La regularización de migrantes: una oportunidad para la cohesión, la justicia y la sostenibilidad
Esta semana empezó, con lógicas colas y cierta saturación de los servicios, el proceso por el que el Gobierno de España regularizará, por lo bajo, a medio millón de personas que ya vivían (y muchos de ellos, no lo neguemos, trabajaban) entre nosotros. El arranque de este proceso constituye un paso relevante no solo desde el punto de vista jurídico, sino también económico, social y democrático.
En un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, la transformación del mercado laboral y el aumento de los discursos excluyentes en Europa, esta valiente medida representa una apuesta por el realismo, la cohesión social y el reconocimiento de derechos.
En el mismo tiempo que arranca la regularización en España, a nivel europeo se están produciendo cambios de gran relevancia. Y son diametralmente opuestos. Tuvimos la oportunidad, el pasado lunes en Casa África, y a instancias de la Presidencia del Gobierno de Canarias, de reflexionar sobre el impacto y los desafíos que supone la puesta en marcha, el próximo mes de junio, del reglamento sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
En un panorama políticamente tan complejo como el actual, la conclusión que sacamos de la jornada es que aún existe una total incertidumbre sobre cómo este Pacto afectará a un territorio aislado y alejado como Canarias, punto final de una ruta, la Atlántica o canaria, conocida por ser la más mortífera del mundo. Hay aún muchas dudas de cómo el nuevo pacto desarrollará cuestiones como el triaje de las personas llegadas, pero en lo que sí coincidieron todos los ponentes, es que el viento sopla hacia un endurecimiento de la política migratoria europea, fruto también de un discurso altamente hostil contra los migrantes que realmente logra calar y cimentar el auge de formaciones de extrema derecha en Europa.
En mi intervención en la apertura de esta jornada, precisamente quise poner en valor que en un momento en que Europa retrocede y achaca sus vaivenes económicos al supuesto ‘caos’ que ocasionan los migrantes, España hace un gesto para abiertamente decir que sin migrantes su economía no estaría creciendo como lo está haciendo.
El acto en Casa África reafirmó que desde territorios como Canarias se insiste en la necesidad de abordar la migración desde un enfoque garantista, basado en la legalidad y los derechos humanos, frente a propuestas centradas exclusivamente en el control y la externalización de las fronteras, llegando hasta el punto de dar validez jurídica a las cárceles de migrantes en terceros países.
Ya dije, y no me avergüenzo del término, que corremos el riesgo de naturalizar la creación de ‘agujeros negros de los derechos humanos’ en terceros países. La migración, no lo olvidemos, es un fenómeno estructural que requiere respuestas a la altura de su complejidad.
Desde una perspectiva económica, la regularización responde precisamente a esa realidad estructural. El declive demográfico europeo es acusado: la población en edad de trabajar pasará de 265 a 219 millones en 2070, lo que reducirá drásticamente la ratio entre trabajadores y personas jubiladas. En este escenario, la incorporación plena de población migrante al mercado formal no es una opción, sino una condición sine qua non para sostener el sistema de bienestar.
Yo creo que en España la mayoría social de este país tiene claro que las personas de origen extranjero ya desempeñan un papel clave en sectores estratégicos. Representan el 21% de la fuerza laboral y su presencia es especialmente significativa en ámbitos como la hostelería (28%), la construcción (21%) o el transporte (18%), así como en sectores esenciales como los cuidados y la agricultura. Regularizar su situación no solo mejora sus condiciones de vida, sino que permite aflorar actividad económica, aumentar la recaudación fiscal y combatir la economía sumergida.
Se estima que entre 500.000 y 840.000 personas podrían beneficiarse de este proceso. Actualmente, muchas de ellas ya trabajan en España, pero lo hacen en condiciones de precariedad e invisibilidad. Su incorporación al sistema formal supondrá una mejora directa en términos de derechos laborales, seguridad jurídica y contribución fiscal. Esta horquilla (una cifra entre 500.000 y 840.000 personas), se explica por la diferencia entre los aproximadamente 3,6 millones de trabajadores extranjeros que recoge la Encuesta de Población Activa y los cerca de 3,1 millones afiliados a la Seguridad Social, lo que evidencia la existencia de al menos medio millón de personas que ya están trabajando en España en situación irregular. Su incorporación al sistema formal no solo permitirá garantizar derechos laborales y seguridad jurídica, sino que también tendrá un impacto directo en el aumento de las cotizaciones sociales y la recaudación fiscal, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.
