmitir su conocimiento y valores democráticos al alumnado. 

En definitiva, es cierto que la ley de autoridad docente no es la solución perfecta a las cuestiones planteadas, pero viene a proteger a quien enseña para favorecer el derecho a la educación de quien aprende. Solo con leyes que afrontan con valentía los retos podremos recuperar la función de “ascensor social” del sistema educativo; el cual nos permitió estudiar a cualquiera, independientemente del nivel de renta y lugar de residencia, también a los que somos descendientes de la aparcería.  

En palabras de Gregorio Luri, en su libro La escuela no es un parque de atracciones (Editorial Ariel, 2020): “los pobres se merecen una escuela ambiciosa que no aspire a entretenerlos. Se merecen profesores justos que no sientan lástima de ellos y que no les exijan menos de los puedan dar de sí […] Necesitan, en definitiva, que alguien con autoridad les haga visible lo mejor que pueden llegar a ser”.