La vivienda tiene que dejar de ser un negocio; es un derecho

Hay frases que se han normalizado tanto que han dejado de incomodarnos. “Vivo del alquiler” o “con el alquiler pago la residencia de mis padres, o tengo un dinero para un pequeño capricho”, dicen algunas personas, como si hablaran de un oficio, como si fuera equivalente a trabajar, a producir, a aportar algo necesario a la sociedad. Y, sin embargo, detrás de esa frase hay una realidad mucho más compleja, y también mucho más injusta.

Porque mientras alguien pueda vivir del alquiler, hay alguien que no puede vivir con dignidad pagando ese alquiler.

No se trata de señalar a personas concretas. No va de buenos o malos. De hecho, estoy convencido de que hay quienes alquilan una vivienda intentando hacerlo con responsabilidad, incluso con cierta conciencia social. Personas que no buscan abusar, que entienden la dificultad de quien está al otro lado. Pero el problema no es individual. El problema es el sistema que habitamos; un sistema que ha convertido un derecho básico en una oportunidad de negocio.

La vivienda no es un bien cualquiera. No es un lujo, ni un capricho, ni una inversión más. Es el lugar donde descansamos, donde nos cuidamos, donde construimos vida y donde nos curamos de otras violencias estructurales o vitales. Sin vivienda no hay estabilidad, no hay salud, no hay proyecto vital posible. Y, aun así, la hemos puesto a competir en el mercado como si fuera cualquier mercancía.

Y cuando un derecho entra en el mercado, deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio condicionado.

Se nos ha contado durante décadas que comprar una segunda vivienda para alquilar era una forma inteligente de asegurar el futuro. Que era previsión, esfuerzo, incluso responsabilidad. Pero esa narrativa escondía algo: que ese “futuro asegurado” de unos se construía sobre el pago constante de otros. Sobre salarios muchas veces precarios, sobre vidas que llegan justas a fin de mes.

No es una cuestión moral individual. Es una cuestión de estructura

Porque incluso quienes se consideran “buenos caseros” están insertos en una lógica que les empuja a subir precios, a adaptarse al mercado, a proteger su inversión. Y esa lógica no la definen ellos: la define un sistema que premia la rentabilidad por encima del derecho.

Por eso, hablar de “buenos caseros” puede ser, sin quererlo, una forma de desviar el foco. Porque la cuestión no es si hay personas mejores o peores dentro del sistema, sino por qué el sistema permite y fomenta que algo tan básico como la vivienda dependa de la capacidad de generar beneficio.

Mientras tanto, el Estado llega tarde o no llega. Y lo que debería estar garantizado colectivamente, el acceso a la vivienda, los cuidados, la seguridad material, se deja en manos del mercado o de soluciones individuales. Así, muchas personas acaban dependiendo del alquiler no por ambición, sino por necesidad, para complementar pensiones insuficientes, para sostener economías frágiles.

Pero esa solución individual genera un problema colectivo.

Porque al final, quienes sostienen todo esto son las trabajadoras y trabajadores. Son quienes, con su esfuerzo diario, pagan alquileres que no dejan de subir, renuncian a proyectos de vida, aplazan decisiones, viven con incertidumbre. Son quienes generan la riqueza real, pero ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a algo que debería estar garantizado. Y ahí es donde necesitamos volver a hacernos una pregunta sencilla, pero fundamental, ¿Queremos una sociedad donde la vivienda sea un derecho o un negocio?

No se trata de culpabilizar a nadie, sino de asumir colectivamente que hemos normalizado algo que no debería ser normal. Que hemos aceptado como inevitable un modelo que genera desigualdad y precariedad.

Tal vez el primer paso sea cambiar el lenguaje, dejar de llamar “trabajo” a lo que no lo es, dejar de justificar lo injustificable. Y, desde ahí, empezar a imaginar y exigir otra forma de organizar la vida.

Una en la que nadie tenga que vivir del alquiler.

Y, sobre todo, en la que nadie tenga que sufrirlo para poder vivir.