Condenado por fraude fiscal en obras vinculadas al PGO
El abogado Leopoldo de Miguel Celdrán que fue el responsable de asesorar sobre el diseño de la expansión de nueva Santa Cruz en el área de Cabo Llanos y de la remodelación del antiguo Hotel Quisisana ha sido condenado a nueve meses de prisión y al pago de 315.000 euros por fraude fiscal en el cobro de los honorarios de estas y otras obras encuadradas en el Plan General de Ordenación (PGO) actualmente en vigor.
El letrado constituyó en el año 1997 junto con el arquitecto, Manuel Marrero del Toro, una sociedad denominada Arquitectura y Derecho SA que tan sólo tuvo nueve meses de vida. En ese momento la actuación más importante que se les encargó por la reordenación del área de Cabo Llanos donde anteriormente se situaba parte de la Refinería. Una iniciativa que suponía una inversión global de 36 millones de euros.
La Audiencia considera probado que tras quedar como único socio de la empresa los arquitectos cobraron sus honorarios a través del colegio oficial mientras que el acusado giraba los recibos a nombre de Arquitectura y Derecho SA, incluso después de que esta entidad ya había quedado disuelta. “Esta estructura societaria le sirvió de tapadera para emitir facturas a nombre de la empresa cuando en realidad eran pagos correspondientes a las minutas de honorarios por su actividad como abogado especializado en urbanismo y por cuyos ingresos tenía que declarar ante la Hacienda Pública”. La Audiencia ha podido así demostrar que el abogado cobró 342.000 euros, por un lado, 30.000, por otro por los trabajos realizados a Cepsa y la escuelas Pías y 4.000 en concepto de jubilación lo que supone un fraude a la Hacienda Pública de 180.000 euros.
Por ello en primera instancia se le condenó al letrado a un año de cárcel y multa de 357.000 euros a lo que había que sumar otros 180.000 euros en concepto de responsabilidad civil por impago del Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas (IRPF) del año 1998. En su defensa el abogado indicó que estas cantidades las había ido cobrando de forma progresiva y no de una sola vez en este último ejercicio.
Sin embargo, la Audiencia también tiene en cuenta las dificultades a las que tuvo que enfrentarse para notificar las resoluciones al acusado ya que éste se negaba a recoger las citaciones del juzgado tanto en su domicilio como en su despacho en Madrid. En segunda instancia hace un año se rebajó la pena a nueve meses de prisión y al pago de 135.000 euros a la vez que se mantuvo la responsabilidad civil por 180.000 euros.
El otro socio de Arquitectura y Derecho SA era el arquitecto Manuel Marrero del Toro quien este miércoles dijo que consideraba al letrado, “un estupendo profesional” y lamentó el contenido de la sentencia ya firme. Indicó que cuando tuvieron que diseñar el área de expansión de Santa Cruz se enfrentaron al problema de que debían dar solución a un área de más de 400.000 metros cuadrados. Por ello, se optó por edificar edificios de gran volumetría lo que ha dado lugar a críticas por parte de profesionales de la arquitectura que califican a estas obras de mazacotes. “Es la pescadilla que se come la cola, no nos quedaba más remedio que tomar una decisión como esta o apostar por pocos edificios de grandes dimensiones o llenar todo el área de edificaciones pequeñas”.
No mucha mejor suerte corrió el proyecto de remodelación del Hotel Quisisana ocupado por las escuelas Pías. En primera instancia el Juzgado ordenó la demolición del edificio construido en el jardín al tratarse de un inmueble y un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En segunda sin embargo se anuló este fallo judicial que un grupo de historiadores anunció que recurriría ante el Supremo al considerar que la ejecución de las obras supusieron un atentado al Patrimonio Histórico de Santa Cruz.
