Construida sobre una finca que no pertenecía a la promotora que se la vendió, edificada en parte en suelo protegido y ampliada sin licencia de obras, la vivienda de la presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Ástrid Pérez, en la urbanización de La Bufona del municipio de Arrecife, sigue en pie casi cuatro años después de que el Gobierno de Canarias ordenara su demolición parcial, una decisión que nunca fue recurrida por la dirigente conservadora y que, por lo tanto, es firme.
En el último año ha sido objeto, además, de una extraña alteración en el Catastro que no afectaba a las otras 13 viviendas ilegales de la misma urbanización. El propietario de los terrenos y denunciante del caso, Gonzalo Murillo, detectó el pasado mes de abril que la parcela de Pérez era la única que había sufrido una modificación en las inscripciones catastrales, con un aumento de la superficie construida en la finca -de 203 a 240 metros cuadrados- y un cambio de uso del suelo -de agrario a residencial-, variaciones ambas beneficiosas para la popular.
La advertencia de Murillo provocó la reacción inmediata del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que optó por hacer desaparecer del mapa, literalmente, las 14 edificaciones sentenciadas. El dueño de los terrenos de La Bufona llevó los cambios registrados en la base de datos del Catastro a la Fiscalía. En un reciente decreto, el Ministerio Público ha archivado las diligencias abiertas a principios de año al no ver delito en esta actuación. Murillo, por su parte, ha remitido un escrito al Fiscal Superior de Canarias en el que solicita la intervención de la Inspección de la Fiscalía General del Estado para investigar la actuación de los representantes del Ministerio Público, al apreciar “una renuencia desde la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Las Palmas a promover la persecución de posibles delitos”.
Es, hasta el momento, el último episodio de una historia alambicada que comienza en abril de 1999, fecha en la que Ástrid Pérez y su entonces pareja compraron la finca por 20 millones de pesetas a Brisa Inversiones. Dos de los promotores -el tercero falleció- acabarían siendo condenados a seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, al construir parte de las viviendas sobre suelo no urbanizable (rústico de protección de jable).
Según los datos del Registro de la Propiedad, la finca comprada por la presidenta del PP de Lanzarote tenía 380 metros cuadrados, con 96 de superficie edificable. Sin embargo, el chalet tiene ahora más de 200 metros cuadrados construidos en una parcela de 572.
Siendo ya la presidenta del PP de Lanzarote su propietaria, tras haber suscrito una hipoteca por valor de 35 millones de pesetas (15 más del precio de compra), en la vivienda se acometieron una serie de obras que invadían suelo rústico de valor natural ecológico. En concreto, se trataba de la construcción de muros, una piscina de 36 metros cuadrados, una edificación adosada al lindero de 42 metros cuadrados, la ampliación de la casa en más de 11 metros cuadrados y la pavimentación del patio trasero en unos 43 metros cuadrados.
Todo ello al margen de las licencias concedidas en 1993 y 1996 y del proyecto de ejecución, según acreditaron los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias que ordenaron la demolición parcial de la vivienda en enero de 2013.
Ástrid Pérez había alegado que las obras fueron realizadas cuando adquirieron la finca y al amparo de los permisos, un argumento que fue rebatido por la agencia. “Lo cierto es que la adquisición en el año 1999 les otorga la condición de propietarios desde la ejecución de las obras, que comienzan en 1997, por lo que no sólo les afectaba la orden de suspensión (de las obras) directamente, sino que en las fotos de vuelos sucesivos se observan cambios notables en la ocupación de la parcela que nada tienen que ver con lo proyectado, por lo que la obligación de restaurar (la realidad física alterada, mediante demolición) les afecta siquiera de una manera, si cabe, más plena, por lo que la obligación de restablecer es absolutamente imputable tanto en conceptos de adquirentes (de la vivienda) como de promotores de las obras”, rezaba una resolución de la Apmun fechada dos años antes de la orden definitiva de derribo de la casa.
Sin embargo, la presidenta del PP conejero se libró de una multa porque la agencia no llegó a abrir un procedimiento sancionador por una infracción urbanística de carácter muy grave. En 2011, la Apmun dictaminó que la infracción contra la ordenación del territorio había prescrito (el plazo de prescripción es de cuatro años) y que sólo quedaba pendiente la acción tendente a exigir la restauración de la realidad física alterada.
