El Puerto de Las Palmas desahucia a una mujer de 71 años porque su barco no tiene mástil ni motor, ni condiciones higiénicas

En la mañana de este lunes, colectivos sociales como Derecho al techo o Mi barco, mi casa alertaban sobre el inminente desahucio de Margarita, una mujer de 71 años que reside en su barco del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Margarita llegó a Canarias tras dejar todo en Asturias para acompañar a su hijo que se encontraba enfermo de cáncer, enfermedad que le arrebató la vida.

A primera hora de la tarde, la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido un comunicado en el que da su versión por los que se ejecuta el desahucio de Margarita y alegan “motivos de conservación, higiene, flotabilidad y seguridad” del barco, y no al hecho de que su propietaria lo utilizara como vivienda.

El organismo público señala que la embarcación presenta un “grave deterioro estructural”, carece de mástil y motor, “elementos esenciales para la navegación”, y muestra daños en la pintura del casco, aluminosis, incrustaciones calcáreas y acumulación de residuos en la cubierta.

La Autoridad Portuaria informa de que en 2023 requirió a la propietaria la reparación del barco y, ante el incumplimiento, se inició el procedimiento de desahucio. La afectada presentó alegaciones en dos ocasiones, “por lo que no puede alegar indefensión ni desconocimiento de la situación”, exprensan.

“La resolución que ordena el desahucio es firme, ya que no fue recurrida. Posteriormente, en el procedimiento judicial de entrada en domicilio, la propietaria tampoco presentó alegaciones ni acreditó vulnerabilidad, lo que llevó al Juzgado a dictar, el pasado 17 de noviembre de 2025, un auto que autoriza la entrada y fija la ejecución del lanzamiento para antes del 17 de enero de 2026”.

El organismo sostiene que fue el 18 de diciembre de 2025 cuando la propietaria comunicó por primera vez “verbalmente” a la Policía Portuaria y a la Guardia Civil que “carece de alternativa habitacional”. No obstante, aseguran que esa circunstancia no figura acreditada en el procedimiento judicial. Días más tarde, el 9 de enero, volvió a expresar su preocupación ante los agentes al asegurar: “No sé a dónde voy a ir si me echan de aquí”.

Ante esta situación, “y de manera preventiva”, la Autoridad Portuaria ha comunicado los hechos a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “a los efectos oportunos que se puedan derivar de esta situación”.

La historia de Margarita

Margarita dejó todo lo que tenía en Asturias para venir a Canarias para cuidar a su hijo al que un cáncer arrebató la vida. “Ella murió un poco también cuando se fue su hijo”, cuentan a este periódico activistas de las organizaciones que convocan este martes a las 09.00 horas en la Dársena I del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria a sociedad civil e instituciones a intentar frenar el desahucio de una mujer de 71 años que quedaría en una situación de extrema vulnerabilidad social y sin red de apoyo ni familiar.

“Cuando su hijo murió ella empezó en un bucle de dificultades y se compró el barco tras vivir en hoteles mientras su hijo estaba enfermo, es su refugio, no sale mucho del barco y de repente han venido directamente a su barco y le han dicho que se tiene que ir”.

La autorización judicial para proceder al desalojo se emitió el 25 de noviembre de 2025, con la condición de que la Autoridad Portuaria comunicara la fecha de ejecución con al menos diez días de antelación. Sin embargo, los colectivos aseguran que la afectada no ha recibido una notificación clara ni comprensible, y que se encuentra “sin apoyo administrativo ni social”, en un contexto de aislamiento y dificultades para gestionar trámites.

Derecho al Techo y Mi barco, mi casa consideran que el caso “vulnera las garantías mínimas exigidas por la normativa vigente, al plantearse un desahucio sin acompañamiento social, sin mediación institucional y sin alternativa habitacional” y que “se trata de una persona mayor en situación de exclusión residencial, cuya salud y bienestar podrían verse gravemente comprometidos”, advierten.

Desde Derecho al Techo recuerdan que “desalojar sin acompañamiento institucional es una negligencia social y las consecuencias pueden ser graves e irreversibles”.

Qué dice la ley

El decreto Ley de Puertos del Estado establece todo aquello que se puede y no se puede hacer dentro de un puerto, junto con otras legislaciones que establecen los usos dentro de un muelle deportivo. La Autoridad Portuaria ha aprobado una normativa especifica del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria con la cual se prohíbe el uso como vivienda de las embarcaciones deportivas. “Esto no existe en ningún otro puerto del estado”, explica a los medios un representante de Mi barco, mi casa. “Pensamos que detrás hay un interés económico porque coincide con la salida al mercado del Muelle Deportivo”. Actualmente, dicha normativa está recurrida judicialmente a espera de resolución. “El principio de precaución debería prevalecer antes de llevarse por delante a los usuarios”, sentencia.