Violento desahucio en el Muelle Deportivo de Las Palmas a una anciana de 71 años

En la mañana de este martes, todos puntuales a la cita que convocó a Guardia Civil, Policía Portuaria, colectivos sociales y prensa por el desahucio de Margarita, una mujer de 71 años que residía desde hace ocho años en su embarcación Claudine, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras casi media hora de discusión en la que participaron ocho agentes de la Guardia Civil y tres de la Policía Portuaria, Margarita lloraba y rogaba que no la movieran de la cubierta de su casa, en compañía de una vecina y amiga de Mi casa, mi barco, Loli, que no se separó de ella hasta que las fuerzas de seguridad del estado las arrastraron por el pantalán del muelle deportivo.

De nada sirvieron las consignas “¡Todos somos Margarita!” o “¡El Puerto de Las Palmas es una inmobiliaria!”, gritadas desde el muelle por los colectivos Derecho al Techo y Mi barco mi casa acompañados por más de una decena de medios de comunicación que filmaron y fotografiaron la violenta escena.

Margarita fue acompañada por una agente de la Policía Portuaria hasta una ambulancia, que la estaba esperando y la recostaron en una camilla mientras ella insistió durante algo más de media hora, que no quería ser trasladada a ningún hospital. Sin embargo, fue trasladada al Centro de Salud de Canalejas donde solo la esperaban dos activistas de Derecho al techo y, otra vez, su vecina Loli, que estuvieron con ella mientras les redactaron el parte de lesiones en el que puede leerse: “crisis de ansiedad por desahucio” y le han informado de que, a la espera de su documentación, que está en el velero del que ha sido desahuciada, la afectadaporía tener que correr con los gastos del traslado, según informan a este periódico activistas de Derecho al Techo que la acompañaron al centro de salud.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha defendido la legalidad de este desahucio, mientras que los colectivos Derecho al Techo y Mi Barco, Mi Casa denuncian que el procedimiento fue “ilegal” al no haberse presentado la comitiva judicial durante el lanzamiento y encontrarse Margarita sin defensa.

Según la Autoridad Portuaria, la mujer fue notificada de la orden el pasado 18 de diciembre, un día después de que el juez autorizara la intervención. El organismo asegura que la retirada del velero Claudine “responde a motivos de seguridad, falta de conservación e higiene, y a problemas de flotabilidad, ya que el barco carecía de mástil y motor, elementos esenciales para la navegación”.

Los colectivos que apoyan a la afectada cuestionan estos argumentos y señalan que el velero pudo salir navegando del muelle, manejado por personal portuario, lo que, a su juicio, desmiente los supuestos problemas de flotabilidad. Además, denuncian que Margarita fue desalojada sin haberse emitido un informe de vulnerabilidad, pese a que asegura no tener otro lugar donde vivir.

La Autoridad Portuaria sostiene que en 2023 ya había requerido a la propietaria del Claudine para que reparara la embarcación y que, tras el incumplimiento de ese requerimiento, se inició el procedimiento de desahucio. Añade que la afectada presentó alegaciones en dos ocasiones, por lo que “no puede alegar indefensión ni desconocimiento de la situación”.

Derecho al Techo, en cambio, afirma que Margarita no recibió una notificación “clara ni comprensible” y que afrontó el proceso “sin apoyo social ni administrativo, en un contexto de aislamiento y fragilidad”, lo que a su juicio la situaba en una posición de vulnerabilidad.

El portavoz del colectivo Mi Barco, Mi Casa, Antonio Pérez, acusó a la Autoridad Portuaria de actuar “de mala fe” y cuestionó la versión oficial sobre el estado del velero: “Desconozco cómo saben cuál es el interior del barco de Margarita”.

Según datos de Mi Barco, Mi Casa, en el muelle deportivo viven alrededor de 200 personas que utilizan embarcaciones como vivienda. La asociación denuncia que muchas han abandonado el puerto por “presiones y coacciones” que habrían convertido ese espacio náutico en “un lugar inhóspito para los navegantes”.

Tras el desalojo, y una vez se hubiera ido la ambulancia, tres trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero de otro distrito, acudieron al lugar y aseguraron que buscarán “una solución habitacional” para Margarita, quien pasará la noche en un centro de acogida en Ciudad Alta. El equipo municipal coordinará además con la Policía Portuaria la recuperación de los enseres personales de la afectada.

La concejala del área, Carmen Luz Vargas, afirma en comunicado enviado a los medios que: “El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ante un desahucio en el Muelle Deportivo, que no es ámbito municipal, y una vez hemos sido informados esta mañana, se ha procedido a la intervención y el acompañamiento de la señora para ofrecer alojamiento temporal hasta que sea solventada dicha situación. Lo primero son las personas y con la intervención técnica se depurarán las alternativas”.

Unas 30 personas presenciaron el despliegue y el episodio de desalojo violento y desde la Avenida Marítima algunos curiosos, desde una altura ajena al no privilegio observaban atónitos la escena, quizá presenciando en directo esta fase del capitalismo o el declive del Estado del Bienestar.

La historia de Margarita

Margarita dejó todo lo que tenía en Asturias para venir a Canarias para cuidar a su hijo al que un cáncer arrebató la vida. “Ella murió un poco también cuando se fue su hijo”, cuentan a este periódico activistas de las organizaciones que convocan este martes a las 09.00 horas en la Dársena I del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria a sociedad civil e instituciones a intentar frenar el desahucio de una mujer de 71 años que quedaría en una situación de extrema vulnerabilidad social y sin red de apoyo ni familiar.

“Cuando su hijo murió ella empezó en un bucle de dificultades y se compró el barco tras vivir en hoteles mientras su hijo estaba enfermo, es su refugio, no sale mucho del barco y de repente han venido directamente a su barco y le han dicho que se tiene que ir”.

La autorización judicial para proceder al desalojo se emitió el 25 de noviembre de 2025, con la condición de que la Autoridad Portuaria comunicara la fecha de ejecución con al menos diez días de antelación. Sin embargo, los colectivos aseguran que la afectada no ha recibido una notificación clara ni comprensible, y que se encuentra “sin apoyo administrativo ni social”, en un contexto de aislamiento y dificultades para gestionar trámites.

Derecho al Techo y Mi barco, mi casa consideran que el caso “vulnera las garantías mínimas exigidas por la normativa vigente, al plantearse un desahucio sin acompañamiento social, sin mediación institucional y sin alternativa habitacional” y que “se trata de una persona mayor en situación de exclusión residencial, cuya salud y bienestar podrían verse gravemente comprometidos”, advierten.