Soria, Cardona y cuatro funcionarios montaron el pelotazo
El caso Canódromo, conocido como el Plan Perfecto de Soria, tiene todavía mucha tela que cortar. La Comisión Especial de Investigación del Canódromo (CEIC) formada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene sobre la mesa sus primeras conclusiones provisionales, y las pesquisas realizadas tanto por el PSC-PSOE como por Compromiso señalan a dos políticos, José Manuel Soria y Juan José Cardona, y también a cuatro funcionarios, José Setién, Juan Cerpa, Sergio Monche y Miguel Hernández, como las piezas claves dentro del Consistorio capitalino, entre 2000 y 2002, para que se pudiera ejecutar el pelotazo más sonado de la etapa de gobierno del PP.
PSC-PSOE y Compromiso, socios de gobierno hasta la semana pasada, negocian aún el texto definitivo de la CEIC, pero de las conclusiones iniciales ya se desprende que, a partir de septiembre cuando se lleve a pleno el documento definitivo, se abrirán expedientes informativos a los funcionarios que participaron, bajo las órdenes políticas del alcalde José Manuel Soria y el concejal de Urbanismo Juan José Cardona, en una operación que revirtió un dividendo de nueve millones de euros al propietario de la inmobiliaria Urbacan, Eduardo Fernández.
Se trata, además de José Manuel Soria y de Juan José Cardona, del que fuera hasta la salida del PP de la Alcaldía, en 2007, Coordinador General de las áreas de Planeamiento y Gestión Urbanística, José Setién. La investigación llevada a cabo por el Ayuntamiento señala a Setién como responsable de la modificación arbitraria de la calificación prevista para el Canódromo en el PGOU de 2000, sin informes técnicos ni jurídicos que sostuvieran la idoneidad de convertir en uso residencial el suelo de la parcela, además, sin contraprestación alguna en ese momento para el Ayuntamiento.
Sobre esta medida cuasi clandestina tomada en el plazo entre la aprobación inicial del PGOU, en enero de 1999 -el Canódromo tenía un uso de dotaciones y equipamientos con ninguna edificabilidad residencial ni comercial- y la aprobación provisional del Plan el 28 de abril de 2000 -se modificó la ordenación del suelo, aunque pendiente de un Plan Especial, ya incluía las dos torres de 15 plantas cada una-, las pesquisas iniciales de la CEIC consideran tambien responsable a Juan Cerpa, Jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico a las órdenes de José Setién.
Pero también Setién figura como autor intelectual del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la inmobiliaria beneficiada, que como avanzó ya CANARIAS AHORA el 11 de junio pasado, se sustenta en una valoración excesiva del suelo del Canódromo, extraordinaria para la zona, en un único informe técnico municipal encargado a sus subordinados, también señalados por la CEIC, Sergio Monche, jefa de Servicio de Gestión Urbanística, y al arquitecto técnico municipal Miguel Hernández Díaz. El convenio lesivo para el interés general fue firmado por el concejal de Urbanismo Juan José Cardona y el empresario Eduardo Fernández.
Las pesquisas municipales consideran que ese informe extraordinario, fuera de lugar tanto en el espacio [zona del Canódromo] como en el tiempo [años 1999 a 2002], fechado el 8 de mayo de 2000 por Sergio Monche y Miguel Hernández Díaz, da un valor exagerado a la parcela del Canódromo, contra todo criterio legal, y por tanto ataca de lleno el interés general de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, al ser el origen del convenio urbanístico lesivo que hizo perder al Ayuntamiento nueve millones de euros, ya que al sobrevalorar la parcela, se encareció la contraprestación que recibiría el empresario mediante permuta a cambio de los terrenos donde su ubicaba el viejo Canódromo.
La tasación del suelo de manera exagerada es una de las claves del pelotazo, hasta el punto de que la CEIC valorará en los próximos días la oportunidad de encargar un nuevo informe, aplicando los criterios urbanísticos que los propios funcionarios señalados hicieron en otra decena de tasaciones, entre 1999 y 2002, en zonas colindantes al Canódromo, siguiendo la ponencia catastral de valores del municipio capitalino fijada en 1995, que arrojaban mucho menos valor a otros terrenos cercanos a la parcela del pelotazo del PP.
Estos documentos llevan siendo reclamados desde hace meses por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que indaga el pelotazo a raíz de las acciones penales iniciadas por la asociación de vecinos Avecalta. Estos, han pedido al juez, Tomás Martín, la citación en calidad de imputados del ex concejal de Urbanismo Juan José Cardona y el empresario Eduardo Fernández, como firmantes del convenio urbanístico lesivo. El juez decidió postergar la declaración de los imputados Josefa Luzardo, alcaldesa heredera del pelotazo, y de su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, hasta estudiar a fondo la documentación solicitada al Ayuntamiento.
