La bajada de sueldos no afectará a los trabajadores públicos mileuristas
La rebaja de sueldos en un 5% acordada el sábado por el Consejo de Gobierno de Canarias no afectará a los trabajadores públicos de salarios en torno a los 1.000 euros, según ha asegurado a este periódico el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez. El paquete de medidas de recortes, de incremento de impuestos y de creación de algunos nuevos solo va a suponer 400 millones de euros para las arcas públicas canarias frente a los 1.100 que se estima que hay que reducir después de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España dirigidas especialmente a las comunidades autónomas.
Los empleados públicos con un salario inferior a 13.500 euros al año no verán tocada su nómina, con lo que el Gobierno responde a una de las exigencias de los sindicatos de la función pública.
La rebaja de salarios afecta también a todos los miembros del Gobierno, altos cargos y asesores de la administración autonómica.
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación resaltó este domingo que al Gobierno de Canarias no le ha quedado otra salida ante las últimas decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy. La subida del IGIC en dos puntos (excepto en los productos y servicios con IGIC cero), la recuperación del impuesto de sucesiones, se incrementa el de combustibles (excepto el de fuel profesional), se retoca el IRPF en el tramo canario para las rentas más altas y se crea un impuesto a la banca y al beneficio bancario.
Pérez resaltó que con este nuevo impuesto se esperan recaudar unos 30 millones de euros. Expresamente se prohibirá a la banca repercutir ese impuesto sobre sus clientes, y tendrá deducciones si las entidades se comprometen a mantener abiertas oficinas estratégicas, especialmente en municipios pequeños.
El impuesto sobre la banca acordado por el Gobierno de Canarias es similar al establecido en su día en Andalucía, que permitió a la Junta acometer la estrategia del olivar. Se trata de gravar con un 0,5% los depósitos de los clientes y los beneficios del sector en Canarias con la expresa prohibición de hacer repercutir el coste sobre los ahorradores o los clientes.
El Gobierno acordó también cerrar el segundo canal de la Televisión Canaria, justo un día después de que el Gobierno de Mariano Rajoy abriera la puerta a las comunidades autónomas para privatizar las televisiones de su titularidad.
En materia educativa, el Gobierno insiste en su posición de desoír algunas imposiciones del Gobierno nacional, como la sustituciones de profesores o las ratios de alumno por aula, una decisión ministerial que el consejero canario de Educación considera anticonstitucional.
La Consejería de Educación ha recortado en alguna otra materia, como la amortización de dos altos cargos.
