El Parlamento aprueba la Ley de Capitalidad pactada entre CC y PP
El pleno del Parlamento de Canarias rechazó este jueves tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la capitalidad compartida de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que llegó a la Cámara amparada por más de 31.000 firmas, y avaló el proyecto de ley presentado por el Gobierno regional.
Los socialistas calificaron el proyecto del Ejecutivo como “fiasco y decepcionante”, respaldaron la ILP y criticaron la decisión del Parlamento al entender que “anula el derecho de los ciudadanos a la participación política”. Mientras, los grupos del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) anunciaron su intención de incluir en la ley aspectos contemplados en la iniciativa popular.
El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, defendió el proyecto del Ejecutivo regional que tiene como objetivo regular el estatuto especial de ambas ciudades como capitales compartidas de Canarias, y sostuvo que la ley pretende fomentar la prestación de servicios de calidad en las dos capitales para beneficio de todos los canarios.
Destacó que el estatuto de capitalidad busca reforzar la autonomía local y la potenciación de sus competencias municipales y destacó la creación de un organismo consultivo, el Consejo de Capitalidad, cuyas decisiones no serán vinculantes. Además, resaltó que el texto cuenta con la voluntad política máxima de los ayuntamientos de ambas capitales y del Gobierno de Canarias, además de contar con el informe favorable del Consejo Consultivo.
En cuanto a la financiación de la capitalidad, indica que la condición de capitalidad compartida tendrá un apartado específico en los presupuestos generales de la Comunidad y el reparto se realizará de forma equitativa entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Esta es una de las diferencias entre los dos textos analizados por el pleno, ya que la ILP, defendida por la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Bernarda Barrios, que establece que como principio de asignación presupuestaria en número de habitantes de hecho y de derecho. “Las Palmas de Gran Canaria tiene el doble de población y tiene derecho a recibir el doble”, sostuvo.
Incumplimiento de la Ley de Sedes
Barrios habló también del incumplimiento de la ley de sedes, dijo que la capital grancanaria está siendo “descapitalizada por ATI” y explicó que la propuesta contempla la reubicación de las sedes institucionales. “No estamos hablando de quitar nada a nadie, sino de un equilibrio exquisito”, apostilló.
Bernarda Barrios justificó la presentación de la iniciativa porque, destacó, por la demora en desarrollar el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 3.1 fija desde 1996 la capitalidad compartida, y mostró su sorpresa porque el Gobierno presentó su propuesta al conocer la propuesta popular.
Asimismo, acusó al Parlamento de hacer todo lo posible para que la iniciativa ciudadana no se debatiera, ya que el texto debería haberse debatido en junio, tras su presentación en el mes de abril. Al respecto, dijo que el Parlamento había cometido un “fraude” al intentar “ningunear” la ILP a favor de la propuesta del Gobierno y reprochó a la Cámara que haya dado la espalda a un derecho fundamental.
Defendió su propuesta al considerarla más amplia -32 artículos frente a los ocho del texto gubernamental- y resaltó la participación ciudadana, a la que se garantiza la información sobre las actividades municipales y sobre la gestión municipal o la consulta directa de las bases de datos, ficheros y registros del ayuntamiento. También contempla, agregó contempla la posibilidad de los ciudadanos presenten solicitudes, escritos y comunicaciones al Gobierno de Canarias.
El PSC-PSOE fue el único grupo que respaldó la iniciativa popular, que consideró más “completa y comprometida” que la propuesta del Gobierno, al que el portavoz socialista Francisco Hernández Spínola, reprochó que su inacción en esta materia ha tenido que ser suplida por los ciudadanos. También se lamentó de que la alcaldesa de la capital grancanaria, Josefa Luzardo, no estuviera presente en el debate, así como el hecho del que el Ejecutivo regional no haya buscado el consenso con los grupos parlamentarios.
Un proyecto de ley “para la galeria”
Manifestó que el proyecto del Ley del Ejecutivo canario se realiza “sólo para la galería, criticó que hay esperado diez años para presentar su propuesta y lo haga once meses después que la ILP. El proyecto del Ejecutivo ”es parco y poco comprometido“, señaló Spínola, quien denunció el interés por los símbolos o la creación de órganos, así como el hecho de que no entre a regular las competencias.
Avaló sus críticas en el propio informe del Consejo Consultivo de Canarias, en el que, según Spínola, se indica que el proyecto de ley no fija normas dirigidas a dotarlo de un contenido amplio.
Consideró que el proyecto de ley supone “un cierto fraude” porque, “siendo legal que el Gobierno presente su iniciativa, ”no es menos cierto que se había tramitado once meses antes una ILP respaldada por más de 30.000 ciudadanos“. También criticó la actitud del pleno del Parlamento que con esta ya son tres las iniciativas ciudadanas que rechaza tramitar, tras la relacionada con el Puerto de Granadilla, en la presente legislatura, y otra sobre la creación de un hospital en el Norte de Tenerife la anterior.
Spínola calificó el proyecto del Gobierno como “decepcionante y un verdadero fiasco”, dijo que su grupo lo “enmendará a fondo” en la fase de ponencia y anunció que si se aprueba como ley y el PSOE gobierna en la próxima legislatura dará la vuelta a la norma como a un calcetín. “Haremos una ley en serio y no una caricatura”, recalcó.
El portavoz parlamentario del Partido Popular (PP), Jorge Rodríguez, dijo que se trata proyecto avalado por el consenso entre tres instituciones y destacó que constituye una iniciativa “largamente anhelada y más que necesaria” para dar solución a determinados problemas que afectan a las dos capitales, pero no por cuestión de privilegio, “sino porque han de afrontar dificultades que inciden en su calidad de vida y cohesión social”.
Tras anunciar la retirada de su proposición de ley ?también prevista para su debate en el pleno-, Jorge Rodríguez anunció su voto favorable al proyecto del Gobierno, pero como respeto a las 31.000 firmas que avalan la ILP, anunció la presentación de enmiendas para intentar mejorar fuertemente la propuesta e intentar incluir algunos de los aspectos incluidos en la iniciativa presentada por Barrios.
Esa intención de recoger elementos de la ILP fue manifestada también por el diputado de Coalición Canaria (CC) Augusto Lorenzo, mientras que su compañera de grupo Flora Marrero aseguró que la ley de capitalidad conseguirá que ambas capitales salgan reforzadas y logrará una mayor ampliación del autogobierno.
