El Gobierno canario ofrecerá un modelo de financiación pública estable a los agentes del tercer gestor que gestionen servicios sociales, con los que prevé firmar convenios plurianuales con el fin de dar seguridad a los proyectos que desarrollan.
Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo regional, que estima sacar la próxima semana a consulta pública el informe justificativo previo de la iniciativa reglamentaria reguladora del concierto social.
El director general de Derechos Sociales, Jonás González, ha informado de que “este trámite inicia el proceso reglamentario que permitirá a las administraciones públicas realizar acuerdos con las entidades del tercer sector, garantizando su financiación plurianual, lo que asegura la continuidad de los programas y la estabilidad laboral del personal técnico que los gestiona”.
La Consejería entiende que esta nueva forma de proceder “repercutirá positivamente en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”. “Hasta la fecha, y ante la falta de regulación, muchos de los servicios básicos están siendo prestados por entidades del tercer sector por la vía de las subvenciones”, ha referido.
El objetivo del nuevo Gobierno canario es avanzar en el desarrollo normativo de los servicios sociales, asegurando su estabilidad y la de su personal y garantizando la calidad y los derechos de las personas. Todo ello basado en los principios de transparencia y libre concurrencia de las entidades sociales que quieran optar a prestarlos, ha aclarado el director general de Derechos Sociales, quien ha invitado a ciudadanía y entidades sociales a participar del proceso de exposición pública al objeto de enriquecer el texto.
Para el desarrollo de esta iniciativa, el departamento de Derechos Sociales creó una subcomisión técnica en la que se ha contado con multitud de aportaciones de las entidades sociales que están trabajando codo con codo con la administración pública en el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales.
La entrada en vigor de esta normativa establece que las prestaciones y servicios contenidos en el catálogo son un derecho subjetivo y, por tanto, “reclamable, que las administraciones públicas deben garantizar”, agrega la nota.