El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto ley que modifica la Ley del Suelo para ampliar los plazos de los informes ambientales, y también la ley de cooperativas, al dar un año más a las sociedades para adaptar sus estatutos a la ley.
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho que el decreto trata de evitar la caducidad de las tramitaciones urbanísticas fijando la posibilidad de solicitar una prórroga para los informes ambientales estratégicos, siempre que no se hayan formulado cambios sustanciales en el contenido, y que los instrumentos de ordenación que cuenten con memoria ambiental ya prorrogada y hayan superado la fase de información pública, tengan un año más de plazo para poder ser aprobados.
Gracias a este decreto, ya en vigor, se han aprobado los planes generales supletorios de San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel (Tenerife) y próximamente ocurrirá lo mismo con los de La Orotava (Tenerife), Arrecife (Lanzarote) y Mazo (La Palma).
“No contar con planificación genera inseguridad jurídica, desprotección e impide desarrollar políticas de interés social”, ha destacado.
En cuanto a las cooperativas, ha apuntado que el decreto ley es el único instrumento normativo “eficaz, inmediato y proporcionado” para evitar que entren en causa de disolución -el plazo de adaptación vencía el 10 de enero-.
Miranda ha vuelto a mostrar su predisposición a actualizar la Ley del Suelo, una norma que tiene casi nueve años y “ha funcionado” aunque “es necesario adaptarla a los nuevos tiempos” por lo que en los próximos meses se abrirá el debate político una vez se analicen todas las alegaciones recibidas.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que el decreto tratar de evitar que “la rigidez normativa y los plazos mal encajados” acaben generando “perjuicios innecesarios”.
En esa línea ha indicado que “nadie está planteando rebajar garantías ni relativizar la protección” del territorio, sino evitar que haya que “reiniciar” un planeamiento al completo y “botar a la basura” medio millón de euros.
“No es una vía rápida ni tampoco es un atajo, es una forma de evitar el absurdo administrativo y de garantizar que el planeamiento pueda culminarse sin sacrificar ni la legalidad ni la protección ambiental”, ha comentado.
Sobre las cooperativas cree que la urgencia es aún más “evidente” ya que se cumplían los plazos para la adaptación estatutaria.
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que las dos leyes son “fundamentales” para el desarrollo económico de Canarias y este decreto viene a resolver las “dificultades” a las que se enfrentan las administraciones públicas, que se ven obligadas a reiniciar la tramitación de planes urbanísticos porque se agotan los plazos.
Ha comentado que son procesos “largos y muy exigentes” que no se retrasan por dejación sino por su “complejidad”, y que dejaba “mucho trabajo perdido y dinero público gastado”, por lo que es una “mejora clara y razonable” prorrogar los plazos para informes ambientales.
En cuanto a las cooperativas, ha comentado que evitar su disolución “no es un privilegio sino una cuestión de sentido común” pues son “fundamentales” en la economía de las islas ya que “generan empleo, fijan población y sostienen actividades económicas en el ámbito rural”.
Javier Nieto (Vox) ha apoyado el “fondo” del decreto porque la caducidad de los procesos urbanísticos “produciría un perjuicio grave a la sociedad” y hay que evitar que “decaigan” las cooperativas, si bien se ha opuesto a la “forma” ya que se incrementa la “sobrecarga administrativa”.
Hace falta una “reforma estructural” de la ley
Esther González (NC-BC) ha advertido de la “rutina” que hace el Gobierno de Canarias para modificar la Ley del Suelo debido al “fracaso” de la norma aprobada en 2017, que solo “sobrevive” con prórrogas y decretos.
Ha indicado que la ley está “fallida y mal concebida” pues “prometió agilidad y seguridad” y ha generado “bloqueo e incertidumbre”, subrayando que hace falta una reforma estructural, no solo ampliar plazos.
No obstante, pese al “fiasco” de la Ley del Suelo, ha mostrado su apoyo al decreto ley porque su partido no quiere “planes anulados ni ayuntamientos paralizados”.
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha comentado que el decreto ley es “sólido y proporcionado” y ante las críticas de la oposición, ha apuntado que el Pacto de las Flores no modificó la ley, solo hizo “parches que les interesaban”.
Ha comentado que muchos años de trabajo se van “al cubo de la basura” en planificación urbanística cuando caducan los plazos de tal manera que entiende que este decreto es “necesario y urgente” ya que afecta a la construcción de viviendas o infraestructuras.
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha apuntado que el decreto introduce “sentido común” en la tramitación urbanística pues muchos planes tienen los informes ambientales caducados cuando se llega al final.
“No relajamos la protección ambiental, pero evitamos que planes muy avanzados se caigan por un puro problema de calendario. Protegemos el territorio y, al mismo tiempo, damos seguridad a ayuntamientos, cabildos, inversores y sobre todo a la ciudadanía, que esperan soluciones en materia de vivienda, servicios e infraestructura”, ha agregado.
Ha afeado a la formación canarista que está “muy despistada” porque pasó por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura y no hizo “nada” ni con al ley del suelo ni con el alquiler vacacional.
Nayra Alemán (PSOE) ha apuntado que este debate es “técnico y no ideológico” y está a favor de que se amplíen plazos ambientales en la tramitación de planes urbanísticos para que “no tengan que reiniciarse desde cero”.
No obstante, ha tildado de “llamativo” que se acuda a un decreto ley cuando la reforma de la ley del suelo sigue aparcada “y sin volcán y sin pandemia”, y ha pedido al Gobierno más “compromiso” para dotar de medios reales a los órganos ambientales y de planificación.
La diputada socialista ha afeado al Ejecutivo que las soluciones excepcionales “no pueden ser la norma” y reivindicado el papel del Parlamento para legislar sobre “asuntos estructurales”.