Un juzgado abre diligencias por contaminación en Costa Papagayo e imputa al empresario Juan Francisco Rosa
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha abierto diligencias e imputado un presunto delito contra el medio ambiente al presidente del Plan Parcial de Costa Papagayo, el empresario hotelero Juan Francisco Rosa Marrero, por la situación en que se encuentra desde hace al menos tres años la depuradora de su urbanización turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. La denuncia ha sido presentada por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo lanzaroteño.
El procedimiento 942/2007 del juzgado de instrucción número 3 lanzaroteño deberá determinar las responsabilidades judiciales tras los estudios y análisis realizados por técnicos del Gobierno, que detectaron desde 2005 la presencia de vertidos de aguas fecales en la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, y determinaron la pésima situación en la que se encuentra la planta depuradora de Costa Papagayo.
La documentación que obra en poder del juez instructor y a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA concluye en un informe realizado por una técnico inspector de Salud Pública del Área de Salud de Lanzarote, que en Montaña Roja “continúan existiendo graves problemas de vertidos a pozos muy próximos a la costa y sometidos a la influencia de las mareas, así como en abundantes ocasiones vertidos directos a los barrancos, a la costa y que en ocasiones desembocan en las playas”.
El informe, que data de marzo de 2007, determina que la situación en Montaña Roja conlleva un “peligro para la salud pública”, a pesar de que “existe ya una planta depuradora en esa urbanización, a la que al parecer no se han establecido los enganches necesarios por parte de los establecimientos” de la zona.
La inspectora de Salud Pública del Gobierno de Canarias en Lanzarote alerta del “peligro sanitario debido a la existencia de numerosos pozos de captación para producción de agua para consumo humano y numerosos pozos de vertidos de aguas, que en muchos casos son aguas residuales brutas”, por lo que requería la actuación urgente de los organismos competentes.
Rosa Marrero solicitó que investigaran otras depuradoras cercanas
El amplio informe alerta de que “el agua almacenada tras el proceso depurativo presenta gran cantidad de sólidos de color negro en suspensión”, presenta además un “crecimiento de microorganismos indicadores de contaminación fecal desmesurado, turbidez y presencia de sólidos en suspensión”, a la vez que gran parte de ese agua “residual fecal es reutilizada para el riego de jardines de varios complejos de la urbanización”.
Ante esos hechos, el verano pasado el Consejo Insular de Aguas al presidente del Plan Parcial, Rosa Marrero, en el que se le requería la paralización de las instalaciones de depuración y la reutilización de las aguas, la legalización de la depuradora y se advertía con la puesta en conocimiento de estos hechos a las administraciones públicas la autoridad judicial.
La respuesta del empresario fue celebrar la inspección realizada y acto seguido “denunciar y dejar constancia que también hicieran el mismo trabajo” con otras depuradoras cercanas a la suya, una pública situada en la carretera de San Bartolomé y otra, “a cien metros de la nuestra”, en la carretera de Playa Blanca a Femes.