El Ayuntamiento de Mogán, Gran Canaria, gobernado por Onalia Bueno (CC), ha solicitado este miércoles que se suspenda el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico en viviendas, al opinar que esta norma impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y “erradicará casi todas las ya existentes” por los requisitos que contempla tanto para los municipios como para los propietarios.
En un comunicado, el equipo de gobierno del Consistorio advierte de que los requisitos urbanísticos y administrativos exigidos a los ayuntamientos así como técnicos para los propietarios de estos inmuebles son “prácticamente de imposible cumplimiento” y que “se opone al papel fiscalizador que (el anteproyecto) otorga a las administraciones locales, responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada”.
En ese sentido, sostiene que el borrador de esta ley “no ordena el uso turístico en viviendas sino que conduce a su desaparición”.
Por ello, solicita que sea suspendido hasta consensuar un nuevo texto a través de una mesa de trabajo con todos los municipios de Canarias.
El Ayuntamiento de Mogán asegura que está de acuerdo en la necesidad de ordenar y regular las viviendas vacacionales en el archipiélago y que la oferta de viviendas para residentes no se reduzca.
Pero considera que esta propuesta de ley no va a resolver la problemática de emergencia habitacional “mientras la promoción de vivienda pública continúe siendo tan escasa y el régimen jurídico actual no incentive a los propietarios a poner en régimen de alquiler de larga duración el gran volumen de viviendas vacías actuales”.
En ese sentido, señala el caso concreto de Mogán, donde de un total 16.896 viviendas, 2.040 son vacacionales (un 12,07 %) y 5.697 están vacías (33,72 %).
Según el Consistorio, el problema radica en que desde la entrada en vigor Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias no se había habilitado un mecanismo para incentivar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) por la falta de suelo para ello.
Y añade que, precisamente, los suelos urbanizables no desarrollados a tal fin en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor de la norma pasaron a ser clasificados como rústicos.
Es ahora, con el nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que se permite el desbloqueo de estos suelos para la construcción de VPO y hacer frente a la emergencia habitacional, señala.
“Canarias lleva desde la última crisis inmobiliaria de 2008 sin prácticamente construir viviendas de promoción oficial públicas o privadas”, alerta, al indicar que “es a partir de este año cuando los empresarios han visto un atractivo para invertir en VPO”.
El Ayuntamiento de Mogán anuncia que presentará alegaciones a esta ley tras reunirse con el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez Martínez, a quien han trasladado su disconformidad con el planteamiento de la norma.