La policía patriótica mediática: ingeniería del lawfare y financiación del nuevo orden neofascista
La reconfiguración del mapa político en Europa y Estados Unidos no obedece a derivas accidentales, sino a una estrategia de acumulación de fuerzas destinada a instaurar un nuevo orden hegemónico. En España, este proceso se encuentra en una fase avanzada de maduración: la construcción de un clima de opinión pública favorable a la instauración de un régimen neofascista, sustentado en una futura coalición entre el Partido Popular y Vox. Para lograr este objetivo, es imprescindible laminar cualquier contrapoder informativo, imponer una agenda autoritaria y normalizar la persecución de la disidencia profesional. No estamos ante hechos aislados, sino ante la operativa sincronizada de unos aparatos ideológicos regados con fondos públicos reaccionarios y amparados por sectores de la judicatura, cuyo fin último es alinear al Estado español con los nuevos rostros del nazifascismo: el trumpismo y lo que eufemísticamente se llaman las extremas derechas que ya gobiernan en Italia o que amenazan con hacerlo en Francia y Alemania a través del control de la opinión pública.
La reciente noticia del despido de Juan Pedro Quiñonero, histórico corresponsal de ABC en París, no es un mero ajuste laboral; según su testimonio, lo ha sido por calificar a Marine Le Pen y su partido, Rassemblement National, como de “extrema derecha” y calificar como trágica la presidencia de Donald Trump. Es un síntoma de la purga interna dentro del propio espectro conservador. El nuevo bloque reaccionario no admite matices, cultura clásica ni análisis sosegado; exige trincheras y adhesión inquebrantable al dogma neofascista. Si voces tradicionales son apartadas para dar paso a un discurso más de bulos, bronco y servil, el mensaje para el periodismo plural y democrático es devastador.
Es en este contexto de disciplinamiento social donde debe leerse la ofensiva contra el diario Canarias Ahora y su director, Carlos Sosa. Lejos de cualquier épica individual, lo que enfrenta Sosa es la aplicación sistemática de un mecanismo de control: el lawfare. La apertura de juicio oral en su contra ha sido impulsada por Salvador Alba, un exjuez expulsado de la carrera y condenado a seis años y medio de prisión por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento. Resulta sintomático de la degradación institucional a la que asistimos que, mientras el ex juez Alba disfruta ya del beneficio del tercer grado penitenciario (semilibertad), el periodista que informó críticamente sobre su actuación como juez, en la trama conspirativa contra la magistrada Victoria Rosell, así como de actuaciones derivadas de su condena, se enfrenta a fianzas de 422.500 euros y peticiones de cárcel con la oposición frontal de la Fiscalía.
Esta maquinaria de acoso y amedrentamiento se alimenta de marcos discursivos fabricados para blindar el poder real (poderes económicos, con sus terminales mediáticas-judiciales) frente a un Gobierno que consideran ajeno a sus intereses. Un ejemplo es la polémica en torno a la iniciativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de investir doctora honoris causa a la denominada reina emérita Sofía de Grecia. La crítica en la comunidad universitaria, de profesores y estudiantado, no responde a maniobras externas, sino al rigor académico y la memoria histórica. Se cuestiona la idoneidad de otorgar la máxima distinción intelectual a quien, por nacimiento, es hermana de Constantino II de Grecia —monarca que juró el cargo a la junta militar fascista de los Coroneles en 1967— y, por matrimonio, continúa como esposa de Juan Carlos de Borbón, quien hubo de abandonar España cercado por escándalos de corrupción. La universidad, como espacio de pensamiento crítico, rechaza la validación de biografías marcadas fundamentalmente al linaje y a la representación protocolaria, pero la que consideramos como una policía mediática transmuta este ejercicio de defensa de autonomía universitaria de sectores de la Universidad de Las Palmas como ataque a la Corona dirigido desde la Moncloa, para ir directamente contra Canarias Ahora-elDiario.es y contra el sustento crítico de defensa del rigor científico de la comunidad universitaria que considera inadmisible tal otorgamiento honorífico a Sofía de Grecia.
Para que esta estructura sea operativa, requiere de una base material que el mercado no le proporciona. La supervivencia de medios como ESdiario, donde se ha vertido el ataque aludido al medio Canarias Ahora-Diario.es, depende, en gran parte, de la transferencia de rentas públicas. Bajo la actual dirección de Benjamín López Hernández —quien tomó el relevo en abril de 2024 de manos del fundador Antonio Martín Beaumont, que permanece como presidente de honor—, el medio mantiene intacta su función orgánica de conformar un bloque PP-Vox para terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este medio ha sido nutrido de fondos públicos de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana, con importantes cantidades. Es un subsidio encubierto a la propaganda política que permite que cuadros formados en la antigua Alianza Popular sigan dirigiendo las estrategias reaccionarias.
Presenciamos, también, el pavimentado de un camino hacia un modelo de sociedad regido por valores supremacistas, antisindicales y coloniales. Es un proyecto misógino y machista que niega la violencia de género y abraza una agenda antiinmigración alineada con el trumpismo. La retórica de Vox, con la connivencia del Partido Popular y a veces clonándola, amenazando con aplicar “motosierras”, “lanzallamas” o “bombas atómicas” contra la radiotelevisión pública española, no es metafórica; es la verbalización de un deseo de aniquilación de lo plural. El hostigamiento a profesionales de RTVE como Sarah Santaolalla, o la vandalización de la memoria de las Trece Rosas como amenaza a esta comunicadora, son la praxis de esta ideología que busca amedrentar para imponer el silencio. España corre el riesgo de mimetizarse con las corrientes neofascistas de la Unión Europea. La estrategia consiste en inocular en la ciudadanía que la supresión de libertades es necesaria para el orden neofascista que se pretende instaurar por es bloque reaccionario en el Estado español. La democracia se defiende desvelando quién paga la intoxicación, el bulo, la desinformación y qué intereses de clase se esconden tras el falso patriotismo. No es una batalla por el pasado, sino por impedir que el neofascismo defina nuestro futuro inmediato.