La remodelación del Gobierno podría costar un millón de euros

Intersindical Canaria (IC) ha solicitado que las indemnizaciones que se le abonan a los altos cargos una vez cesen en sus funciones ejecutivas dejen de tener vigencias, ya que apuntó que podrían llegar al millón de euros.

Según explicó en un comunicado Carlos Barrios, responsable de Acción Sindical de Administraciones Públicas de Intersindical Canaria, “no se sabe cuál será la cantidad real de euros que todos los ciudadanos tendrán que pagar a los políticos, consejeros, directores generales, secretarios generales, viceconsejeros y asesores que han de salir del Gobierno tras la rotura del pacto, pero la cantidad puede rondar el millón de euros”.

Precisamente, explicó que con motivo de las discusiones en relación a la pasada huelga general, muchos políticos argumentaban que las reformas laborales no les afectarían pues su relación contractual con la administración no estaba sometida a ningún tipo de derecho laboral. “Se nombraban y se cesaban con criterios políticos y no laborales ni legales”, dijo.

En ese sentido, IC entendió que el trabajo realizado por los políticos debería premiarse con una mención a la buena labor realizada (si la hubiera) y no con una indemnización “que está muy por encima de la que los trabajadores perciben cuando son despedidos tras años de actividad laboral”.

“Para Intersindical Canaria -añadió- es el momento en el que se deben acabar los beneficios excesivos de los políticos con el dinero público. Mientras se recorta personal de los servicios públicos, mientras la ciudadanía tiene cada vez más dificultad para sobrevivir y los derechos laborales se ven mermados, mientras los más desfavorecidos tienen que esperar hasta 2 años para que se les concedan ayudas que no terminan de llegar, los políticos gozan de privilegios que nos los tiene nadie”.

Finalmente, explicó que el presidente del gobierno debería acabar, a través de otro acuerdo de gobierno, con dichos privilegios y demostrar que todos los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía son iguales ante el sistema público “y no que los políticos siguen siendo una clase privilegiada que se beneficia sobremanera de los recursos públicos”.