Canarias garantiza que habrá fondos para expropiar
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves la lista de evaluación de iniciativa legislativa para la tramitación del anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias.
Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, quien ha detallado que esta lista de evaluación constituye un informe de impacto normativo con el objetivo de actualizar la regulación legal de la vivienda en el archipiélago para así atender su función social.
Con la modificación de la Ley de Vivienda se pretende atender a las personas necesitadas de una vivienda y a las que se encuentra en situación de exclusión social.
Martín Marrero ha asegurado que el objetivo del Gobierno canario es que el Parlamento apruebe esta nueva ley después del verano, si bien ha apuntado que no todo depende del Ejecutivo regional, que en dos semanas sacará el texto articulado sobre el que presentar alegaciones.
Asimismo, ha asegurado que el “Gobierno garantiza que existirán los fondos necesarios para abonar la parte correspondiente de esos alquileres sociales, cuya cuantía será fijada en justiprecio”.
El dinero que el Ejecutivo regional destinará a estos alquileres se obtendrá, según el portavoz gubernamental, de las sanciones por no inscribirse las entidades bancarias, empresas y personas jurídicas en el registro de viviendas vacías, así como de fondos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año.
Martín Marrero ha destacado que “inicialmente” quedará fuera de esta política de expropiación los particulares que tengan viviendas vacías, no obstante, ha agregado que habrá que esperar a la presentación del texto articulado.
En su opinión, esta propuesta legislativa supone un compendio de iniciativas de actuación sobre la vivienda deshabitada, reformando y adecuando las herramientas normativas de que se dispone en el marco competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se persigue así potenciar el acceso a la vivienda desde el arrendamiento a aquellas personas que no puedan mantener su vivienda por una situación de mayor endeudamiento sobrevenido, ha explicado.
En ese sentido, ha continuado, es necesario acometer una reforma legislativa del marco jurídico general del uso de la vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante la aprobación de una ley modificativa, que potencie las potestades administrativas de inspección y sancionadora.
El objeto principal del anteproyecto de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias es el de posibilitar la intervención de la administración en el ámbito de la vivienda libre, con medidas tanto de policía como incentivadoras, ha concluido.
