Suspendida la primera jueza del caso Reparos por dejar causas paralizadas más de once años y perder expedientes
Dos acontecimientos se cruzaron en abril de 2023 en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna. A principios de mes, la magistrada titular, Ana Serrano-Jover, dictaba el primer auto de archivo del caso Reparos, su causa más mediática, que investigó a exalcaldes y altos cargos municipales por prorrogar centenares de contratos vencidos de servicios públicos obviando las advertencias de ilegalidad del interventor. Por esas mismas fechas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició una inspección rutinaria que acabó destapando el descontrol en ese juzgado. Hasta 25 expedientes judiciales habían desaparecido y decenas de causas llevaban años paralizadas. En algún caso, más de once.
Ese hallazgo derivó en un expediente disciplinario contra la magistrada. El órgano de gobierno de los jueces le impuso cinco meses de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención a sus competencias. Ana Serrano-Jover llevó esa decisión del Poder Judicial al Supremo. Y el alto tribunal, en una sentencia dictada el pasado marzo, dio firmeza a una sanción que todavía no ha cumplido. “Se está en trámite de dar ejecución al acuerdo”, han informado a este periódico fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que añaden que la jueza, que en la actualidad está destinada en el juzgado de primera instancia 7 de La Laguna, acaba de reincorporarse tras una baja.
Ana Serrano-Jover ejerció en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna desde noviembre de 2005 hasta septiembre de 2023. En la visita rutinaria cursada cinco meses antes de su marcha, los inspectores del CGPJ no lograron localizar 25 expedientes penales tras buscarlos en armarios, mesas, archivos y despachos. El sistema informático del juzgado dejó rastro expreso de que los documentos físicos estaban en poder de la magistrada, con anotaciones de funcionarios como “las tiene SSª” (su señoría). En algunas de esas causas con papeles extraviados, era la propia jueza quien había dictado providencias en las que ordenaba que las actuaciones quedaran sobre su mesa “a fin de resolver”.
Al margen de esa “desaparición o falta de localización” de autos, la Unidad Inspectora Penal del Poder Judicial detallaba en su propuesta de sanción una minuciosa relación de las causas paralizadas en ese juzgado. En un número significativo de procedimientos no se había movido un papel en cinco años. En algunos casos, “incluso más de diez”. Entre esos procedimientos no se cita el caso Reparos.
Una causa secreta paralizada tres años y medio
A modo de ejemplo, una causa secreta desde 2016 llevaba estancada desde noviembre de 2019, “tres años y medio sin control ni movimiento”. Los inspectores también encontraron un auto de archivo redactado en junio de 2016 que nunca había sido firmado ni notificado; una providencia convocando una rueda de reconocimiento paralizada casi ocho años, o un exhorto para que un médico forense evaluara la imputabilidad de un investigado que llevaba año y medio sin tramitarse. En una causa de 2012 sólo figuraba el auto inicial. En otra, la última actuación era un informe forense también de 2012, de hacía, por tanto, más de once años.
El CGPJ también detectó que un funcionario de tramitación guardaba un legajo con escritos e informes retenidos al margen desde 2018 y que había cinco causas pendientes de incoar.
En total, ese juzgado sumaba más de treinta diligencias previas con paralizaciones superiores a un año; siete procedimientos abreviados (la fase previa a la apertura de juicio oral) con dilaciones “de varios años” y también “parones acumulados de varios años en un número significativo” de expedientes de delitos leves.
La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial le impuso la sanción el 15 de octubre de 2024 y el pleno rechazó su recurso de alzada el 23 de abril de 2025.
La defensa de la magistrada: digitalización y alto rendimiento
En su escrito de oposición, firmado por el abogado Agustín Azparren, Ana Serrano-Jover alegó que llevaba más de veinte años ejerciendo como jueza, que había pasado varias inspecciones “sin ningún problema” y que la custodia de los autos no le correspondía. La magistrada sostenía también que no puede hablarse de extravío de expedientes judiciales cuando están “completamente digitalizados” y alegaba “falta de culpabilidad”, puesto que se le había impuesto la sanción “por el mero resultado” (por la parálisis de procedimientos y la falta de localización de documentos físicos) sin atender a su conducta o su responsabilidad. en esos hechos.
La jueza calificaba de “desproporcionada” la sanción de cinco meses de suspensión y precisaba que había cobrado complementos de productividad, lo que a su juicio demostraba su alto rendimiento.
El Poder Judicial fija para cada juzgado el llamado módulo de entrada, la cifra de asuntos nuevos que puede asumir en un año con una carga de trabajo óptima. Si recibe más del 100%, está sobrecargado. Según el servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces, el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna registró un 91% en 2021; un 96% en 2022 y un 94% en el primer semestre de 2023. Es decir, no estuvo desbordado en ese periodo.
Además, existe un indicador que mide el rendimiento de los magistrados, el número de asuntos que deben resolver al año. Ana Serrano-Jover alegó que en 2021 resolvió el 127% de lo exigido; en 2022 el 108%, y en 2023 (el año de la inspección), el 90%. Con estos datos, la magistrada defendió que no hubo desidia en su trabajo durante ese periodo.
La primera jueza instructora del caso Reparos sostenía, además, que el CGPJ carece de legitimidad para sancionar a los magistrados, porque sus vocales los elige el Parlamento y no los compañeros de carrera, y cuestionó la imparcialidad de un órgano en el que los miembros de la Comisión Disciplinaria forman parte también del pleno.
La Abogacía del Estado, que representó en este procedimiento al CGPJ, replicó que superar los módulos de rendimiento no exime a la jueza de su responsabilidad en “una situación de descontrol y abandono generalizado” en un órgano judicial donde se desatendían causas y se perdían autos.
