El Ayuntamiento de Santander alega “de forma creativa” supuestos incumplimientos para justificar la retirada de una pancarta contra la alcaldesa

La comunidad de vecinos de Puertochico que instaló una pancarta contra la apertura de un establecimiento de la cadena McDonald's en el mercado municipal de su barrio no va a descolgarla por el momento. El pasado 22 de octubre la Policía Local de Santander ordenó retirarla de la fachada del edificio del número 7 de la calle Andrés del Río porque alegaban que no tenía licencia.

Esto sucedió a las once de la mañana. Tres horas después, el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Santander ya había redactado un informe urbanístico exprés que aconsejaba retirar “el elemento publicitario” porque, según justificaban, “no es compatible con el planeamiento vigente”. A criterio de la autoridad municipal, incumple la Ordenanza Municipal sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias.

El informe urbanístico hacía referencia al artículo 41 que prohíbe colocar banderas, banderolas, pancartas y lonas con objetivos publicitarios. Pero el texto de la pancarta, “GEMA, DE MERCADO DE BARRIO A PRE-AFTER, NO DA IGUAL”, ni siquiera hace referencia directa a la marca de comida rápida que se instalará ahí y que ha generado el conflicto con los vecinos.

La decisión municipal también se basaba en otro artículo que prohíbe lanzar propaganda gráfica en la vía pública y al ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a una persona como soporte material del mensaje.

Los vecinos recurrieron esta sanción, pero el Ayuntamiento ha respondido que sigue adelante con los trámites para sancionar a los responsables. La respuesta al escrito que presentaron los vecinos justifica la retirada de la pancarta aludiendo ahora a otros artículos diferentes de la ordenanza municipal e insisten en que supone un peligro. “A pesar de haber permanecido desde hace dos meses perfectamente en la fachada soportando las inclemencias temporales y de haber sido colocada por profesionales”, argumentan los vecinos.

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denuncia que el equipo de gobierno del PP “ahonda en su actitud persecutoria” porque incluye de forma “creativa” nuevos supuestos incumplimientos por la colocación de la pancarta, en un informe que creen “del todo tergiversado”.

Insisten en que la Alcaldía “debería cejar en su empeño por aplastar la voluntad vecinal de proteger su mercado municipal” que temen “sea entregado” a una multinacional en una operación de pelotazo de la que solo se beneficiaria Baika, empresa con la que se privatizó la gestión del mercado.

Para los vecinos de Puertochico, el problema no se limita a un ataque directo a su libertad de expresión. En su opinión, resulta especialmente grave la facilidad con la que “la Alcaldía detecta presuntos incumplimientos de la ordenanza de publicidad, mientras ignora de manera sistemática el flagrante incumplimiento del contrato de rehabilitación del Mercado de Puertochico”.

La Comisión señala a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y al concejal de Comercio, Álvaro Lavín (PP), que son, a juicio de la Comisión, “cómplices necesarios” de que el mercado lleve más de siete años en obras y “se encuentre a medio hacer con la destrucción de comercio local que ha supuesto y las dificultades que sufren quienes han aguantado”.

El contrato adjudicado a la empresa Baika establecía un plazo máximo de un año para la rehabilitación, “sin que hasta la fecha se haya sancionado o rescindido el contrato, ni siquiera exigido su cumplimiento efectivo”, aseveran los vecinos.

Desde la Comisión se denuncia, además, que el equipo de gobierno del PP no solo se inhibe de la protección de un servicio público esencial como es el mercado municipal, “incumpliendo su propia regulación de mercados y el fin social del mismo”, sino que ahora el mercado se está transformando en un centro del que “solo saquen tajada” constructoras y McDonald's. “Única empresa que puede hacer frente a los 300.000 euros que plantea ganar Baika de la explotación del mercado, suma imposible de afrontar para la mayoría de pequeños comerciantes”, añaden, al tiempo que señalan además la ausencia de transparencia de la adjudicación y del proceso de rehabilitación.

Apoyo internacional

En este contexto, una agencia vinculada a la UNESCO, el Business & Human Rights Resource Centre, cuya labor se centra en la protección del patrimonio y del comercio local, se ha puesto en contacto con los vecinos y ha trasladado sus alegaciones y reivindicaciones a la dirección central de McDonald’s en Estados Unidos.

La respuesta de la multinacional ha sido, según denuncian los vecinos, “evasiva y basada en un supuesto cumplimiento de la legalidad”, extremo que la Comisión niega a la vista de las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos del Ensanche, entre otros colectivos. Creen que la respuesta de la multinacional se debe al amparo con que cuentan por parte de la Alcaldía.