El Gobierno canario acusa al Estado de “deslealtad” por exigirle que asuma sus obligaciones con los menores

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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“No entra dentro de la lealtad institucional comunicar las cosas de esta manera”. Así ha respondido la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), a la carta que este miércoles le remitió el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para informarle de que, a partir del 1 de febrero, la Policía Nacional y la Guardia Civil dejarán de trasladar a menores con menores judiciales en las Islas, una competencia que corresponde a la comunidad autónoma.

En esa misiva, el delegado del Gobierno en Canarias recordaba que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido ejerciendo buena parte de esas funciones en los últimos años a la espera de que la Policía Canaria se dotara de recursos suficientes para poder hacerlo.

Además, señalaba que el Ejecutivo regional se comprometió a asumir esas competencias antes de marzo de 2024 tras incrementar de forma notable la plantilla del cuerpo autonómico y que casi dos años después no lo ha cumplido.

Ese compromiso “no consta en ningún lado”, ha dicho este viernes Barreto en declaraciones difundidas a los medios. La consejera incluso ha negado que asistiera a la reunión de noviembre de 2023 donde, según el delegado del Gobierno, pusieron esa fecha límite. “De hecho, se le comunicó un día antes que no podía asistir, por ver si la trasladábamos de fecha o no, y al final decidieron celebrarla”.

Según recoge la carta de Pestana y según ha manifestado también este miércoles el delegado del Gobierno en Canarias en declaraciones a los medios, a esa reunión acudieron, además de la consejera, el director general de Seguridad del Ejecutivo regional, David del Pino Franquet; y los máximos responsables en las Islas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

La consejera ha trasladado la petición del delegado del Gobierno a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para que analicen si esa “decisión unilateral” del Estado “tiene fundamentación jurídica”. “Es una competencia que asume hasta ahora y que tendrán que seguir asumiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional”, ha manifestado Barreto, que ha agregado que la Policía Canaria ya se encarga de esas funciones “en aquellos situos en los que, por disponibilidad de policías, normalmente en Gran Canaria y Tenerife, puede hacerlo”.

“El comunicado nos sorprendió porque creemos que no es la forma de relacionarse con la comunidad autónoma porque, al fin y al cabo, representan al Gobierno de España”, ha añadido la consejera, que insiste en que la carta remitida por Pestana contiene datos “que no son ciertos”.

“Hemos sido muy pacientes”

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha insistido este viernes que ya en 2019, durante la celebración de una Junta de Seguridad, se planteó que la Policía Autonómica asumiera esas funciones que le son propias, pero que en aquel momento el Gobierno regional pidió más tiempo para poder incorporar más efectivos. 

En noviembre de 2023, añadió, se celebró otro encuentro “con la actual consejera Nieves Lady Barreto” y altos cargos de los distintos cuerpos policiales. “Ahí acordamos que en torno al mes de marzo (de 2024) asumirían esa competencia, porque tendrían ya más efectivos. En ese momento no pudo ser, porque se habían retrasado algunas incorporaciones, pero es que han pasado prácticamente dos años desde entonces y se han ido dando largas a los profesionales, a los jefes de los operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional”, ha remarcado Pestana. 

El delegado del Gobierno en Canarias ha remarcado que las competencias en materia de menores con medidas judiciales es de la comunidad autónoma, que tiene “una policía para realizar esos traslados”. Además, ha precisado que, en caso de que así lo requiera la Policía Canaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden colaborar de forma excepcional en estas funciones, previo análisis de la Delegación. 

“Hemos sido muy pacientes”, ha dicho con respecto a la acusación de “deslealtad” de Barreto. “La Policía Canaria tiene muchísimos más efectivos y entra dentro de la normalidad que asuma esa competencia. Es que no tiene que hacerlo el 1 de febrero, es que (debería hacerlo) mañana mismo. Es su competencia y a eso es a lo que nos referimos”, ha concluido. 

Pestana apunta que la Delegación del Gobierno ha dado de plazo hasta el 1 de febrero para que la Policía Canaria “pueda organizar sus efectivos”.