En la resolución sancionadora, el Poder Judicial calificaba lo ocurrido de “descontrol, inhibición absoluta y desidia”. Incidía en que ese juzgado no soportaba una carga excepcional de asuntos y que tampoco había procedimientos de especial complejidad que dificultaran la tramitación.
Sentencia del Supremo: “Negligencia o voluntad consciente”
En una sentencia dictada el pasado 13 de marzo, el Supremo confirmó y dio firmeza a la sanción. El alto tribunal, con Carlos Lesmes (presidente del Poder Judicial entre 2013 y 2022) como ponente, remarca que la infracción no sólo se sustenta en la desaparición de expedientes que habían quedado a disposición de la propia magistrada para resolver “y cuya custodia tenía expresamente atribuida”, sino “también y principalmente en la falta generalizada de resolución y de impulso, con numerosas paralizaciones en un número muy importante de procedimientos”.
Según el Supremo, el alegato de la jueza sobre su falta de culpabilidad “no es sostenible”. “Como titular del órgano judicial conocía perfectamente las obligaciones de impulso y resolución de asuntos que sólo a ella le incumbían”. A juicio del alto tribunal, Serrano-Jover “necesariamente tenía conocimiento” de la situación de retraso injustificado en la resolución de numerosos expedientes “y por negligencia o voluntad consciente no adoptó las medidas que profesionalmente le eran exigibles” para evitarlo. Además, consideró proporcionada la sanción para una infracción muy grave que podría haber llegado, en su grado máximo, a los tres años de suspensión.
Por otro lado, la sentencia del Supremo tilda de “manifiestamente rechazable” el reproche de la magistrada sancionada sobre la elección de los vocales, puesto que el CGPJ no es un órgano judicial, “sino constitucional”. Y sobre la integración de miembros de la Comisión Disciplinaria en el pleno del Poder Judicial le recordó que esa cuestión ya había sido resuelta por la misma Sala en una sentencia de diciembre de 2024.
Además de rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la firmeza de la sanción, el Supremo impuso a la magistrada suspendida el pago de 4.000 euros en costas procesales.
Las quejas por la inactividad del caso Reparos
Aunque el caso Reparos no figuraba expresamente en la nómina de expedientes desatendidos, la tramitación de esta causa, la de mayor repercusión de cuantas instruyó Serrano-Jover en ese juzgado, tampoco estuvo exenta de polémica ni de acusaciones de inactividad.
La jueza ahora sancionada abrió diligencias tras la denuncia que en enero de 2018 el entonces concejal de La Laguna Santiago Pérez dirigió, entre otros, contra el exalcalde Fernando Clavijo (Coalición Canaria), actual presidente del Gobierno de Canarias, por presunta prevaricación.
Un año y medio después, en junio de 2019, el denunciante solicitó por escrito la entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la causa ante la inactividad tanto del fiscal adscrito a la causa como de la jueza instructora. Pérez alertaba en ese escrito de la falta de avances significativos en el procedimiento y solicitaba un impulso procesal.
Al mes siguiente, Serrano-Jover dictó una providencia en la que exigía al Ayuntamiento de La Laguna la entrega de todos los expedientes de contratación con reparos de la Intervención y las actas de los plenos municipales y ordenaba dar traslado de esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción, además de citar a declarar en calidad de testigos a los interventores municipales.
La causa cobró impulso en marzo de 2020, cuando la entonces fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez emitió un demoledor informe de 156 páginas acusando de prevaricación continuada, entre otros, a Fernando Clavijo y a su sucesor en la Alcaldía, José Alberto Díaz.
En diciembre de ese mismo año, la defensa de Clavijo pidió el archivo alegando “fraude procesal” por haberse superado con creces el plazo máximo de seis meses para finalizar la instrucción. La magistrada desestimó esta petición. Para ello, argumentó que los expedientes eran muy voluminosos y que el vencimiento del plazo no bastaba para sobreseer. En julio de 2021 amplió seis meses la investigación a petición de la Fiscalía.
Un año después, en junio de 2022, la jueza instructora elevó una exposición razonada al Supremo para que el alto tribunal investigara a Clavijo, que había sido elegido senador por la comunidad autónoma y, por tanto, se había aforado.
El Supremo acabaría acordando el archivo de la causa respecto a Clavijo a los nueve meses, en marzo de 2023, en un auto que reducía a irregularidades administrativas la actuación del actual presidente del Gobierno canario. A juicio de la Sala que presidía el canario Manuel Marchena, no hubo arbitrariedad en los decretos firmados durante su etapa en la Alcaldía y, por tanto, tampoco delito de prevaricación.
Bajo ese criterio del Supremo, la jueza Serrano-Jover dictó apenas un mes después, en abril de 2023, en víspera electoral y de forma simultánea a la inspección del CGPJ, el archivo provisional para el resto de cargos y concejales investigados.
Sin embargo, aquel primer sobreseimiento no puso fin al caso Reparos. En enero de 2024, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife revocó el auto de la magistrada al entender que carecía de la motivación jurídica exigible y ordenó reabrir las actuaciones. Para entonces, Serrano-Jover ya había abandonado el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna.
Su sucesora volvió a archivar la causa en mayo de 2024 y, de nuevo, la Audiencia Provincial ordenó reabrirlo. En julio de este año, tras un tercer sobreseimiento de la instructora, el órgano provincial cerró el caso para ocho de los nueve investigados y dejó solo a José Alberto Díaz por la prórroga del contrato más voluminoso, el de limpieza. El denunciante del caso, que había recurrido los tres archivos, desistió entonces de continuar ejerciendo la acusación popular.
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