Nietos de una instrucción y herramientas electorales del ‘sanchismo’

Vamos a explicar de forma muy didáctica y sencilla en qué consiste la mal llamada Ley de Nietos, porque lo que es realmente es una disposición adicional, la octava concretamente, dentro de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en las Cortes españolas en julio de 2022, y entró en vigor, tras su publicación en el BOE, Boletín Oficial del Estado, el 21 de octubre del mismo año.

Mi partido, el PP, junto a Ciudadanos, Junts, la CUP y VOX votaron en contra y se abstuvieron ERC y el BNG. Esta nueva norma vino a reemplazar la Ley de Memoria Histórica del ex presidente Zapatero, sí, el del rescate de Plus Ultra y las joyas millonarias en el cajón del despacho entre otras linduras.

La nueva Ley salió del ideario sanchista-socialista junto a su socio entonces del cuasi extinto Podemos. Hasta ahí llegamos porque ahora viene la explicación, ya que hay mucho periodista y mucho político algo perdidos en el tema en cuestión.

Una vez se aprueba la Ley en el Congreso, una semana más tarde aproximadamente, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, dicta la famosa instrucción que está siendo objeto de debate político y judicial.

Se publica en el BOE el 26 de octubre y entra en vigor el 27 de octubre.

Esa instrucción administrativa, que no fue refutada por las Cortes porque se incluyó después de la aprobación de la Ley, lo que viene a recoger es que se da por hecho que toda aquella persona que salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo hizo por razones de persecución política, por cuestiones ideológicas o de orientación sexual y, por tanto, sus descendientes nacidos en el exterior tienen derecho a obtener la nacionalidad española y votar. La Ley no dice esto.

Hay que acreditar que se salió por los motivos que recoge verdaderamente esa disposición adicional octava de la Ley. No hay más. Todo lo que argumenta el Gobierno nacional es una interpretación suya. Y es por este motivo por el que hace tan solo unos días el Tribunal Supremo anunciaba la suspensión, de manera cautelar, del derecho a voto y las nuevas altas en el censo electoral para aquellos nacionalizados como españoles, a menos que acrediten, repito, que sus antepasados, abuelos o abuelas para más señas, tuvieron que exiliarse por los motivos que exige la Ley. Parece ser que el Gobierno se ha excedido con esta instrucción que se sacó de la manga para hacer política sucia e incrementar el censo de forma poco correcta.

Tras la aprobación de la ley y la dichosa instrucción administrativa que desvió la norma, se han estado incorporando al censo electoral español de forma paulatina cientos de miles de personas que pueden cumplir o no los requisitos, y lo que deben hacer es acreditarlo correctamente, pero no ha sido así. Es otro truco sanchista, otra jugarreta que defiende un ministro canario de desmemoria democrática que parece más centrado en criticar al Partido Popular que de ponerse a trabajar. Ya me dirá alguno de los lectores de este humilde artículo qué ha hecho este hombre por España y por Canarias en estos cuatro años. Soy toda ojos y oídos.

Hasta el momento de la suspensión cautelar de la Ley por orden del Alto Tribunal, y según datos oficiales del propio Ministerio de Exteriores, se han presentado en consulados más de un millón doscientas mil solicitudes. Se han aprobado más de medio millón de expedientes y se han resuelto casi trescientos cincuenta mil.

La cuestión en liza y el cabreo del Gobierno tras el parón de la Ley nos hace reflexionar sobre qué interés hay realmente en esa prisa, en esa instrucción administrativa, en esa interpretación de la Ley que no se ajusta a lo aprobado. No vamos a ser tan mal pensados de creer que esto lo hace por fines electoralistas, ni que con todas las nuevas nacionalizaciones se puede llegar a alterar el número de escaños en casi 10, que hay pueblos en nuestro país en lo que habrá en las próximas elecciones más votantes residiendo fuera de España que en el municipio en el que voten desde el extranjero. Surrealista. Todo apunta a que hay un interés electoral detrás; recordemos que estamos hablando del gobierno de Pedro Sanchez, alias el Pinocho de la política española.

Por todas estas incorrecciones el Supremo ha puesto la pausa a la Ley. Y por eso la pataleta del Gobierno que se destapa la triquiñuela. No hay más. Todo lo que te cuenten es faltar a la verdad. No se puede cambiar una Ley por medio de una instrucción.

Y no quiero terminar este artículo sin recordar el motivo por el que el PP votó en contra de la Ley de Memoria Democrática, porque no quiero que nadie manipule los argumentos que nos llevaron a decir no.

El Partido Popular quiso aportar, como principal partido de la oposición y forma responsables, su granito de arena y su visión democrática al articulado de la Ley. Todas, insisto, todas las enmiendas que presentamos fueron rechazadas por el PSOE. Ese es su sentido de diálogo y su respeto al resto de fuerzas políticas.

Pero es que además siempre mantuvimos, y así se ha visto después, que esta norma venía realmente a romper el espíritu de reconciliación de la Transición y de la Ley de Amnistía de 1977. Además, hacía una lectura partidista y utilizaba la memoria histórica para dividir a los españoles, para confrontar y levantar muros ya eliminados. Esto ha traído esta Ley.

Soy bisnieta de un alcalde republicano que fue cruelmente asesinado en aquellos años negros para la Historia de España. Mi abuela se fue de este mundo sin saber dónde se encontraban los restos de su padre del que nunca se pudo despedir, y eso que luchó toda su vida por saber su localización para poder darle el adiós como ella quería.

En mi familia seguimos buscando al abuelo Casimiro y lo hacemos desde la unidad, desde el perdón y desde el respeto a las orientaciones políticas de cada uno de nosotros. Ese debe ser el espíritu de la Ley, unir y desterrar el odio solo así se construye el presente y el futuro.