La Audiencia de Cuentas desnuda la gestión poco eficiente del Gobierno de Canarias en 2024

El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) del ejercicio 2024, el más reciente y presentado este martes en sede parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, no ha traído buenas noticias para el Ejecutivo autonómico que lidera el nacionalista Fernando Clavijo, un gobierno que tiene el apoyo de CC, PP, ASG y AHI, con el PSOE, Nueva Canarias (NC) y Vox en las bancadas de la oposición.

En ese informe, el órgano de control externo de la CAC se puede decir que desnuda la gestión ineficiente del Gobierno de Canarias actual, el de la legislatura 2023-27, en lo que corresponde a su primer ejercicio anual completo, el de 2024.

De entrada, el informe de fiscalización de la Cuenta General de ese año subraya el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, algo ya mil veces denunciado por la oposición de NC; confirma una inejecución presupuestaria (89,8%) de 1.285 millones respecto a la cuantía final disponible en los Presupuestos de 2024 (el 4% por encima de los de 2023), la cantidad finalmente no gastada, y además ratifica el bajísimo resultado en el consumo de los fondos Next Generation (2021-26), solo el 20,7% del disponible en el año de referencia y también otro de los caballos de batalla en la crítica constante de NC.

A continuación, se detallan todos esos aspectos sin duda centrales en el informe de la ACC ya identificado, todo ellos relacionados con la gestión pública presupuestaria y además muy vinculados a capítulos como la tramitación de subvenciones y de las inversiones públicas. Veamos los detalles…, siempre según lo recogido en esta fiscalización o auditoría presentada por la ACC.

Al término del ejercicio 2024, según datos de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicado por el Ministerio de Hacienda, los resultados logrados en términos de contabilidad nacional (SEC 2010) y en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública por parte de la CAC fueron los siguientes:

-El superávit público fue de 144 millones de euros; esto es, el 0,25% del PIB regional (en 58.289 millones para 2024). Ello supone una desviación del más 0,2% respecto al objetivo fijado, en el 0% del PIB canario.

-A efectos de la regla de gasto, hay que señalar que la variación del gasto computable en el ejercicio 2024 ha registrado una tasa de variación del 7,6%, con lo que supera la tasa media de variación fijada para las comunidades autónomas en 2024, del 2,6%. Por lo tanto, en 2024 la CAC incumplió el objetivo de regla de gasto, por lo que “se deberá ajustar a las medidas automáticas de corrección contempladas en el artículo 20, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a la formulación y presentación de un plan económico-financiero conforme al artículo 21 de la misma ley, el conocido como Plan de Ajuste. Durante 2024, se emitió informe de la AIReF, publicado el 17 de julio de ese año, donde se alertó de un posible incumplimiento de la regla de gasto y se recomendó que Canarias ”vigilara la ejecución de su presupuesto adoptando las medidas que estime pertinentes (…)“, algo que, por lo visto, no ocurrió.

-Canarias tiene limitado el crecimiento de sus gastos no financieros por la aplicación que se viene realizando de la regla de gasto prevista en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero sus ingresos fueron superiores a esa cantidad, por lo que no se podrán aplicar a gasto no financiero, incurriendo así nuevamente en un superávit.

-La deuda pública registrada al cierre del ejercicio 2024 se situó en 6.569 millones de euros, cifra que representa el 11,3% del PIB regional, valor por debajo del máximo de endeudamiento fijado por el Estado para las comunidades autónomas, en el 21,7%.

-Los presupuestos generales de la CAC para 2024 se elaboraron con unas previsiones de incertidumbre respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria al no estar publicados los datos oficiales, que, finalmente, fueron los contenidos en el programa de Estabilidad Presupuestaria 2023-2026. En la CAC, se estimaron unos créditos iniciales para gastos no financieros de 11.301 millones de euros (capítulos del I al VII), luego incrementados hasta alcanzar un crédito final de 12.637,7 millones (más del 4% respecto a los del 2023). La ejecución fue del 89,83%, con una inejecución cifrada en 1.284,9 millones de euros (1.087,8 millones la de 2023).

