El Gobierno de Canarias anuncia las primeras indemnizaciones a los hoteleros por las moratorias turísticas

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado que el ejecutivo regional ha aprobado el primer pago de 253 millones de euros de las indemnizaciones generadas por las moratorias turísticas, que ha cuantificado en 316 millones, intereses aparte.

Los intereses de ese primer pago ascienden a 7,5 millones, con lo que la cuantía final podría aumentar hasta los 326 millones, aproximadamente.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Miranda ha valorado la reducción de la cuantía de las indemnizaciones en comparación con lo que reclamaban los hoteleros y empresarios litigantes, 652 millones de euros.

Miranda ha recalcado que el actual ejecutivo “no creó el problema ni dictó las sentencias” que han derivado en estas indemnizaciones a raíz de “la llamada moratoria, que no es una sola norma sino un conjunto de decisiones con un objetivo común: frenar el desarrollo turístico”.

Ha rememorado que todo se remonta a dos decretos aprobados en 2001 y que fueron anulados por los tribunales, y con la ley de medidas urgentes mientras se elaboraban las directrices de ordenación, y que en ese periodo transitorio se generó “la primera batalla judicial”.

Luego, en un “escenario de gran inestabilidad”, se aprobó en 2009 la ley de medidas urgentes en la que se introdujo la posibilidad de desclasificar suelo edificable a rústico a cambio de una indemnización, lo que dio pie a 54 reclamaciones, de las cuales el Tribunal Supremo dio la razón a 36.

Sin embargo, cabe destacar que fue el Gobierno de Paulino Rivero (Coalición Canaria) el que, en ese año, introdujo cambios en la moratoria turística aprobada en la legislatura anterior, abriendo la puerta precisamente a reclamaciones judiciales por parte de los hoteleros, como después ocurrió, cuando llegaron decenas de demandas.

Miranda ha recalcado que el importe de lo reclamado ascendía en origen a casi 1.000 millones de euros, contando intereses, y que durante el periodo de negociación que ha desembocado en una serie de acuerdos extrajudiciales se ha conseguido determinar una cifra “muy inferior” que, de paso, cierra la reclamación judicial de los demandantes.

El consejero ha asumido que al actual ejecutivo le ha correspondido “asumir las consecuencias de actuaciones anteriores”, que ha considerado todas “de buena fe” y en línea con la exigencia de la ciudadanía de poner límites al crecimiento.

Ahora bien, ha recalcado que “las moratorias hay que hacerlas bien”, y como ejemplo ha citado a Fuerteventura, donde entre 2001 y 2003 “se desclasificaron muchas camas”, como en Majanicho en un pleno “a las seis de la mañana con los ecologistas en pijama, y se metió a capón”.

Luis Campos (NC) ha exigido contar con toda la documentación al considerar estos acuerdos extrajudiciales como “una de las decisiones más relevantes” de la actual legislatura y con la idea de “desmontar mentiras, engaños y bulos” relativos a que el origen de todo se remonta a las leyes de moratoria de 2001 y 2003.

Al contrario, ha asegurado que todas derivan del artículo 17.1 de la Ley 6/2009.

Campos ha expresado sus “serias dudas” de que el Gobierno de Canarias se haya batido en esta negociación “como un jabato, como un titán”, en la defensa de los intereses colectivos.

Es más, la considera “una rendición absoluta” porque a los demandantes “le das todo lo que te piden y le dejas el suelo con los mismos derechos urbanísticos que tenían con anterioridad”.

En la misma línea, Nayra Alemán (PSOE) se ha quejado de que “además de indemnizar se permite desarrollar ese suelo al promotor”, con lo que “pagamos dos veces”.

Alemán ha preguntado cuántas plazas nuevas pueden dar pie estos acuerdos judiciales, y le ha reprochado su contradicción cuando habla de “sostenibilidad y límites”, al tiempo que “abre la puerta a más hoteles y turistas”.

Manuel Miranda ha esgrimido que si en los acuerdos extrajudiciales se hubiera dejado de lado la parte territorial “menudo problema” se le habría generado a los ayuntamientos, que habrían de asumir 36 modificaciones para en cinco años reclasificar el suelo y automáticamente volver a clasificarlos.