La Agencia Tributaria ha embargado a la empresa concesionaria del servicio de inmovilización y retirada de vehículos del municipio de San Cristóbal de La Laguna, Grúas Poli SL, por una deuda de 76.000 euros con Hacienda. A pesar de ello, el Ayuntamiento regido por Fernando Clavijo (CC) ingresó a la adjudicataria la mensualidad correspondiente al mes de noviembre el pasado 23 de diciembre, tan sólo cuatro días después de que entrara en el registro municipal el requerimiento de embargo de Hacienda, según ha denunciado el sindicato CCOO.
Los trabajadores entienden que el Consistorio no debió haber efectuado el pago a la empresa hasta que quedaran saldadas las deudas tributarias y, por ello, reclaman que se depuren responsabilidades ante lo que consideran un “alzamiento del embargo ordenado por la agencia tributaria”. Fuentes sindicales lamentan el “sigilo” y oscurantismo con el que, a su juicio, ha actuado el gobierno municipal en relación a este requerimiento.
El delegado de CCOO en la empresa, el de personal y un grupo de empleados de la misma han recordado en un escrito dirigido al alcalde, los concejales de Seguridad y Hacienda, el secretario, el interventor y la tesorera municipal que la plantilla continúa sin cobrar las nóminas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a pesar de que José Alberto Díaz, edil de Seguridad, se comprometió en el pleno celebrado el pasado 14 de noviembre a resolver los impagos en la empresa.
El último abono se produjo a finales de diciembre, cuando la plantilla de Grúas Poli percibió la cantidad que aún se le adeudaba del mes de julio y parte del salario de agosto.
Preferencia de cobro
Por otra parte, los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de grúas han presentado ante la Agencia Tributaria una solicitud para que las nóminas tengan preferencia de cobro frente a la totalidad del embargo de Hacienda. Los empleados ya cursaron una petición similar el pasado 5 de diciembre, aunque en aquella ocasión se refirieron al otro embargo que pesa sobre la empresa, el de la Seguridad Social, que asciende a 33.000 euros.
El embargo de Hacienda es de momento el último capítulo de un conflicto que se inició en 2011 con la polémica compraventa de la empresa, una operación que ha acabado en los juzgados. El antiguo administrador de la sociedad, J.P., denunció en septiembre ante la Guardia Civil que había sufrido presiones del alcalde para vender la compañía a siete trabajadores que mantenían “una vínculación directa o indirecta” con Clavijo.
Los juzgados también investigan si los propietarios de la empresa de grúas sustrajeron piezas de vehículos que se encontraban en el depósito municipal para su posterior venta.
Un grupo de empleados de Grúas Poli llevó a los tribunales en febrero de 2013 las presuntas irregularidades e incumplimientos del pliego de condiciones de la concesión, entre ellos operar sin la obligatoria tarjeta de transporte. A este respecto, la Policía Local de Aguere ha cuestionado la legalidad del servicio prestado por la adjudicataria.
''Extraño comportamiento“
Agustín Guerra y Susana Fernández, concejales del PP en el Ayuntamiento de La Laguna, así como Ignacio Viciana, de SxTF-Equo, lamentan que el gobierno municipal haya rebajado en 210.000 euros (de 860.000 a 600.000) el canon anual que paga a Grúas Poli SL, una reducción que, en su opinión, “pone en riesgo muchos puestos de trabajo”. Los ediles en la oposición recuerdan que los ingresos por la tasa del servicio rondaron los 750.000 euros en 2012.
“El gobierno municipal no hace otra cosa que ignorar la realidad”, afirman en una nota de prensa los concejales del PP y SxTF Equo, que piden explicaciones sobre el “extraño comportamiento” del Ayuntamiento en relación a los embargos, las deudas y las denuncias judiciales que afectan a la empresa de grúas.