La orden de demolición dictada por la Apmun data de enero de 2013. Ni Ástrid Pérez ni otros dos propietarios la recurrieron, por lo que la resolución adquirió firmeza. Sin embargo, casi cuatro años después, la agencia sigue sin ejecutarla. Alega cuestiones de “racionalidad técnica y eficiencia” para rechazar el derribo de los chalets de forma individualizada y advierte de “la dificultad que conllevaría tener que llevar a cabo las demoliciones ya firmes, una a una” por su elevado coste. Es decir, espera a que se resuelvan todos los recursos que aún se tramitan en los juzgados para cumplir con su propia resolución, al entender que las 14 viviendas ilegales conforman un bloque.
Esta justificación le ha costado a la agencia el reproche del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, que ha amenazado con llevar el asunto a la Fiscalía y ha recordado al organismo del Gobierno canario que esa acción no le ocasionará ningún gasto, puesto que deben ser “los propios incumplidores” quienes paguen el derribo. “No hay excusa ninguna”, concluye en un escrito redactado este verano.
Ástrid Pérez, al igual que el resto de propietarios de La Bufona, ha descargado la responsabilidad en los promotores, pero no los ha denunciado.
El embrollo del Catastro
Las alteraciones en el Catastro enredan aún más el embrollo que envuelve a la casa de la dirigente popular. Hasta 2008, los chalets de La Bufona no figuraban en su base de datos y los propietarios estaban exentos, por tanto, de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ese año se produjo la primera modificación, con el alta de esas viviendas en una calle que no existía, Chubasquillo (el nombre real es Chabusquillo).
Esta alteración se realizó sin que nadie lo solicitara y sin comunicarlo ni dar audiencia a los legítimos propietarios de los terrenos. La familia Murillo recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), que le dio la razón en 2010. El gerente del Catastro acabaría siendo destituido por modificar el registro de espalda a los dueños. Tres años después, en 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la resolución del TEAR y ordenó reponer la titularidad de las fincas a nombre de los Murillo. Sin embargo, la sentencia del alto tribunal canario no se ejecutaría hasta mayo de 2016, tres años después, a pesar de los reiterados requerimientos de los denunciantes.
Antes, en marzo, la Fiscalía Provincial de Las Palmas había decidido abrir una investigación sobre este primer cambio, unas diligencias que finalmente ha archivado. Así, en un decreto fechado el pasado 9 de septiembre, el Ministerio Público ve indicios de un delito de prevaricación en la actuación de los responsables del Catastro. Sin embargo, entiende que el caso ya ha sido juzgado. Y es que en septiembre de 2008 el Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria había decretado el sobreseimiento libre de otra denuncia formulada por los propietarios de los terrenos donde se levantan las viviendas. Gonzalo Murillo sostiene que nunca recibió una notificación de este archivo, por lo que no lo pudo recurrir ante la Audiencia Provincial.
Fue el mismo denunciante quien detectó el pasado mes de abril la segunda modificación en el Catastro, que en esta ocasión beneficiaba sólo a la vivienda de Ástrid Pérez y que también fue incorporada a las diligencias abiertas por la Fiscalía. Así, en las fichas y planos figuraba un uso residencial para toda la parcela donde se ubica el chalet de la presidenta del PP de Lanzarote, mientras que las otras 13 viviendas afectadas seguían presentando la parte que invade suelo rústico como de uso agrario. Además, registraba una superficie construida de 240 metros cuadrados, cuando un año antes, ya con la orden firme de demolición, figuraba un área de 203 .
Murillo advirtió a principios de mayo de esta situación a la Delegación de Economía y Hacienda. Poco tiempo después, desaparecieron del Catastro de un plumazo todas las viviendas ilegales. Para el denunciante, el objetivo de esta actuación era “hacer desaparecer la singularidad” que afectaba al inmueble de Pérez.
Sin embargo, en su decreto de archivo del pasado 9 de septiembre, la Fiscalía no atisba indicios de delito y sostiene que el actual gerente del Catastro se ha limitado a cumplir la sentencia dictada por el TSJC en 2013, “ejecución que el denunciante solicitaba” desde hacía tres años. Murillo mantiene que esa segunda alteración catastral ha dejado un rastro y entiende que el Ministerio Público se ha mostrado renuente a “promover la persecución de posibles delitos”. Además, considera que el aumento de la superficie construida que apareció reflejado en la base de datos del Catastro entre 2015 y 2016 -de 203 a 240 metros cuadrados- debería dar lugar a la incoación de un expediente sancionador a la presidenta del PP lanzaroteño.