La marea universitaria vuelve a levantarse
El pasado 5 de mayo las “Económicas” de Gran Canaria y Tenerife, en colaboración con una representación cualificada de la sociedad civil de Canarias presentaron, al unísono, un manifiesto de apoyo a la universidad pública canaria y solicitaron a la ciudadanía su firma en señal de respaldo. Desde el Cabildo de Gran Canaria quiero expresar mi aliento firme a cada una de sus reivindicaciones. La actualidad trepidante de las islas, marcada por la saturación turística y las urgencias migratorias, no puede seguir dejando en un segundo plano el debate sobre las decisiones de singular calado que el gobierno autonómico está adoptando contra nuestro sistema universitario público. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. La aportación de la ULPGC y la ULL es fundamental para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlas o desmantelarlas es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y socialmente justo.
Hablar en Gran Canaria de la universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha recordado en muchas ocasiones el ex rector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. Han pasado 36 años desde su creación, y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que es una herramienta imprescindible para generar conocimiento cualificado, favorecer la igualdad de oportunidades y democratizar la educación y la cultura.
Lo reitero con rotundidad: la universidad pública canaria es clave para nuestro progreso social, económico, cultural y tecnológico. El manifiesto, y la amplia presencia de la ciudadanía en su presentación, nos recuerda que la sociedad que conquistó la ULPGC no está dispuesta a permitir su deterioro. Desde el Cabildo nos mantendremos firmes en la colaboración y en la denuncia de cualquier actuación que debilite o cuestione su papel trascendental.
Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que el manifiesto ha puesto negro sobre blanco. Constituyen una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia y la potenciación de las universidades privadas. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo. Demuestran un diseño claro para debilitarlas.
La asfixia económica. La ULPGC nunca ha estado correctamente financiada, pero en los dos últimos años la situación ha empeorado hasta extremos insostenibles. En 2025, el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal ni los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permiten ni el mantenimiento básico. Llevamos años sin un contrato programa que establezca un marco de financiación estable. Según el último informe del Ministerio de Universidades, Canarias destina menos del 0,7% de su PIB a educación superior, frente al 1% estatal y el 1,3% europeo. Somos la comunidad que menos invierte por estudiante y en investigación. Las plantillas envejecen y se precarizan. No podemos seguir a la cola. Es absolutamente de justicia reclamar ese 1% del PIB a la financiación de las universidades públicas canarias.
El control político. La nueva Ley de Consejos Sociales se aprobó contra el parecer de los órganos de gobierno de ambas universidades. Los rectores, que han acudido al Tribunal Constitucional para recurrir la ley, denuncian falta de diálogo, imposición e invasión de la autonomía constitucionalmente garantizada. Lo que han manifestado públicamente es muy grave: “esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado”. Con el paraguas de la participación social, lo que se esconde es el interés por controlar la universidad pública, limitar el disenso y promover visiones partidistas de la historia, la economía o la cultura.
La exclusión científica. El proyecto de Ley de la Ciencia alcanza niveles irracionales. Se ha empezado a tramitar sin consultar a las dos universidades, que concentran más del 95% de la investigación del archipiélago. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas quedan en minoría. Este maltrato frustra una progresión investigadora en la que estábamos esperanzados.
La apuesta por lo privado. En los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En el último curso, a las privadas se les aprobaron 15 grados y a las públicas ninguno. No se trata de prohibir la competencia, sino de exigir que no sea tramposa. La universidad privada supone una selección social: no toda la población puede pagar matrículas elevadas. El manifiesto que está siendo firmado por una amplia mayoría denuncia con claridad esta deriva.
Esta ofensiva no es un fenómeno aislado canario. Responde a una estrategia global de las derechas para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas. Desde Trump presionando a Harvard o Columbia por sus posturas sobre el genocidio en Gaza o el cambio climático, hasta Macron creando un observatorio contra “derivas ideológicas” en Francia; desde Ayuso estrangulando financieramente a la Complutense —con un plan de recortes de 33 millones de euros que elimina optativas y no repone jubilaciones— hasta la criminalización de la protesta estudiantil. En todas partes se repite el mismo guion: se desgasta la autonomía con recortes, se potencia a las privadas, se controlan los consejos sociales. Lo que ocurre en Canarias es un espejo de esa corriente mundial.
Por eso hoy cobra tanta importancia el manifiesto de las sociedades económicas de Tenerife y Gran Canaria. Es la voz de una sociedad civil que no ha olvidado cómo se conquistó la ULPGC. Sin embargo, debo decir con sinceridad que la respuesta de la comunidad universitaria en los últimos meses no había estado a la altura de la gravedad del momento. El malestar de los equipos rectorales no llegaba con suficiente claridad a la calle. Tampoco había percibido una movilización del profesorado, los sindicatos o el estudiantado acorde con la situación. El manifiesto corrige ese rumbo. Es el primer paso de una respuesta plural y proporcional que necesitamos urgentemente.
Reclamo con la mayor energía un nuevo pacto por la educación superior en Canarias. Necesitamos cinco líneas fundamentales. Primera: mejorar e incrementar la financiación pública con un marco plurianual estable. Segunda: estabilizar, motivar y garantizar el relevo generacional del profesorado y del personal de administración y servicios. Tercera: mejorar la empleabilidad del estudiantado y fomentar la colaboración empresarial. Cuarta: visibilizar la relevancia social del conocimiento que se genera en nuestras aulas. Quinta: incentivar el acceso de toda la población juvenil, especialmente de aquella con menos recursos.
Desde el Cabildo de Gran Canaria sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible para todas y todos. Hoy, con el respaldo del manifiesto ciudadano, reafirmo mi compromiso. Si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles. La universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo. No permitamos que languidezca el gran sueño nacido en el siglo XX. Lo necesitamos para ganar el siglo XXI.