La ampliación del campo de tiro, una ''intromisión''
El Gobierno de Canarias ha acordado en la reunión del Consejo de Gobierno dar instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para que estudien la interposición de acciones jurisdiccionales contra la decisión del Estado de ampliar el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura.
La Administración regional denuncia no haber sido “ni siquiera consultada” y recuerda a la Institución central que es titular de las competencias en materia de ordenación del territorio, por lo que entiende que la decisión del Gobierno que dirige Mariano Rajoy “vulnera la autonomía con la que Canarias debería poder ejercer esta competencia”.
En concreto, la decisión del Consejo de Gobierno se refiere al Real Decreto 600/2012, de 30 de marzo, por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado.
El Real Decreto, que ya ha entrado en vigor, afecta a un total de 4.205 hectáreas, dentro de las cuales se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional, por lo que a partir de esta semana será necesaria la obtención de una autorización del Ministerio de Defensa para cualquier ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar del campo de tiro, señala el la Administración canaria.
También habrá que someter a autorización previa del Ministerio la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.
A estos condicionantes para el desarrollo de actividades socioeconómicas en el área afectada, se une además la “imposición” por la que el Gobierno central, a través del departamento de Defensa, debe autorizar con carácter previo cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios, o cinegéticos de los territorios afectados.
“Por estas razones y su imposición sin abrir al menos un proceso de consultas previas”, el Gobierno de Canarias entiende que la decisión de la Administración española puede suponer “una intromisión en la competencia de decisión sobre su propio territorio”, de donde se deriva la decisión del Consejo para que los Servicios Jurídicos estudien qué respuesta legal cabe dar a esta imposición del Gobierno del Estado.