-La recaudación de ingresos también superó las expectativas iniciales ya que la falta de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 trajo como consecuencia que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no comunicara a las CCAA las entregas a cuentas para 2024 de los recursos del sistema de financiación de las comunidades de régimen común (SFA), ni la previsión de liquidación de 2022, lo que dificultó su concreción en los Presupuestos canarios para 2024.

-La ejecución global de los proyectos financiados con los fondos Next Generation referentes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fue del 22,24% en 2024, frente al 37,73 % del ejercicio 2023. El MRR, en la Administración de la CAC, ha tenido un grado de ejecución del 20,62% en el ejercicio 2022, 32,34% en 2023 y 20,74% en 2024. El saldo del crédito definitivo (presupuesto no gastado) correspondiente al conjunto de las dotaciones del MRR en las secciones de la CAC ascendió a 690,5 millones de euros. Hay que justificar los recursos aún disponibles antes del 31 de agosto próximo.

-El grado de ejecución presupuestaria de los créditos del capítulo VI (inversiones reales) de la CAC se situó en el 52,35%, inferior al del ejercicio 2023 (58,53%) y muy por debajo de la media del resto de los capítulos de gastos, en el 91,08%. En cifras absolutas, es un ejercicio con un volumen total de gastos en inversiones de 415,7 millones de euros sobre un crédito de 794. Destaca la baja ejecución en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (42,56%), y en Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes (53,82%).

-Se han dictado resoluciones para declarar la procedencia del reintegro en materia de subvenciones por un importe de 14,8 millones de euros, lo que representa el 4,4% del importe de las pendientes de justificar (336,4 millones). Existe el riesgo de la no recuperación de 110,6 millones de euros, dinero público correspondiente a las subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido y con antigüedad anterior al 31 de diciembre de 2020.

-Las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, el que regula en el ámbito de la CAC la concesión de la línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, explican la mayoría del importe pendiente de justificar con plazo vencido, si bien cabe señalar el avance en el estado de la comprobación de la justificación a 30 de junio de 2025, con 8,1 puntos porcentuales más de los justificados con resolución.

Nueva Canarias habla de “colapso”

Tras la presentación del informe de la Cuenta General de la CAC para 2024 este martes en el Parlamento de Canarias, acción desarrollada por el presidente del órgano de control externo canario, Pedro Pacheco, el secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos (líder de uno de los tres partidos en la oposición en la Cámara regional, junto con el PSOE y Vox), sostuvo que la Audiencia de Cuentas de Canarias ha certificado el “colapso” de la capacidad de gestión de Gobierno presidido por Fernando Clavijo, un Ejecutivo que “dispuso de más recursos que nunca, que ejecutó menos, que incumplió las reglas fiscales y que obtuvo peores resultados”.

Campos aseguró que el informe de fiscalización de la Cuenta General de 2024 es una “OPA hostil, desmonta con datos” el discurso de las dos derechas canarias (CC y PP) de “autocomplacencia y de eludir sus propias responsabilidades”. Campos afirmó que el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma “ratifica, punto por punto,” todas las críticas que NC-BC ha realizado durante la legislatura, “a pesar de los intentos de silenciar a la oposición nacionalista”.

“Lo denunciamos nosotros y lo dice la Audiencia de Cuentas, después de que también lo hayan advertido organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Ministerio de Hacienda”, recordó Campos.

La diputada del mismo partido Esther González además insistió en la confirmación del incumplimiento de la regla de gasto en 2024 (también ya confirmado en 2025), lo que “obliga” al Gobierno a presentar un plan económico-financiero con un ajuste de 445 millones de euros, unas medidas que tendrán consecuencias en forma de recortes en los próximos años, 2026-27, con impacto sobre todo en los servicios públicos esenciales y en la capacidad inversora. Esos recursos financieros “no podrán destinarse a vivienda, a reducir listas de espera y conflictos laborales en sanidad, dependencia, educación o a infraestructuras necesarias”, lamentó.

A su vez, González expuso que, “detrás de cada inversión sin ejecutar, hay una obra que se retrasa, una infraestructura que no llega y una necesidad de la ciudadanía ”sin respuesta“. Las inversiones en 2024 cayeron respecto a 2023 y prácticamente la mitad se quedó sin ejecutar, recalca.