El TSJC ratifica que el PP obstaculizó el acceso a información pública
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En esta última sentencia, la Sala estima que, en este caso, el modo de actuar de los responsables del Cabildo “va más allá de una simple limitación” del derecho de Francisca Luengo a acceder al expediente, un derecho “consustancial” con su función pública de consejera. Una función que “no puedo ejercer con la plenitud que la sociedad a quien representa demanda”.
En su día y en relación a este caso, la también portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo insular denunció públicamente el “ocultamiento intencinado” por parte del Partido Popular, acusando directamente a la consejera de Política Social y Sociosanitaria, María de la Salud Gil, de “mentir” al hablar de “transparencia” en lo referente a las inversiones en materia social.
La Sala también condena al Cabildo grancanario a pagar las costas del procedimiento judicial.