Clavijo deja ahora en manos del Gobierno saliente de Sánchez la limitación a la compra de vivienda por extranjeros

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha avanzado este martes que ya ha entablado contactos con las formaciones políticas representadas en la Diputación Permanente para pulsar la “voluntad” de que se pueda aprobar el decreto que incluya la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros en el archipiélago.

“Si se quiere se va a poder llevar”, ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del pleno del Parlamento en la que ha comentado que su Ejecutivo ha redactado un decreto-ley y se lo ha trasladado al Gobierno central dado que hay que intervenir también en la oferta y en las islas, y un tercio de las compras de inmuebles recaen en población extranjera.

Pese a ser un problema que lleva años tratándose en las administraciones canarias (con incluso dos comisiones parlamentarias sobre reto demográfico) es ahora, a mes y medio de unas elecciones y con las cortes disueltas, cuando el Gobierno de Clavijo traslada el asunto al Gobierno central.

El presidente ha insistido en que se debe actuar sobre “oferta y demanda” salvo que se quiera implantar un “sistema comunista dictatorial”, y ha incidido en las dificultades que tiene Canarias ante un crecimiento de la población en más de 500.000 personas en 25 años y, además, de forma “desigual”, con 48 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha comentado que Canarias “no puede seguir creciendo de forma infinita” porque los recursos naturales y el suelo son limitados la “paciencia” de los canarios “tampoco es infinita”.

Hay que recordar que Coalición Canaria ha votado en el Parlamento regional en diversas ocasiones en contra de propuestas realizadas por otros grupos parlamentarios para limitar o controlar el acceso a la vivienda por parte de extranjeros, y que el propio Clavijo descartó cualquier medida encaminada a gravar con impuestos la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, como había propuesto su compañero de partido Carlos Alonso cuando se postuló a las elecciones europeas. Alonso tambien propuso un gravamen a los nuevos residentes, pero Clavijo descartó, solo 24 horas después de los comicios, todas estas medidas tras aquellas elecciones, en las que CC no sacó ningún escaño en Bruselas.

La eterna promesa: limitar la compra de viviendas

Una de las medidas más demandadas durante las protestas de los últimos años contra el modelo de desarrollo de las Islas, basado en el turismo de masas, fue la limitación de la compra de viviendas a extranjeros no residentes. Era abril de 2024. Poco después, el presidente regional recogió esa demanda y la incorporó a su discurso durante un pleno en el Parlamento de Canarias celebrado en mayo de ese año. “Es el momento” de negociar con la Unión Europea la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de los extranjeros en Canarias, afirmó.

La pregunta sobre el tema la hizo su propio partido, como ahora, y, en su respuesta, Clavijo anunció que su Gobierno ya había encargado los estudios jurídicos pertinentes para poder explicar su propuesta a la nueva Comisión Europea que surgiera de inminentes comicios (que se celebraron poco después). De esos estudios jurídicos no hay aún ninguna noticia.

Ese anuncio se hizo dos semanas después de que todos los partidos que forman o apoyan al Gobierno de Clavijo (Coalición Canaria, PP, ASG y AHI) votasen en contra de una moción presentada por NC-BC que recogía precisamente la adopción de medidas para limitar la compra de viviendas a extranjeros.

Casi un año más tarde, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria celebrado en el mes de marzo de 2025 Clavijo repitió el anuncio, como si fuera algo nuevo. Hay que poner “sobre la mesa la necesidad de que se establezcan límites en la adquisición de viviendas por parte de no residentes, al igual que ya se hace en algunas islas europeas”, señaló.

Pero quien quiera medidas, que mire a Bruselas, vino a decir. Ahora traslada el asunto a la Diputación Permanente previo paso por el Gobierno central, que está ya en tiempo de descuento antes de las elecciones de noviembre.