Además, estudios recientes indican que la integración laboral de migrantes regularizados incrementa el Producto Interior Bruto (PIB) nacional, estimándose un crecimiento adicional de entre el 0,5% y el 1,2% anual, dependiendo del sector y la región.
Otro factor fundamental es que el perfil demográfico de la población migrante es especialmente favorable: aunque representa aproximadamente el 20% de la población total, su peso asciende al 26% en edad laboral, alcanzando el 36% en franjas clave como la de 30 a 34 años. Se trata, por tanto, de una población joven y activa que contribuye de manera decisiva al dinamismo económico.
Las reacciones al proceso iniciado en España han sido muy diversas, pero al reunirlas uno toma la medida de cuál es el momento político en España y Europa. Por ejemplo, en Francia, sectores de la derecha nacional-populista han calificado la medida como “intolerable” y proponen restablecer controles fronterizos entre ambos países. En esencia, dicen que hay que blindar Francia del coladero en que se ha convertido nuestro país. En España, la medida de la regularización es rechazada tanto por el principal partido de la oposición, el PP, como VOX.
En contraste, la Iglesia católica en España, a través de Cáritas y la Conferencia Episcopal, han celebrado la regularización como un acto de justicia social y dignidad, reconociendo la contribución constante de los migrantes.
Cabe recordar que durante los años de gobierno de José María Aznar (1996-2004), el Ejecutivo llevó a cabo varias regularizaciones extraordinarias que permitieron legalizar la situación de más de 500.000 inmigrantes no comunitarios. A ello se sumó la aplicación de la figura del “arraigo” prevista en la Ley de Extranjería. Estas medidas respondían, en buena parte, a la creciente demanda de mano de obra y se tradujeron en cifras de regularización especialmente elevadas.
Por su parte, la regularización promovida por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 —conocida como “proceso de normalización”— fue una de las más amplias realizadas en España, al conceder permisos de residencia a 576.506 personas. La medida se dirigía principalmente a trabajadores extranjeros en situación irregular, con el objetivo de aflorar empleo sumergido y mejorar tanto sus condiciones laborales como su contribución al sistema de cotizaciones.
Y el empresariado, ¿qué dice? Pues la patronal española, la CEOE, encabezada por Antonio Garamendi, ha apoyado la medida desde un enfoque pragmático: en unas declaraciones recordó que sectores enteros dependen de esta mano de obra para funcionar. Esta semana, un artículo de Manuel de la Rocha titulado “La regularización: dignidad humana frente a xenofobia”, subrayaba que esta política es una cuestión de derechos humanos y coherencia democrática. Y no todas las voces europeas han cuestionado el movimiento español: también el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha advertido que la inmigración será clave para sostener el crecimiento económico y el Estado del bienestar.
Además, organizaciones sindicales y sociales han manifestado que la regularización es un paso necesario para combatir la precariedad laboral y la discriminación, promoviendo la inclusión y la cohesión social. Expertos en demografía y economía coinciden en que la migración regularizada es una herramienta fundamental para mitigar el envejecimiento poblacional y la escasez de mano de obra en sectores estratégicos.
El proceso aprobado por el Gobierno —dirigido a personas que ya residen en España antes del 1 de enero de 2026— establece un marco claro, con requisitos definidos y canales accesibles (salvo estas acumulaciones iniciales, fruto de una medida que abarca a tanta gente), que permitirá avanzar hacia una integración efectiva y ordenada. Se trata de una política pública que reconoce una realidad existente y ofrece una respuesta basada en el interés general.
En definitiva, la regularización interpela directamente a nuestro modelo de sociedad. Apostar por ella es apostar por una España que reconoce la contribución de quienes la sostienen, que entiende la migración como una oportunidad y no como una amenaza, y que construye su futuro desde la inclusión, la cohesión y la justicia social.